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Jueves 12 de abril de 2007

Deserciones inexplicables y popularidad que se evapora

En la Argentina, el gobierno del presidente Kirchner desierta de obligaciones como cumplir con el laudo del tribunal ad-hoc del MERCOSUR o asistir a un actor por la Guerra de Malvinas. Más al norte, en Bolivia, la Asamblea Constituyente está a punto de fracasar.

Deserciones presidenciales inaceptables en materia de política exterior

Los argentinos sabemos que, a partir de la gestión de Eduardo Duhalde, nuestra política exterior ha estado extraviada, constantemente. Primero, desorientados por una crisis económica y social sin precedentes, decidimos que –frente a lo que nos sucedía– nada era urgente en nuestra relación con el resto del mundo. Paso a paso, fuimos así abandonando espacios y cediendo posiciones, lo que nos sumió en la mediocridad más alarmante. La llegada de Néstor Kirchner no hizo sino empeorar muy rápidamente las cosas, desde que nuestra política exterior (como la interior) se llenó de prepotencia, ordinariez, improvisación, desencuentros, conflictos, amenazas, insultos, mediocridad y hasta de agravios a algunos de nuestros visitantes.

Quizás nos hemos acostumbrado tanto a ese deplorable espectáculo que, resignados, ni siquiera advertimos la gravedad de algunas de nuestras conductas por las que eventualmente tendremos que pagar. Y nadie asumirá la responsabilidad, como suele suceder.

Vale la pena detenerse en dos ejemplos, particularmente serios y por todos conocidos.

Primero, miremos dónde estamos en el conflicto que mantenemos con el Uruguay por la instalación de las fábricas de pasta de celulosa que prefirieron, por múltiples razones, instalarse en la margen oriental del Río Uruguay.

Respecto de ese conflicto estamos, como país, en una situación sumamente grave, que reniega de nuestra propia historia. Y casi ni nos hemos dado cuenta. El 6 de septiembre de 2006 se dictó un laudo arbitral por un tribunal ad-hoc del MERCOSUR que hemos aparentemente decidido incumplir. O, por lo menos, ignorar groseramente. En el mismo, los árbitros actuantes sostuvieron por unanimidad que “la Argentina no deja de ser responsable por el hecho propio, en la medida en que ha omitido su deber de adoptar las medidas apropiadas para prevenir o corregir los actos de los particulares sometidos a su jurisdicción que causen perjuicio a otro estado miembro del MERCOSUR; en transgresión a las normas de su tratado constitutivo”. Así de claro.

La comprobación de que nuestro país violó (por omisión de conducta) el derecho del MERCOSUR entrañaba –por cierto– la obligación para la Argentina de adecuarse normativamente (y en el plano de las conductas) en el futuro a ese derecho.

Nada de esto sucedió. Los cortes de rutas siguieron y nadie hizo nada. La “omisión de conducta” continuó, desafiante. Mientras algunos de sus propulsores originales continuaron anidando en lo más alto de la propia administración nacional, por razones populistas que ya son obvias.

El referido tribunal arbitral, cuyo laudo seguimos incumpliendo alegremente, agregó lo siguiente: “Legitimar los cortes de rutas como los que aquí se han puesto de manifiesto implicaría despojar al Tratado de Asunción de una parte esencial de su razón de ser”. Y profetizó que nuestra conducta es “alentar su reiteración y crear un estado de imprevisibilidad que desembocará en la inseguridad jurídica”. Tremendo, por lo que nos advierte puede suceder.

Pese a todo esto, un gobierno que le ha dado abiertamente la espalda a su juramento constitucional de “hacer cumplir la ley” (como si se tratara de un compromiso menor) sigue empeñado en la intransigencia, ignorando las decisiones de los tribunales internacionales, como si éstas no tuvieran valor alguno.

Ahora hay, nos dicen los diarios, amenazas concretas de algunos que hablan de atentar criminalmente contra la fábrica de Botnia, tan pronto como ella empiece a funcionar. Se habla de inutilizarla y destruirla. De invasiones masivas a través de los puentes internacionales. De infiltrados que sabotearían las instalaciones industriales. De locuras, entonces. Sin embargo, nadie en el gobierno parece creer necesario adoptar medidas preventivas, de las del tipo que la gravedad de lo sugerido puede requerir. Porque nuestras autoridades prefieren seguir incumpliendo el laudo condenatorio dictado en el seno del MERCOSUR, del que nadie parece querer acordarse. Y no meterse. Esto es, omitir cualquier acción que pudiera generarle un dolor de cabeza “en un año electoral”. Increíble, pero es lamentablemente así. Nos importan un bledo las decisiones tribunalicias que no nos den la razón.

El segundo ejemplo es el tremendo faltazo presidencial al acto principal del Día de las Malvinas, celebrado en Ushuaia, cuyas razones nadie consideró necesario explicar. Presumiblemente porque nuestro presidente, curiosamente, no se siente mandatario de nadie. Y todo lo que hace (aun en política exterior) se basa en el cálculo electoral más frío. Porque su objetivo personal es uno y solo uno: permanecer en el poder, todo lo que se pueda. Sea como sea. Y porque, además, cree que puede hacer lo que a él se le dé la real gana. Como si su pueblo no existiera.

Como señalara Mariano Grondona: “Sabedor (Kirchner) de que en Ushuaia podría haber manifestaciones callejeras en su contra en el Día de las Malvinas, el presidente se quedó en El Calafate, porque sigue sin saber cómo reunirse con el público a menos que le aseguren que lo vivará fervientemente” (con las consabidas “inducciones” del caso, cabe suponer).

Como si nada hubiera pasado y como si la lamentable, por especulativa, decisión presidencial de reemplazar su presencia protocolar en Ushuaia por tareas domésticas en su casa de El Calafate (se habla de transporte de muebles) fuera algo normal, Cristina Kirchner (que tampoco fue a Ushuaia) asistirá esta semana (para compensar, cree ella) a la presentación (en el Congreso de la Nación, un ámbito “seguro” para la senadora) de una serie de sellos postales alusivos a los 25 años de la Guerra de las Malvinas.

Pero después de que ambos cónyuges decidieran –fríamente– darle la espalda tanto a la cuestión de las Islas Malvinas, como a quienes ofrendaran su vida por tratar de recuperarlas, nada será ya igual que antes. Está claro.

En medio del caos, la Asamblea Constituyente boliviana parece ir camino al fracaso

La gestión de Evo Morales al frente del Poder Ejecutivo boliviano pareciera ser una mezcla de total ineptitud y extendida corrupción. Como en otras latitudes de nuestro continente, su accionar político está basado en la prédica constante de la “lucha de clases”, expresión marxista que –sabemos muy bien en la Argentina– supone la siembra permanente del odio y de los resentimientos con cualquier excusa, lo que divide a la sociedad.

Nada de lo que Evo Morales, con bombos y platillos, oportunamente propusiera parece haber tenido éxito. Todo está empantanado. Y lleno de barro.

La publicitada nacionalización del riquísimo sector boliviano de los hidrocarburos ha resultado, en verdad, apenas una reforma tributaria más. Sólo eso. El resto es sensacionalismo.

Mientras tanto, la inversión en el sector está –naturalmente–paralizada. Tanto que Petrobrás (empresa a la que difícilmente se pueda acusar de imperialista) acaba de devolver áreas de exploración a Bolivia, atento a que no están dadas las condiciones para invertir lo que se requiere para poder desarrollarlas. Esto a pesar de que, según acaba de reconocer el ex presidente de YPFB, Manuel Morales Olivera, los autores de la presunta nacionalización de los hidrocarburos del país del norte no fueron, como anunciara don Evo, un puñado de “bolivianos patriotas”, sino aquellos cuyos carísimos servicios contratara -y pagara- nada menos que PEDEVESA (Hugo Chávez, entonces). Hablamos de un conocido estudio de abogados de Wall Street, en Nueva York: Curtis, Mallet-Prevost, Colt and Mosle. Así son las cosas. Poderoso caballero es Don Dinero y algunos, queda visto, se inclinan presurosos ante él, dejando de lado principios y creencias.

A su vez, la también publicitada reforma estructural del sector minero boliviano está absolutamente paralizada. Los cooperativistas se niegan a dejar de ser empresarios por cuenta propia y resisten violentamente a la pretendida estatización de lo que consideran suyo.

Lo más llamativo, no obstante, es lo que está ocurriendo en la Asamblea Constituyente, oportunamente convocada presuntamente para refundar a Bolivia. El plazo de un año que en su momento se le confiriera para aprobar una nueva Constitución política está ya muy avanzado y ni siquiera ha aprobado un solo artículo de lo que debería ser la propuesta de una nueva Carta Magna para el país.

Se gastaron los primeros ocho meses en una estéril discusión del “Reglamento de Debate”, a través de la cual el partido de gobierno (el MAS) pretendió, sin éxito alguno, trampear las reglas claras que establecen la Constitución vigente y la Ley de Convocatoria a Asamblea Constituyente, que requieren contar con una mayoría de dos tercios para poder aprobar una nueva Constitución, de la que el MAS no dispone. De mil solapadas maneras, el MAS procuró hacerlo por simple mayoría, pero ante la valiente reacción de una oposición que no se dejó intimidar, fracasó en cada uno de sus torcidos intentos.

Quedan solamente cuatro meses y muy pocos apuestan a que la Constituyente podrá cumplir con su cometido. De pronto, es como si el gobierno y la oposición coincidieran en apostar a su fracaso. Esto no es sorprendente en un país en el que se dice que los políticos locales no desperdician nunca una oportunidad para dejar todo sin hacer.

Para muchos esto es así porque el gobierno quiere poder culpar mañana a la oposición de boicotear a la Constituyente, para así poder –luego del fracaso del mecanismo constitucional– poner de improviso sobre la mesa su propio proyecto de Constitución (que todavía mantiene oculto, seguramente porque, como cabe esperar de la clara orientación marxista de Morales, no se trata de un proyecto democrático) y hacerlo aprobar a “rajatabla”, mediante un mero referéndum popular rodeado de presiones y violencia callejera orquestada desde lo más alto del poder, como es habitual en una región que parece haberse ido alejando no sólo de las pautas de la democracia, sino también de las de la decencia política. Por simple mayoría entonces, pese a lo que especifica claramente la Constitución boliviana.

En rigor, lo que Evo Morales trata ahora de asegurarse es, primero, un segundo mandato y, luego, un tercer mandato, para empezar así de nuevo en el 2008 y regresar en el 2013. Una vez más, el objetivo es concentrar en su derredor todo el poder, por el mayor tiempo posible. ¿Suena algo conocido, no es así? Y como no tiene esposa que lo ayude a encontrar vías indirectas de permanecer en el sillón presidencial, lucha por su propia cuenta.

Para esto, Morales pretende mejorar –de alguna manera– sus actuales posibilidades, a través de dos medidas simultáneas que, supone, podrían entonar –con dos nuevos nichos– su caudal de votos. Primero, haciendo que los bolivianos emigrados puedan votar de ahora en más. Segundo, reduciendo la edad que habilita a los ciudadanos bolivianos a concurrir a las urnas a votar de los actuales 18 años, a los 16 años.

La idea de Morales pareciera ser la de tratar de consolidar una situación que le permita superar el caudal de votos leales del que todavía cree puede disponer actualmente. Recordemos que Morales obtuvo, en 2005, cuando fuera electo presidente de su país`, un 53,7% de los votos totales. Gracias a su verdadero diluvio de desaciertos, al año siguiente, en oportunidad de votarse para la elección de los constituyentes, ese caudal disminuyó al 50,7%.

El margen aparenta ser, entonces, demasiado estrecho como para lanzarse de lleno a la alternativa del referéndum que Morales avizora, razón por la cual trata de entonar su caudal mediante las medidas que hemos señalado más arriba y visitas, con su gabinete y los medios, a los departamentos que procuran su autonomía.

Pese a que claramente los votos que Morales tiene cautivos presentan un claro componente étnico, la situación luce demasiado poco confortable. Ya no puede contar con muchos de aquellos a los que su hermano Hugo Morales llama –despectivamente–“blancoides”. Es más, las últimas encuestas sugieren que ya un 56% de los bolivianos está en contra de su reelección, lo que será difícil de revertir. Porque si algo puede suceder es que ese margen aumente, antes de que eventualmente disminuya.

Mientras estas especulaciones ganan fuerza, el valiente cardenal Julio Terrazas (el hombre que hiciera recular rápidamente a Morales en su intento de quedarse con las riendas de la enseñanza en Bolivia, para imposibilitar la enseñanza religiosa) recordó en su homilía del pasado Jueves Santo a aquellos que están (allí y aquí) empeñados en la siembra de los resentimientos. Agregó que Cristo propuso una Carta Magna “unificadora”, edificada sobre el amor y la fraternidad, y no “disgregadora” por predicar la confrontación, como proponen el MAS y algunos otros, siguiendo las instrucciones expresas que les llegan de sus aliados de La Habana y Caracas, ya graduados en las técnicas de desunión que permiten a los déspotas eternizarse en el poder.

Queda visto que el camino que está recorriendo Bolivia no conduce fácilmente al bienestar de su pueblo. Pareciera, más bien, llevarlo a nuevas encrucijadas y enfrentamientos intestinos. Esto es lamentable para todos quienes creímos que Morales podía aprovechar una oportunidad que era realmente histórica para todo su pueblo, que está claramente desperdiciando. No sólo por fanatismo, también por total ineptitud para poder levantar la vista y gobernar más allá de su propio entorno. © www.economiaparatodos.com.ar

Emilio Cárdenas se desempeñó como representante permanente de la Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).


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