Eran tiempos de la República cuando la Argentina celebraba su primer centenario. El Estado se ocupaba por constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, promover el bienestar general, asegurar los beneficios de la libertad, garantizar el ejercicio de toda industria lícita, respetar la propiedad privada y proteger la vida, el honor y la fortuna de las personas defendiéndolas de los delincuentes. A ese Estado se le denominaba "Estado de derecho”.

Hizo posible la civilización en lugar de la barbarie y que en menos de una generación, el desierto se poblara convirtiéndose en la pradera más feraz del planeta, gracias al trabajo de millones de inmigrantes de todo el mundo que vinieron a habitar el suelo argentino invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia.

Ahora, el paso del tiempo nos conduce al bicentenario. Pero ya no es lo mismo. Son otros tiempos, de demagogia, de falsas promesas, de mentiras públicamente proclamadas, de la primacía de la propaganda por sobre la verdad, de patotas utilizadas como fuerzas de choque, de la corrupción utilizada para acumular poder, de la adulteración de la historia y de la negación de nuestro propio ser. Parecemos poseídos por el frenesí de lo inmediato y lo insustancial, como si no importasen el futuro ni la trascendencia. Si no tomamos conciencia ni enmendamos esta conducta, antes de que pase nuestra generación, el granero del mundo que fuimos volverá a convertirse en el desierto primitivo, depredado por malones que sobrevivirán rapiñando lo poco que quede en pie. Nuestra patria pareciera estar involucionando hacia el mismo escenario histórico que en el siglo V se produjo en Europa cuando ocurrieron las invasiones bárbaras.

Espejismo del reparto del ingreso

El discurso político del bicentenario lo promete todo y no realiza nada. Se anuncian acuerdos y obras públicas. Se formulan nuevos derechos, que intentan cubrir todos los aspectos de la vida de las personas. Todos tendrán derecho a una vivienda digna, a la movilidad previsional, a una pensión sin aportes y a subsidios sin cargo. Pero los impuestos y las retenciones a la exportación crecen y seguirán creciendo hasta convertirse en una pesadilla.

Precisamente ahora que en nombre de la nada, se intentó un nuevo arrebato fiscal al campo, conviene analizar porqué los impuestos que dicen perseguir finalidades sociales terminan siendo extorsivos y consiguen lo contrario de lo que se proponen.

Cuando las leyes, en lugar de defender los derechos y garantías individuales es decir la vida y la propiedad privada, pasan a justificar el "despojo legal", esto es a quitar el ingreso de algunos para darlo a otros, los impuestos se convierten en un robo.

En principio la idea de la redistribución de ingresos se aplicaba únicamente a la asistencia social. Pero ahora se pretende extenderla hacia la repartija de ricos a pobres, a subsidios cruzados hacia los que más tienen, a transferencias de renta de las oligarquías tradicionales a nuevos burgueses patagónicos y de pobres anónimos a piqueteros oficialistas bien identificados.

En este sentido, cuando las leyes impositivas meten la mano en la riqueza producida por aquellos que trabajan honradamente, para aumentar el ingreso de una clase políticamente adicta, no habrá nadie en este país que no pretenda hacer lo mismo y poner su mano sobre la ley para sacar ventajas. El resultado es claro: la ley se desnaturaliza y se convierte en pantalla para amparar la rapiña.

Es posible que alguien bien intencionado, se plantee que no es injusto que el Estado arrebate la renta de algunos para dárselo a otros, porque realmente a ellos "les sobra" y todos debemos contribuir al "bien común" de los más necesitados.

Pero cuando esto ocurre, instintivamente la gente oculta "sus ingresos” y luego reduce “sus capacidades", para no verse sometida al saqueo impositivo en nombre de la “solidaridad”, mientras crecen las maniobras tendientes a dedicarse a vivir del prójimo.

Si el Estado, guiado por la aparente buena causa de mejorar la situación de los más pobres, decide que los impuestos y las retenciones no sean razonables y que no se destinen únicamente a sufragar la policía, el ejército, la administración de justicia y la ejecución de obras públicas, sino también a subsidiar el consumo de energía, financiar los transportes metropolitanos, subvencionar el costo de los alimentos, repartir dinero mediante planes sociales y regalar fondos a las asociaciones de madres y abuelas, entonces, estamos en presencia de un "despojo legal".

Ante este sistema de latrocinio caben dos alternativas: reducirlo o anularlo. Reducirlo equivaldría a decidir que sólo se puede destinar una parte de los impuestos a la beneficencia y el resto a las funciones básicas del Estado. Anularlo supondría permitir la solidaridad espontánea, aquella en que cada cual decide cómo ser generoso con los demás, sin que le obliguen y bajo amenaza de terminar en la cárcel.

Por supuesto, podríamos seguir adelante con un sistema impositivo de despojo legalizado. Ahora bien, las consecuencias de mantenerlo son perversas. Por un lado, la gente verá cómo se castiga a quienes son emprendedores y cómo se premia a quienes reclaman vivir como parásitos. Por otro lado, surgirán personajes que se organizarán en bandas para reclamar partidas presupuestarias que financien su "causa".

Hay que entender que las leyes de impuestos opresivos paraliza la mano de quienes quieren prosperar, pero libera el brazo de quien firma cheques en blanco a los que reivindican sus necesidades como "derechos sociales".

El reparto a expensas de los pobres

Para comprender porqué fracasan los intentos de redistribución del ingreso hay que comenzar por saber cómo ellos se distribuyen en la realidad.

Se parte de un método estadístico que clasifica la población en deciles, es decir en diez partes exactamente iguales. En nuestro caso, 3.980.000 personas por cada decil.

Luego se investigan los ingresos de cada grupo social involucrado en esos deciles y se calcula el porcentaje que representan con respecto al total de la renta nacional.

De esta manera se conoce la participación que las clases sociales tienen en el ingreso nacional. Es casi seguro que distintas estimaciones puedan brindar algunos dígitos de más o de menos. Ni qué hablar de los decimales que muchos economistas se esmeran prolijamente en calcular. Pero de todos modos, y con estas advertencias, la distribución del ingreso en Argentina a fines del 2007 era la siguiente:

La diferencia de ingreso entre el decil más rico y el más pobre es de 31 veces lo cual demuestra la excesiva dispersión existente entre aquellos que lo tienen todo y éstos que no tienen nada.

Acto seguido hay que incluir el factor más gravitante en el esquema de la distribución del ingreso: los impuestos, incluyendo retenciones y demás cargas públicas.

En la actualidad, tales impuestos se destinan a pagar certificados de obras públicas con sobreprecio, repartir subsidios que aprovechan los que más tienen, cancelar intereses de la deuda pública, financiar el no-trabajo de los planes sociales, abonar mezquinas jubilaciones, otorgar subvenciones a grupos de agitadores partidarios, organizar frecuentes actos partidarios con asistentes contratados, atender una mala educación, financiar un paupérrimo sistema de salud y pagar sueldos a una inmensa burocracia totalmente ineficiente, excepto para trabar y poner obstáculos a todo aquél que se proponga trabajar y hacer algo útil.

Si el costo del Estado fuese módico, por ejemplo del 10,2 % de la renta nacional, los recursos podrían surgir de un único impuesto cobrado a los más ricos con una alícuota del 33 % sobre su participación en la planilla anterior (33 % x 31 % = 10,2 %).

Pero como hoy, el Estado recauda impuestos y retenciones que llegan al 34,5 % del ingreso nacional entonces inevitablemente debe cobrarlo de esta manera: 10,2 % al decil de los más ricos (con una alícuota fiscal del 33 %) y 24,3% debiera exprimirlo de los deciles de clase media representados por los grupos B y C (con una alícuota fiscal del 40 %, resultante de dividir 24,3 % : 61,5 % = 40 %; donde 61,5% surge de sumar 17% + 13% + 10 % + 8% + 7% + 6,5 %).

Esta es la gran paradoja que los inspiradores del actual “proyecto” presidencial no podrán resolver nunca jamás. Consiste en que su retórica de la distribución del ingreso y del reparto de la riqueza debe traducirse en recaudar mayores impuestos precisamente de aquellos a quienes pretenden favorecer. Claro que dentro del misterioso “proyecto” quedarían exceptuados de la carga fiscal los que forman parte integrante de la “vanguardia revolucionaria” compuesta por funcionarios adictos, intelectuales complacientes, empresarios cortesanos, oligarcas sindicales y la nueva burguesía industrial emergente de los amigos patagónicos.

De esta manera, la redistribución del ingreso se convierte en un espejismo consistente en hacer creer que se está gobernando a favor de los que menos tienen, pero expoliándolos con impuestos indirectos que gravan el consumo y la tenencia de bienes duraderos para concentrar la riqueza entre los que más tienen, que generalmente son amigos del poder.

La única forma sincera y práctica para distribuir el ingreso consiste en eliminar o reducir significativamente los impuestos al consumo y los impuestos que gravan propiedades familiares y bienes particulares que no generan renta alguna y que sirven para vivir honestamente.

Sin una reforma impositiva que contemple una profunda reducción de impuestos a las clases medias y a los pobres -tanto sea que trabajen en forma independiente o en relación de dependencia- todas las proclamas políticas que pueda hacer la presidente Cristina, acerca de un cambio para distribuir los ingresos y repartir la riqueza son puro humo que oculta otras intenciones. © www.economiaparatodos.com.ar

Antonio I. Margariti es economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad de Rosario.