La hipócritamente llamada “Televisión Pública”, es decir Canal 7, el house organ del Gobierno pagado -como paga todo- por la sociedad, amaneció el día del tratamiento final de la Ley de Medios en el Senado con un videograph en sus ediciones de “noticias”: “Llegó el Día”, se leía en el zócalo de la pantalla.

La referencia a Canal 7 cobra sentido porque todo aquel que quiera saber cómo serán (o cómo quiere el Gobierno que sean) los medios de aquí en adelante puede tener un avance bien definido en la señal que maneja hoy el Estado (que de Estado tiene poco y de encarnación en personas de carne y hueso que persiguen sus intereses personales tiene mucho).

Allí verán, por lo pronto, una imagen antigua y opaca desde el punto de vista técnico, poblada de anuncios oficiales y con un goteo chino de adoctrinamiento sobre las verdades kirchneristas, todo a cargo nuestro, por supuesto. En eso quiere convertir a los medios el matrimonio que gobierna.

Esta “cónyugecracia” ha establecido un gobierno monárquico sobre la Argentina. Una dinastía que espera que se propague solo el color que ellos autorizan. Es el nuevo rojo punzó obligatorio.

El senador Reutemann anticipó que el camino de la Justicia será ahora el que se abra para recibir la andanada de juicios por inconstitucionalidad de la norma.

Es cierto. Así será. ¿Estarán los jueces a la altura de las circunstancias? ¿Fulminarán la ley, como correspondería, y como les debería indicar lo que han estudiado y la Constitución por la que han jurado?. Tengo mis dudas.

La Justicia es la gran responsable desde hace décadas de haber permitido un crecimiento exponencial del poder del Poder Ejecutivo hasta convertir a su titular en un monarca del siglo XVI.

Los jueces le han dado validez constitucional a esperpentos que los tribunales de otros países más republicanos que la Argentina habrían enterrado, en pocos minutos, en el foso más profundo de las ofensas a la libertad.

Nuestra Justicia no tiene los diplomas mínimos como para albergar la esperanza de que el gobierno sea puesto en su lugar. Su independencia está seriamente cuestionada y en muchos casos, como en el reciente de Faggionato Márquez, se parece más a un conjunto de deudores políticos que a magistrados con la conciencia libre para decidir.

Desde el lado legislativo, venimos repitiendo aquí, que el conjunto de ideas intervencionistas, estadocéntricas, desconfiadas del individuo y de la autonomía de la voluntad, no terminan en los contornos del kirchnerismo sino que son más amplias; que son compartidas por una base social más extensa que el propio gobierno.

De allí que la ley terminó siendo aprobada por diputados y senadores que son opositores al gobierno. Del mismo modo, el proyecto alterno, de origen radical, que dio vueltas por el Senado, si bien era más civilizado que el del desborde K, también partía de las mismas bases de sospecha hacia la sociedad libre.

Porque en el fondo ese es el problema de la Argentina. El país tiene una cuestión con la libertad: lisa y llanamente no la entiende. Cuando parece ejercerla la confunde con el desborde, el sálvese quien pueda, y el pretender hacer cualquier cosa.

Cuando intenta explicarla enfrenta al “mercado” y al “Estado” como si esos conceptos fueran enfrentables; como si el Estado realmente tuviera recursos y existencia propia, fuera de la sociedad que lo organiza para su propio beneficio y no para ser explotada.

Y cuando quiere alabarla, habla de “comunidades organizadas” y de “organizaciones sociales” sin darse cuenta de que el único protagonista de la libertad es el individuo, el ser humano individual, del que, paradójicamente, la sociedad argentina desconfía y sospecha.

Sin la urgente aclaración de estas confusiones la aprobación de tal o cual Ley de Medios resulta tan solo una circunstancia anecdótica. Las piezas legales de un país son tan solo su carrocería. Y ninguna carrocería será satisfactoria cuando lo que falla es el motor. © www.economiaparatodos.com.ar