Convengamos que formalmente la Argentina no tiene un gobierno de facto. De hecho, el gobierno actual surgió de unas elecciones en las que no triunfó pero que le permitieron de todos modos llegar al poder siguiendo las reglas de juego formales que se habían preestablecido.

Pero, claramente, la Argentina vive bajo un “Estado de Facto” si por él entendemos un estado de cosas que se opone por definición al “Estado de Derecho”.

El “Estado de Derecho” supone una organización bastante simple que implica la sujeción de la ciudadanía, pero principalmente del poder, a un conjunto de normas que, justamente, se dictan para defender las libertades individuales y los derechos civiles.

Todo el secreto que le permitió a la humanidad avanzar y progresar durante los últimos 300 años más que en toda la historia humana anterior ha consistido, sencillamente, en inventar ese conjunto de instituciones que sujetan el poder a una mordaza que le impide avanzar sobre la vida y los derechos de los individuos.

El otro costado que caracteriza al “Estado de Derecho” es la monopolización del uso de la fuerza en las instituciones del Estado limitado. La idea consiste en construir un poder, rodearlo de límites, pero al corazón que queda dotarlo del monopolio del uso de la fuerza para que pueda dirimir disputas entre individuos de un modo civilizado y al que todos le reconozcan carácter cancelatorio.

Ninguna de estas dos características que definen al “Estado de Derecho” están presentes en la Argentina. No hace falta abundar en detalles para describir cómo el gobierno avasalla los derechos individuales de múltiples maneras. Un sistema tributario rayano en lo confiscatorio, una multiplicidad de regulaciones que maniatan la libre iniciativa, un manejo de la libertad de expresión cuando menos dudoso y una orientación siempre inclinada a concentrar poder en el Estado (léase “gobierno”) alejan a la Argentina de lo que el mundo entiende por “Estado de Derecho”. Una recurrente costumbre de quedarse con los ahorros de la gente, una persistente tradición a burlar las reglas de juego y a desconocer los contratos, tampoco constituyen antecedentes coherentes con la vigencia de la cultura de la ley.

Pero desde hace un tiempo a esta parte ha sido alarmante cómo se ha deteriorado la capacidad de Estado para ejercer el monopolio de la fuerza. Lo único que nunca debió privatizarse en el país es lo que, justamente, es ejercido hoy por grupos de presión privados, sin que el Estado consiga poner las cosas en su lugar.

En la última semana se han producido dos hechos paradigmáticos en este sentido. En primer lugar, los sindicalistas de ATE del Hospital Garrahan dejaron en claro que si eran citados a declarar por algún fiscal (por las denuncias de abandono de persona que se habían producido en contra ellos) no iban a concurrir y que, además, declararían un nuevo paro. Ninguna autoridad pudo poner en regla a estos violentos de palos, bombos y prepotencia. Como tienen palos, bombos y prepotencia ejercen la fuerza contra quienes se les oponen y el Estado, que teóricamente debería monopolizar el ejercicio de esa fuerza, no puede hacer nada, no quiere hacer nada y, de hecho, no hace nada.

En segundo lugar, quienes manejan combis, micros y colectivos que hacen las veces de “charters” truchos, que no cuentan con ninguna habilitación y que, de seguir así las cosas, van a provocar una desgracia a corto plazo, decidieron bloquear el acceso sur de la ciudad y produjeron un embotellamiento de 5 km de gente que honradamente quería entrar a Buenos Aires con la peregrina idea de trabajar. ¿Qué hizo el Estado? Recibirlos 6 horas después en las oficinas del Ministerio de Trabajo como si se tratara de gente respetable.

Éste es el “Estado de Facto” que vive la Argentina. Todo ejercicio de la autoridad pública en defensa de los ciudadanos honrados es reputado como “represivo”.

Las indicaciones de la autoridades educativas hacia los colegios y directores de escuela es que no pueden expulsar a ningún alumno cualquiera haya sido su falta, como si ya en la primera edad fuera preciso dar una señal inequívoca de que cualquiera puede hacer cualquier cosa en detrimento de cualquiera sin que ninguna autoridad pueda resguardar el derecho atropellado.

El horizonte, de seguir por este camino, no es otro que la guerra de unos contra otros, fuerza contra fuerza, palo contra palo, grito contra grito. Será una vuelta más de la Argentina hacia una irresistible tentación por la involución. No conforme con haberse convertido en pobre después de haber sido rica, ahora va camino de la barbarie después de haber conocido la civilización. © www.economiaparatodos.com.ar