Hace pocos días, y dentro de un marco de sorpresa, se destaparon dos hediondos casos de corrupción que reflejan una imagen hasta ahora desconocida de un Gobierno que venía sosteniendo que ellos constituían “la nueva política”, absolutamente diferenciada de la “denostada política” de la década de los 90.

Uno es el denominado caso Greco. El otro es el caso Skanska.

El primero fue expuesto a la luz pública por una inteligente investigación del periódico Ámbito Financiero, que publicó información acerca de un misterioso proyecto de ley –que contaba con media sanción de Diputados– por el cual el Poder Ejecutivo pretendía emitir $ 1.300 millones en bonos de cancelación de deudas. Escondidos en un extraño rubro, denominado “pago a proveedores”, y mezclado con facturas insignificantes de $ 1.200 se incluía la autorización de pago al grupo Greco la suma de casi $ 600 millones sin reclamarles un importe de $ 170 millones que dicho grupo estaría debiendo al Estado. Esta oculta disposición desoía las advertencias de la Oficina de Crédito Público acerca de la incorrección de ese pago y contaba con la firma del presidente de la República y de la ministra de Economía.

El caso Skanska es tan serio y grave como ese intento de hacer pasar por bueno un crédito dudoso. Se refiere a la empresa sueca, una de las mayores contratistas del mundo, líder del proyecto más grandioso jamás concebido: la construcción del túnel bajo el Canal de la Mancha, que une por autopista y vía férrea las ciudades de Londres y París. En el caso de la empresa Skanska, se descubrieron 118 facturas falsas emitidas por 23 proveedores fraudulentos que estaban registrados en la AFIP y contaban con todas las formalidades impositivamente requeridas. La empresa contabilizó esas facturas truchas y las incorporó a sus declaraciones juradas, no tanto para eludir impuestos, de los que estarían exentos, sino para “documentar pagos a funcionarios del gobierno”, como lo declaró el titular de una de esos fantasmales proveedores.

La gravedad del caso impuso el allanamiento y secuestro de la documentación obrante en las oficinas del poderoso Ministerio de Planificación nacional. Entre los papeles comerciales secuestrados en una de esas oficinas, sede del Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas), se encontró documentación emitida por Transportadora Gas del Norte (TGN) que advertía la existencia de sobreprecios por alrededor del 150 % de los costos reales. También se habría hallado una infidencia sobre “desvíos injustificados” a favor de una empresa estatal en cuyo directorio milita el propio esposo de la ministra de Economía. Enterada de tales circunstancias, la compañía sueca despidió a todos su gerentes locales implicados en la maniobra y procedió a depositar judicialmente la suma involucrada, que alcanzaría los u$s 10 millones.

En este segundo caso, realmente muy grave, hay que resaltar la actitud de la empresa que se ufana por tener un Código de Conducta, el cual se ofrece a los interesados en un excelente sitio de Internet. En uno de los capítulos de ese código, dice expresamente la empresa Skanska: “Evitamos las acciones que pervierten la libre competencia. No ofrecemos ni realizamos ningún pago indebido o gratificación a ninguna persona o entidad con el propósito de inducir a actuar en forma contraria a sus deberes para obtener o retener un negocio de Skanska. Tampoco aceptamos ningún pago indebido ni otra gratificación con el propósito de que actuemos en forma contraria a nuestras obligaciones”.

La desilusión de una democracia falsificada

Los gobiernos civiles surgidos después de la restauración democrática de 1983 están provocando en nuestro ánimo una progresiva desilusión.

En la década de los 80, políticos incompetentes confundieron democracia con indisciplina monetaria, financiaron el déficit con hiperinflación y provocaron el caos social.

En la década de los 90, políticos disfrazados de neoliberalismo buscaron la reelección mediante un gasto público que creció más que el ingreso, lo financiaron con deuda y causaron el desempleo con exclusión social.

En la primera década del siglo XXI, políticos revestidos de neoprogresismo accedieron al poder creyendo que democracia es permisividad para el delito y reparto de la riqueza ajena, repudiaron la deuda y aumentaron el gasto público para mantener el clientelismo.

Algunos de estos gobiernos mostraron un estilo insidioso e inepto, otros una escalofriante frivolidad, los siguientes una flemática inconciencia, luego una aterradora ignorancia y los últimos una agresividad rayana en el absolutismo.

Todos ellos han tratado de condicionar la justicia para convertirla en dócil instrumento de gestión. Pero este recurso nunca ha dado buenos resultados y las experiencias políticas de manipular a jueces y magistrados han terminado en resultados catastróficos como hiperinflación, desocupación, pobreza, recesión, endeudamiento y decadencia institucional.

El hilo conductor de estos gobiernos –surgidos del voto popular– ha sido inexorablemente siempre el mismo: el traspaso de unos a otros de chanchullos, tejemanejes, trapicheos y embrollos.

Pareciera que en la Argentina la corrupción se transmite de manera hereditaria sin que ninguno de los gobiernos que la reciben lo hagan con “beneficio de inventario”, como cuando se hace reserva de derechos para rechazar herencias que esconden pasivos tan cuantiosos que superan con creces el monto de los activos sucesorios.

Por el contrario, las técnicas de corrupción se van perfeccionando en cada nuevo gobierno. Todos recordamos el enojo presidencial en ocasión de una misa celebrada en la iglesia castrense Stella Maris. El entonces primer mandatario rechazó desde el púlpito la advertencia del Papa en el sentido de que el principal problema de la Argentina era la corrupción en el poder político.

También recordamos la difundida frase acuñada por un preclaro miembro del siguiente gabinete en el sentido de que “él robaba para la corona”, después de lo cual presenciamos el caso de las valijas de Ezeiza, la denuncia de la aduana paralela, la exportación falsa de oro acuñado, el contrabando de armas y la explosiva denuncia de mafias enquistadas en el poder.

A continuación, el escándalo, todavía abierto, de la tarjeta Banelco y los misteriosos sobres surgidos de las oficinas del SIDE y repartidos entre preclaros senadores.

Sin embargo, ahora tenemos la esperanza de que la aparición de nuevas e ingeniosas formas para quedarse con el dinero público en provecho propio sean descubiertas y castigadas como corresponde.

Las nuevas cuestiones de los casos Greco y Skanska están en manos de la Justicia.

Esperamos fervientemente que los integrantes del Poder Judicial actúen con valentía y coraje para que las groseras presiones que están sucediendo en estos días no hagan mella en el ánimo de los jueces y fiscales.

Si ellos ceden a los aprietes del Gobierno, la protección de los derechos y garantías individuales se esfumará sin dejar rastro alguno, tanto por el terror de jueces amenazados como por una sociedad complaciente que sigue anestesiada mientras pueda seguir gozando del viento de cola que ofrece la economía mundial.

Los jueces y fiscales constituyen la última línea de defensa del orden civilizado.

Si por miedo o conveniencia económica se someten, podría ocurrir en la escena argentina aquella advertencia de San Agustín: “Cuando el gobierno consigue doblegar a la justicia para que prevalezcan sus intereses, el Estado se convierte en Latrocinium, es decir en una banda de ladrones”.

¡Que Dios nos libre de ese pronóstico! © www.economiaparatodos.com.ar

Antonio Margariti es economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad de Rosario.