El Gobierno afirma tener una política pro industrial basada en subsidios y créditos públicos. Aún así el ministro de economía detesta las expresiones “clima de negocios” y “seguridad jurídica”.

Más allá de las condiciones macroeconómicas y de los anuncios grandilocuentes, lo cierto es que las empresas –en especial las Pymes– sufren una marcada hostilidad microeconómica.

El “modelo productivo” debería reconsiderar los siguientes puntos para asegurar un crecimiento industrial sostenido.

El presupuesto en Seguridad

En los últimos años, la inseguridad empresaria ha ido creciendo hasta niveles tales que han aparecido presupuestos de seguridad insospechados.

Servicios de custodia a los transportes de mercadería, seguimiento satelital, aumento en las primas de seguro, desaparición de productos de seguro tales como “mercadería en tránsito”, inversión en rejas, cámaras, monitoreo, alambrados, etc.

Basta ver los accesos a la ciudad de Buenos Aires, donde todos los camiones están acompañados de un costoso servicio de custodia. Agregando costos privados y sociales mediante la duplicación del tránsito, mayores costos de polución, etc.

Para las empresas “hay un gasto nuevo”. Tal gasto redunda en mayores y crecientes costos.

Los impuestos

El nivel de impuestos es elevado. Las cifras de recaudación hablan de un presión impositiva récord rondando el 40% del PIB.

Si bien cada administración despotrica contra la anterior, lo cierto que en materia impositiva parece haber un acuerdo intergubernamental. Ningún gobierno reduce la presión impositiva que aumentó el anterior.

El kirchnerismo gobierna con los impuestos de los noventa y del período de Duhalde. ¿Todo estaba mal menos los impuestos?

Las empresas consideran la presión impositiva global. Tanto la Nación como Provincias y Municipios la han aumentado en términos reales. Ya sea mediante el aumento de alícuotas, la creación de nuevos impuestos o el no reconocimiento de la inflación.

Los ingresos brutos

El impuesto a los ingresos brutos es nefasto. Siempre lo fue en términos de las ineficiencias que genera. Aumenta los costos en cascada y distorsiona todos los precios relativos.

Sin embargo, en los últimos años, bajo la excusa de la desesperación fiscal, las provincias han difundido un perverso sistema de percepciones y retenciones.

A través de las percepciones y retenciones, las administraciones provinciales obligan a las empresas a actuar como agentes de retención de impuestos. Las empresas están obligadas a hacer el trabajo de los gobiernos. Sin contraprestación alguna, empresas y bancos tienen que cobrar los impuestos que los gobiernos no se animan.

Esto genera ineficiencias tales como:

* Incremento en los gastos de administración.

* Desatención del negocio principal por parte de las empresas

* Una enorme injusticia pues los gobiernos que no acceden a barrios con salud, educación y seguridad ni siquiera se acercan para cobrar impuestos, pues son las empresas quienes lo hacen.

* Genera “evasión cruzada” pues se terminan evadiendo impuestos nacionales cuando la intención original es evadir impuestos provinciales.

* Genera costos financieros pues las empresas quedan son saldos inaplicables pues no operan con provincias que sí les retienen.

La diáspora municipal

Las empresas también deben enfrentar incrementos de impuestos municipales, así como la aparición de nuevos y extraños impuestos.

Muchos municipios han multiplicado exponencialmente las Tasas de Seguridad e Higiene así como han inventado impuestos a la publicidad interna y externa de los comercios y rodados.

Los tres niveles de gobierno consolidan una presión tributaria récord en la historia argentina y una de las más elevadas del mundo.

La economía de los permisos

El intervencionismo parece una palabra muy etérea. Pero en concreto se traduce en el día a día en un sinfín de pedidos de permiso para realizar las actividades típicas y obvias de una empresa.

Se debe pedir permiso para construir, ampliar, exportar (ROE), importar (DJAI y ROI), comprar energía, comprar cierta materia prima (ganadería), transportar productos (COT en Provincia de Buenos Aires), ingresar mercadería en un municipio (Tasas de Abasto), cambiar máquinas de lugar (Electromecánica), aumentar precios (precios cuidados), etc.

El exceso de permisos genera desincentivos cuando no sospechas. Cualquier Pyme conoce los costos de armar carpetas certificadas por escribano para renovar habilitaciones y pedir permisos innecesarios. Como si la presunción de inocencia no fuera aplicable para una empresa.

Los requisitos de información

El Gobierno requiere excesiva información de las empresas. Desde requerimientos de costos del pasado, detalles de ventas y demás informaciones de varios lustros, hasta permanentes encuestas y requerimientos específicos.

Preparar dicha información demanda horas de trabajo innecesarias, desvíos de la actividad específica de la empresa y derroche de recursos.

Dentro de este ítem podríamos incluir la información que regularmente debe suministrarse a la administración para obtener los permisos de trabajo.

Los juicios laborales, la falta y el costo del crédito, las condiciones macroeconómicas, la incertidumbre jurídica, el tipo de cambio, la inflación son variables macro a las cuales las empresas en Argentina están relativamente acostumbradas.

No obstante, la hostilidad microeconómica genera distorsiones y desincentivos difíciles de mensurar pero igualmente desincentivadores de la inversión y el crecimiento.

El “modelo”, si quiere ser productivo debería permitir que las empresas produzcan bienes y servicios y no que sean agentes de información estatal o meros presentadores de fotocopias certificadas.