En los últimos tiempos, el acceso de la izquierda radical a la conducción de diversos países de la región parece haber exacerbado algunas de las más difundidas “contradicciones” latinoamericanas. Me refiero a aquellas que, lamentablemente, asombran -y desalientan- a propios y extraños. Veamos algunos ejemplos:

1. La corrupción pública (como constante) es la primera “contradicción” a la que queremos referirnos. Las acusaciones de corrupción a los gobernantes ya no asombran. Son algo así como “el pan nuestro de cada día” respecto de gobiernos de izquierda, como los de: Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y, muy especialmente, de Venezuela. Hasta Uruguay, que tiene una profunda tradición de honestidad y ética pública, parece haber caído víctima de este mal.

Hace pocas semanas, apareció una acusación sorpresiva, que tenía como vértice al Vice-presidente del sobrio Tabaré Vázquez. A Rodolfo Nin Novoa, entonces. Se trataba de un irresponsable uso de fondos públicos para financiar viajes al exterior de su hermano, que no era funcionario público.

Ahora otras acusaciones han caído, cual vendaval, sobre los hombros de Nin Novoa. De ello da cuenta detallada el semanario oriental “Búsqueda”, en su edición del 24 de abril. La prensa local -en pleno- se ha hecho eco de las denuncias.

Distintas investigaciones impulsadas tanto desde el gobierno como desde la oposición, lo tienen como blanco. Ocurre que el Vice-presidente no habría revelado la existencia de un embargo trabado sobre sus bienes por deudas impagas con el Banco de la República. Esa deuda con la institución bancaria oficial la arrastraba desde 1991, y quedó, de pronto, “arreglada” dos meses después de su asunción, con una importante “quita”, obtenida en la opacidad. Una solución “preferencial” que -se presume- resultó hija de su cercanía con el poder.

Mientras tanto, Nin Novoa ha admitido que, para seguir adelante, compraba bienes (su auto) a nombre de su hijo. Hasta su propia esposa lo acusa ahora de “haberse quedado” con ingresos que el Senado le pagara para atender la salud de sus tres hijos.

Donde el río suena, agua trae, dice el viejo refrán.

2. La “contradicción” entre los “dichos” y los “hechos” o el “dualismo”. Las instituciones para la “solución de controversias” en el MERCOSUR están “pintadas”. En la reciente reunión mantenida por los Estados Miembros del MERCOSUR en Asunción del Paraguay se analizó la frustrante situación que afecta al mecanismo de “solución de controversias” de la organización. El del Tribunal Arbitral “ad hoc”.

Lo hizo, como correspondía, la Comisión de Asuntos Jurídicos e Institucionales del MERCOSUR. Todos sus miembros coincidieron en la necesidad de reformar el actual sistema. Como único mecanismo para resolver la “falta de conducta” de alguno de sus miembros (la Argentina) que no respeta sus decisiones (laudos), que hasta el momento no son directamente obligatorias.

Nuestro arrogante gobierno no cumple, por ejemplo, con el laudo del referido tribunal que declaró ilegales sus “trabas” a la importación de bicicletas y neumáticos uruguayos. Tampoco cumple, es público y notorio, con el laudo del Tribunal Arbitral del MERCOSUR que declaró que era responsable por reiteradas omisiones de conducta al permitir que grupos informales de presión corten impunemente (por largos meses) las rutas y puentes internacionales. Es un incumplidor recalcitrante, entonces. Vaya mérito.

Sin la menor seguridad jurídica, el MERCOSUR está entonces “pintado”. Lo que es una pena. Pero, más allá de las pomposas frases retóricas, repetidas hasta el cansancio por los medios oficiales, esa y no otra es la verdad. Esta es la “contradicción”.

3. El “cinismo”, como contradicción. No todo es hipocresía, cinismo, u “omisiones de conducta”. Hay algunos países dispuestos a que la ley se cumpla, con conductas públicas mejores que las de otros. Así, mientras en la Argentina los “cortes de ruta” por parte de grupos de personas privadas son un mecanismo tolerado y, presumiblemente, “impulsado” por el Estado (como ocurre en el caso de la disputa internacional con el Uruguay, con motivo de las “papeleras”) las cosas en el Brasil lucen distintas.

Brasil no admite fácilmente la llamada “insurgencia privada” (tampoco la estimula); ni la falta de respeto a la ley; y, desde luego, no utiliza solapadamente a los “movimientos sociales” como instrumento engañoso de la acción de gobierno.

El Presidente “Lula” envió tropas del ejército de su país y la Policía Militar de Río Grande do Sul a controlar la frontera de su país con el Chuy, en Uruguay. Lo hizo para evitar cortes de ruta por parte de transportistas brasileños que protestan ofuscados por el largo paro de los funcionarios aduaneros de su país, que perjudica la circulación de sus camiones. Para Brasil ello faltaría el respeto al “Tratado de Asunción” (el fundacional del MERCOSUR) que garantiza la libre circulación de personas, bienes y servicios. Es así.

4. La valija (repleta de dólares ilegales) secuestrada en Buenos Aires a Antonini Wilson, que procurara importarla en Aeroparque, es otra “contradicción” al principio de “no ingerencia” que comienza a desvelar a Cristina Fernández de Kirchner. Hace cuatro meses ya que los tribunales de la Argentina y de los Estados Unidos están investigando un caso emblemático: aquel que tiene que ver con el aparente financiamiento ilegal (por parte de Venezuela, con sus “petrodólares”) de diversas campañas electorales en la región. En violación clara al “principio de no-intervención en los asuntos internos de otros países”.

Entre ellas estaría, aparentemente, la campaña electoral de la desgastada Sra. de Kirchner, circunstancia que (de probarse) afectaría seriamente su “legitimidad” como gobernante electa.

El proceso judicial en la Argentina “avanza” muy lentamente. Como todos los que tienen que ver con los funcionarios públicos. El norteamericano, en cambio, lo hace aceleradamente. Ahora todos los imputados en los tribunales federales de la Florida se han declarado, uno a uno, culpables de participar en un aparente intento de financiar -ilegalmente, por cierto- la campaña electoral de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner. El uruguayo Rodolfo Wanseele fue el último en hacerlo. Se acopló así a idénticos reconocimientos hechos anteriormente por los venezolanos Moisés Masónica y Carlos Kaufmann.

Todos ellos cooperan con los investigadores para tratar así de moderar la pena que les corresponderá, la que podría alcanzar los diez años de cárcel.

El agente de los servicios de inteligencia venezolanos Antonio Canchica Gómez (que utilizaba el apodo: “Christian”) es el único que sigue prófugo. Estaría, según se sugiere, escondido en territorio cubano.

Esto ocurre cuando, en la Argentina, los propios jueces se manifiestan públicamente incapaces de resistir a las “presiones” de toda suerte que reciben cuando el Estado es parte en los juicios. Vaya respeto por la “independencia” del Poder Judicial; otro de los temas que los gobiernos de la izquierda radical “atienden” cuidadosamente. Pero aquí quizás no haya “contradicción”. Para ellos, los jueces son solo “instrumentos del poder”, una de cuyas funciones es la de asegurar la impunidad del poder. Eso y el Estado de Derecho se dan “de patadas”, es obvio.

Más de lo mismo. Y siempre la misma ideología (y sus conocidas “contradicciones”) detrás de la deformación constante -y consciente- de las instituciones republicanas. Tremendo. © www.economiaparatodos.com.ar

Emilio Cárdenas se desempeñó como representante permanente de la Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).