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EPT | February 26, 2020

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Jueves 30 de octubre de 2008

La confiscación del ahorro jubilatorio sigue vigente

La insólita decisión de confiscar el ahorro que los argentinos guardaban para su vejez pone sobre el tapete una historia de voracidad fiscal y el profundo desprecio que tiene el Gobierno por los derechos y garantías individuales.

Aunque parezca mentira, el sistema de seguros sociales difundido por todo el mundo no fue obra de ningún gobierno socialista ni progresista.

Por el contrario, surgió de un aristócrata, político ultraconservador, estadista con firmes convicciones de derecha y para escándalo de la izquierda retórica, ferviente militarista germano.

Se trata del primer canciller de Alemania, Otto von Bismarck (1815-1898) , quien durante 28 años practicó una política autoritaria para conseguir la unidad alemana en beneficio de Prusia, alentó la guerra franco-prusiana, anexó Alsacia y Lorena que pertenecían a Francia y luchó encarnizadamente contra los socialistas disponiendo la creación de un Estado paternalista para proteger a los trabajadores alemanes mediante el seguro de enfermedad (1883), el seguro de accidentes del trabajo (1884) y el seguro de vejez e invalidez (1889).

El ejemplo de Alemania fue seguido de inmediato por Austria. Sólo 40 años más tarde, copiado por Gran Bretaña y Europa. Después de la crisis económica mundial de 1929, los seguros sociales se extendieron a EE.UU., Canadá y América Latina.

En nuestro país, hace cien años que las ideas de proteger a los trabajadores en su vejez comenzaron a instalarse en las etapas que reseñamos a continuación.

1. El sistema actuarial

Los seguros sociales se establecieron en Argentina durante 1904 con la ley 4.349 que creó la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Públicos. Luego, le siguieron la creación de Cajas Jubilatorias por gremios, basadas en cálculos actuariales.

En 1915, la Caja de Maquinistas de la Fraternidad (Ley 9.653); en 1918, la Caja del Personal Ferroviario (Ley 10.690); a continuación, en 1921, la Caja de Servicios Públicos (Ley 11.110); en 1923, la Caja de Bancarios y Empleados del Seguro (Ley 11.232); en 1928, la caja para Empleados del Comercio e Industria (Ley 11.289); en 1939, la caja de Periodistas y Personal Gráfico (Ley 12.581) y la Caja del Personal de la Marina Mercante (Ley 12.612).

Estas Cajas Gremiales eran autónomas. Estaban organizadas mediante rigurosos cálculos financieros efectuados por una pléyade de actuarios que establecieron un sistema de imposiciones mensuales, por período vencido, colocadas a una tasa de interés compuesto.

Con esas imposiciones mensuales constituían un fondo para atender las rentas vitalicias diferidas que los afiliados iban a percibir a partir del momento de su jubilación hasta su muerte, la del cónyuge o del hijo incapacitado.

Los cálculos financieros tenían en cuenta las expectativas de vida y utilizaban tablas de mortalidad y conmutación a distintas tasas anuales. Fueron realizadas por ilustres actuarios: José González Galé, Argentino Acerboni, Filadelfo Insolera y Giorgio Mortara, maestros actuariales que proporcionaron las bases científicas de estas cajas verdaderamente inconmovibles. Sus libros de texto mantienen una sorprendente actualidad y podrían servir perfectamente hoy en día para hacer las cosas bien.

2. El sistema de reparto

Con el surgimiento de la “Nueva Argentina” ideada por Juan Domingo Perón, de un plumazo se tiró abajo el sistema basado en el cálculo actuarial. Mediante los decretos 31.665/44 y 12.937/46 se dispuso la generalización de los seguros sociales a través de un pozo común y se crearon las Cajas de Empleados de Comercio, del Personal de la Industria, de Trabajadores Rurales, de Profesionales y Trabajadores Independientes y de Empresarios.

El proceso de estatización peronista sustituyó el sistema actuarial de las viejas Cajas Gremiales por el sistema de reparto, copiando un ingenioso procedimiento ideado después de la Segunda Guerra Mundial por el actuario alemán Wilfred Schreiber.

Como en Alemania estaban destruidas las empresas industriales y los comercios estaban hechos añicos, arrasados los archivos y desaparecida toda clase de documentación, no había manera de recuperar datos del viejo sistema actuarial de jubilaciones. Entonces, a Wilfred Schreiber se le ocurrió organizar –temporariamente- las jubilaciones como un pacto entre la generación joven y los ancianos, de manera que los primeros se hicieran cargo de la pensión de los segundos con la esperanza de recibir el mismo trato cuando hubieran envejecido. Contó para ello con la colaboración de un grupo de economistas y filósofos comprometidos con la Economía Social de Mercado: Hans Achinger, Joseph Höffner, Hans Muthesius y Ludwig Neundörfer, el segundo de los cuales era arzobispo de Colonia, (Neuordnung der sozialen Leistunge, Bonn 1946).

La idea del reparto -básicamente transitoria- fue plagiada por el primer gobierno peronista de 1946, aunque se respetó la tradición de documentar los aportes individuales para que no cayeran en el pozo ciego de la gran piñata social.

De manera que los trabajadores recibían una libreta jubilatoria individual en la que el empleador pegaba todos los meses una estampilla con el importe aportado. Cuando se completaban los casilleros, la libreta simplemente se presentaba en la caja pertinente y el trabajador recibía el beneficio jubilatorio.

Mientras millones de cotizantes depositaban sus aportes y los jubilados eran pocos, sobraba dinero. De allí el gobierno peronista comenzó a utilizarlo para pagar los despilfarros del presupuesto. A partir de la crisis de 1952, Juan Perón se encontró entre la espada y la pared. Echó mano de los fondos jubilatorios y los reemplazó por obligaciones previsionales a perpetuidad con tasas de interés más bajas que la inflación. El llamado “empapelamiento” de las cajas llegó a u$s 1.500 millones de ese entonces.

Quince años más tarde, el gobierno militar de Juan Carlos Onganía hizo lo mismo desde el ministerio de bienestar social de Roberto Petracca: entregó las obras sociales a los sindicatos, concentró a los jubilados en el Pami y volvió a meter la mano en las cajas jubilatorias contra entrega de nuevos títulos sin respaldo. Idéntica decisión adoptó el gobierno de Agustín Lanusse en 1972 cuyo primer ministro de economía fue Aldo Ferrer. En el año 2000 durante la desafortunada gestión presidencial de Fernando de la Rúa, el ministro Domingo Cavallo obligó a las AFJP a comprar títulos públicos para evitar el default. Es decir que peronistas, radicales, progresistas de izquierda y militares de derecha, todos metieron su mano codiciosa en las arcas del sistema jubilatorio argentino para financiar gastos corrientes.

Así comenzó el desfinanciamiento del sistema de reparto, cuya crisis se agravó con el tiempo. Los gobiernos democráticos y de facto comenzaron a repartir jubilaciones de privilegio y pensiones graciables a quienes nunca habían aportado nada. Incluso todavía subsiste un selecto pero secreto núcleo de políticos que gozan del privilegio de percibir jubilaciones en dólares por cifras que oscilan entre u$s 5.000 y u$s 19.000 mensuales.

La relación entre cotizantes y beneficiarios se desmejoró aceleradamente, pasando de 6 cotizantes a 1,3 x pasivo jubilado, por lo que los fondos ya no alcanzaron para pagar a quienes reclamaban sus derechos. Dentro de este caos financiero, se dictaron leyes inaplicables, como las que disponían el beneficio del 82% a jubilados y del 75% a pensionados. También resultó abstracta la disposición constitucional del art. 14 bis que establecía la movilidad de las jubilaciones y pensiones. El sistema de reparto entró en quiebra a principios de la década del 90, con cuantiosas deudas acumuladas que no podían ser pagadas.

3. El sistema de capitalización

La situación comenzó a solucionarse durante la convertibilidad, con el reconocimiento de las deudas previsionales, el pago de los compromisos con fondos obtenidos en las privatizaciones de empresas públicas y la emisión de bonos previsionales.

Además, como el sistema de reparto era incorregible, se adoptó un sistema de capitalización y se encargó su gestión a diversas administradoras públicas y privadas, llamadas AFJP. Este sistema fue idéntico al adoptado en Chile en noviembre de 1980, por el decreto-ley 3.500 durante la gestión de Hernán Büchi y José Piñera. El sistema de capitalización se basa en distinguir jurídicamente los fondos jubilatorios del patrimonio de las entidades administradoras y en exigir la identificación de los aportes de los trabajadores mediante cuentas individuales de capitalización. Cada uno sabe cuánto ha ahorrado para su vejez y cuánta es la renta que va a recibir con su capital acumulado. En 26 años de funcionamiento, las AFJP chilenas llevan acumulados u$s 92,4 mil millones, tres veces más que nuestras administradoras, pero gozan del derecho a decidir dónde hacer sus inversiones, por lo que han logrado exportar capitales chilenos a los principales países de América Latina, incluyendo Argentina.

Nuestro sistema de capitalización arrancó con los mismos vicios del sistema de reparto: fue obligatorio para todo el mundo, creó un mercado cautivo de cotizantes, estableció comisiones y seguros de invalidez excesivamente elevados, obligó a la aplicación de fondos en títulos del Estado hasta el 60 % de la cartera y sólo admitió la elección entre compañías que operaban en un mismo y único sistema, prohibiendo establecer otro sistema diferente. Las indudables ventajas frente al quebrado sistema de reparto eran la aparición de cuentas individuales de previsión y la creación de fondos fiduciarios independientes del patrimonio de las administradoras.

Sin embargo, la caída de la convertibilidad, como consecuencia del excesivo aumento del gasto público y su financiamiento con emisión de deuda, hizo que el Estado se apoderase por la fuerza de los fondos disponibles en las AFJP a cambio de títulos públicos que fueron defaulteados. De esa forma se produjo una verdadera confiscación de los ahorros acumulados por los cotizantes, quienes se ilusionaban con jubilarse mediante la renta de las inversiones realizadas con sus ahorros.

Así y todo, el sistema de fondos fiduciarios independientes fue lo suficientemente sólido como para que pudiera exhibir un formidable capital con rendimientos de históricos del 13,9 % anual y del 7 % real al cierre del tercer trimestre de 2008, excepto una caída durante octubre donde tuvieron rentabilidad negativa como consecuencia de la abismal caída de los títulos públicos argentinos.

4. El retorno al sistema del reparto

La enorme masa de fondos acumulados por las AFJP no hizo más que aumentar la codicia sin límites del gobierno de los Kirchner.

Primero, pensaron en obligar a las administradoras a invertir esos fondos en proyectos energéticos que no tenían rentabilidad alguna porque estaban vinculados con tarifas congeladas. Eso no fue técnicamente posible.

Al mismo tiempo, se largaron a repartir jubilaciones sin aportes previos, a cualquiera que quisiese recibir una prebenda electoral. Casi un millón doscientos mil nuevas jubilaciones surgieron de la noche a la mañana y comenzaron a demandar fondos que se aproximan a 2,5 mil millones de pesos anuales.

Esta situación hizo que fuera necesario adoptar una solución política, planteando la libre opción del retorno al sistema de reparto, con el fin de captar aportes de nuevos cotizantes y, de este modo, disponer del dinero suficiente para cubrir las jubilaciones regaladas pródigamente. Esa decisión de febrero 2007 fue un fracaso político porque 8 de cada 10 afiliados decidieron permanecer en una AFJP.

Curiosamente, volvió a repetirse la misma situación que, en 1953 permitió la despectiva respuesta del entonces ministro del Interior Ángel Gabriel Borlenghi, en oportunidad de tratarse la iniciativa parlamentaria de jubilaciones para empresarios, profesionales, trabajadores independientes y amas de casa.

Cuando se le señaló que esas jubilaciones engendraban pasivos actuariales imposibles de ser cancelados en el futuro, con gran desparpajo dijo: “Nosotros establecemos los beneficios sociales… que la cuestión del cálculo actuarial la arreglen los que vengan dentro de 20 años”.

Tanto ayer como hoy no pueden dejar de relacionarse estos hechos con el recuerdo del famoso libro de Pauwells y Bergier: “El retorno de los brujos”.

5. El inexplicable tiro de gracia

Como consecuencia de un inocultable déficit de caja, el gobierno de Cristina Kirchner intentò sancionar un confiscatorio impuesto a las exportaciones agrarias denominado “retenciones” que llegaban al 60 % del valor FOB de los productos granarios. El deliberado propósito expoliatorio de este proyecto, denominado Resolución 125, provocó una verdadera rebelión social y el parlamento no tuvo más remedio que anular tamaño disparate.

Sin embargo, al persistir el déficit real del presupuesto, distinto del superávit proclamado, el gobierno de la señora Cristina se encontró con la negativa del bolivariano Hugo Chávez quien no pudo financiar más las arcas argentinas como consecuencia de la meteórica caída del precio del petróleo. Tal es la razón por la cual el matrimonio Kirchner, intentó convencer a tres bancos internacionales para que negociaran la reapertura del canje de deuda con los holdouts y el Club de París, pero con la condición de recibir dinero fresco adicional. Finalmente, la crisis financiera mundial y la desconfianza hacia la verdad de las cuentas del gobierno argentino les cerraron todas las puertas. Entonces y en solitario, decidieron la confiscación arbitraria y brutal de todos los fondos acumulados por las AFJP desde 1994 al presente.

Esta es la razón de la más extraña maniobra financiera ocurrida en los últimos años en el mundo civilizado.

En febrero de 2007 el anterior gobierno de Néstor Kirchner había intentado convencer al pueblo que debían abandonar el sistema privado de capitalización y pasarse al paradisíaco sistema de reparto que él ofrecía. Después de una intensa campaña pública y del dictado de la ley 26222, denominada de “libertad de elección provisional”, sólo 1.905.808 afiliados decidieron regresar al sistema estatista de reparto y 9.504.770 optaron por ratificar individualmente su deseo de permanecer en el sistema privado de capitalización. Fue una verdadera derrota política.

Esos 9,5 millones de afiliados habían acumulado desde 1994 una masa de capital e intereses de $ 94.345,1 millones (equivalentes a u$s 30.000 millones) y además el sistema de AFJP recaudaba anualmente la cifra de $ 14.980,2 millones (equivalentes a u$s 5.000 millones). La mayor parte del ahorro nacional de las clases medias estaba concentrado en esos fondos previsionales que no dejaron de tentar a un gobierno que se resiste a gobernar con austeridad y moderación porque su poder político depende de adhesiones obtenidas mediante dádivas, subsidios y repartos de sobreprecios en licitaciones sospechadas por la propia justicia argentina.

De este modo, el matrimonio presidencial -sin consultas ni acuerdos de ministros- resolvieron dictatorialmente estatizar el sistema jubilatorio argentino y apoderarse de la cuantiosa reserva acumulada en Bancos locales, Caja de Valores y Entidades financieras del exterior.

Si consiguen su propósito, con el apoyo de legisladores oficialistas y opositores, Argentina habrá involucionado en forma inexplicable y los aportantes del sistema jubilatorio verán amenazado el futuro de sus vidas con el mismo calvario que padecieron otras generaciones tal como lo demuestra nuestra desdichada historia previsional.

Sólo resta la esperanza de que la racionalidad y la conciencia de responsabilidad de los legisladores impidan esta incalificable confiscación de bienes que, como proclama el Art. 17 de la Constitución Nacional, “ha sido borrada para siempre de las leyes argentinas”. © www.economiaparatodos.com.ar

Antonio I. Margariti es economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad.


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