Uno de los argumentos más escuchados y citados por quienes piensan que el libre mercado no beneficia a todas las personas, generando de por sí una mayor desigualdad que se manifiesta en una regresiva distribución de la riqueza, es el que hace referencia a una activa participación del Estado en cuanto a paliar las situaciones negativas que el mercado genera. Dichos defensores de esas políticas sostienen que es esencial una cuota importante de gasto público social que permita darle a los sectores más pobres de la sociedad niveles básicos de subsistencia, solución que la libre competencia no puede brindarles.

Si tuviésemos en cuenta estos argumentos, una consecuencia lógica sería que mientras más gastara el Estado en los denominados servicios sociales, tales como la Seguridad Social, Asistencia Social, Salud, Educación, y Vivienda, más se aliviaría la situación de las personas que no gozan de los beneficios del crecimiento económico y, por ende, disminuiría el nivel de pobreza. Analizar el caso argentino en los últimos 13 años es realmente interesante.

En plena crisis hiperinflacionaria de 1989, con un Estado despilfarrador y a la vez quebrado, la población por debajo del nivel de pobreza superaba el 47%. Con el reordenamiento económico de comienzos de los 90, el nivel de pobreza descendió para situarse en menos del 20% de la población en 1992. En ese año, el gasto público social consolidado se situaba en unos 33.000 millones de pesos.

A partir de 1994, el índice de pobreza comienza a ascender para alcanzar un 27% a fines de 1999. Paralelamente, el gasto social consolidado fue aumentado para llegar a casi 50.000 millones de pesos/dólares en un período donde prácticamente no hubo inflación. Es decir, el Estado le quitó mas recursos a los contribuyentes y no sólo no pudo mantener el nivel de pobreza, sino que lo incrementó.

Fuente: Ministerio de Economía – INDEC
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Peor es la situación que se dio a fines de 2001, con un Estado que gastaba solo un poco menos que hacía sólo dos años, pero con un nivel de pobreza cercano al 40%. Con el derrumbe de la convertibilidad y la devaluación, el Estado comenzó a gastar aún más. En el 2002, sin pagar intereses por el default, el gasto social aumentó junto con el nivel de pobreza. Éste último había alcanzado a casi el 60% de la población como consecuencia de la suba de los precios. Desde 2003 se ha observado una conjunción entre una importante reducción de la pobreza y un gasto público social que también ha subido mucho. Supuestamente, los niveles de pobreza están ahora en el 40%, pero con 1.700.000 personas beneficiarias del Plan Jefas y Jefes de Hogar (y teniendo en cuenta que algunos de ellos poseen empleo), se hace difícil saber cuál es la verdadera magnitud de la pobreza.

La década del 90 nos dejó como lección que cuanto más gasta el Estado –sobre todo si para hacerlo se endeuda y le quita fondos al sector privado–, el efecto sobre el nivel de pobreza es negativo. La actual coyuntura nos muestra que por más que el Estado bata récords de recaudación y superávit –gracias a la suba de precios, retenciones y otros tributos–, eso termina ahogando a los contribuyentes y coartando las posibilidades de inversión, arma fundamental para reducir verdadera y definitivamente la pobreza. © www.economiaparatodos.com.ar



Agustín Jaureguiberry es Licenciado en Ciencias Políticas.