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Domingo 25 de septiembre de 2011

La tiranía multiplicada

La legitimidad de un gobierno no se mide solamente por la forma en que llega al poder, sino por el ejercicio que hace del mismo.

Si no fuera por la gravedad del tema, el pedido de un juez a periodistas para que informen sus contactos desde 2006 cuando escribieron de inflación, movería a risa. Digo que movería a risa porque mientras un juez pretende multar, poner preso, sancionar o lo que sea a un periodista por informar una inflación que no es la oficial, otros jueces le han pedido a economistas privados que le informen cual fue la tasa de inflación por ellos estimada, para ajustar los valores en los juicios por alimentación a los hijos de matrimonios separados. Es decir, unos jueces requieren la información privada porque no confían en los datos del INDEC y otro quiere sancionar a los que informan datos diferentes al INDEC. ¡De locos!
A esta altura del partido resulta muy difícil afirmar que estamos en una democracia republicana. Más bien nos encontramos en un régimen que abusa del monopolio de la fuerza para imponer sus criterios e intimidar a quienes opinan diferente. Utilizar una mayoría circunstancial de votos para quedarse con el monopolio de la fuerza y luego usarlo para intimidar, hostigar y hasta expoliar a la población se acerca a una tiranía. Un tirano puede tomar el poder por las armas o por los votos y luego usar las armas para imponer la tiranía y, recordemos, que las tiranías no están dispuestas a entregar el poder. Por el contrario, usarán al máximo el monopolio de la fuerza para retenerlo y neutralizar a sus oponentes políticos.
Cuando uno ve el comportamiento del gobierno que ignora fallos de la justicia, intimida a quienes piensan diferente usando todos los instrumentos que tiene a su disposición (entes recaudadores, poder de policía, etc.) llega a la conclusión que tal vez estaría más seguro en el medio de la selva africana con armas para defenderse, que en el medio de una organización política que no le da oportunidades de defenderse porque o los jueces dicen cualquier barbaridad, o el ejecutivo ignora los fallos de la justicia cuando le son adversos, con lo cual, en esta última opción, la justicia queda en algo simplemente abstracto. Bajo una organización social de este tipo, desde mi punto de vista, es más justa la ley de la selva, porque al menos uno tiene chances de defenderse porque las reglas de juego son parejas para todos. En cambio, ¿quién puede defenderse del monopolio de la fuerza de un gobierno que es arbitrario y prepotente?
La pregunta que uno puede formularse es: ¿por qué alguien estará dispuesto a formar parte de una comunidad en la cual se desarma y paga impuestos para sostener la administración de esa sociedad? La respuesta sería que estoy dispuesto a sacrificar parte de mi derecho a la legítima defensa si considero que la organización social en la cual me incorporo me proporciona el servicio de defender mi derecho a la vida, a la libertad y la propiedad. Como dice Roberto Cortés Conde, una persona está dispuesta a permitir que el Estado le quite parte de su patrimonio e ingresos si a cambio el Estado le da algo y, además, la cantidad de impuestos que debe pagar lo determinan representantes elegidos por los ciudadanos. La gente tiene derecho a elegir a sus representantes para que definan qué parte de su patrimonio le quitarán para darle el servicio de protección. Pero el problema es cuando esos representantes, o una parte de ellos, una vez en el poder se juntan con el Ejecutivo y terminan siendo socios en la expoliación y en la violación de los derechos individuales.
Basta ver como en los últimos tiempos, a resultas de las elecciones del 14 de agosto pasado, ex kirchneristas devenidos en antikirchneristas vuelen al ruedo kirchnerista. Este comportamiento me da la pauta de estar en presencia de mercenarios que “trabajan” de políticos porque ven en esa actividad un negocio personal.
Otro ejemplo al respecto, más de un candidato opositor ha dicho que no puede bajarse de su candidatura a presidente porque si lo hiciera todos los que están en sus listas de candidatos a intendentes, legisladores, etc. quedarían sin chances. Pregunta: ¿y cuál es el problema si un cargo público debería ser transitorio para administrar la cosa pública? Si un candidato no se presenta y esto implica que el resto de la lista también debe bajarse no hay ningún drama. Los candidatos a intendente, legisladores o concejales deberán buscar otro trabajo, que por cierto se supone que debería ser transitorio, como cualquier hijo de vecino. ¿O acaso los políticos tienen que tener un puesto sí o sí porque no pueden hacer otra cosa? En definitiva, si el oficialismo es peligroso, buena parte de la oposición es deprimente.
Pero volviendo al tema de inicio, mi impresión es que hemos entrado en un terreno muy peligroso. Ya no se trata de errores en la política económica, educativa o de relaciones exteriores. Aquí no está en juego solamente el patrimonio y los ingresos de cada uno de nosotros. Acá están en juego libertades tan elementales como la de expresión o la de ejercer toda industria lícita. Si hoy constituye un delito hacer una estimación de inflación que no coincida con el paladar del gobierno, mañana toda expresión contra el oficialismo será tomada como traición a la patria con condenas penales. Típicos casos de tiranías.
Seguramente en la Alemania de Hitler muchos alemanes no habrán sufrido persecuciones, pero los que la pasaron mal, la pasaron muy mal. En Argentina ocurre lo mismo. Mucha gente disfruta de la fiesta artificial de consumo y, al no tener opinión política ni exposición pública, la pasa bien. Pero otros que sí expresan su disconformidad con el régimen la pasan mal y pueden llegar a pasarla peor.
Personalmente, y sin ánimo de transformarme en víctima, he tenido tres inspecciones de la AFIP en 5 años y vivo pendiente del próximo telegrama para una nueva inspección. Algún estúpido dirá que si tengo todo en orden no tengo por qué preocuparme. La realidad es que es obvio que tengo todo en orden, porque no voy a ser tan estúpido de tener un lío en mis impuestos y escribir contra el régimen. Pero es evidente que mientras yo tengo 3 inspecciones en 5 años, los Kirchner lograron que la justicia les diera por aprobado un incremento patrimonial injustificable y Boudou declara tasas de rentabilidad envidiables. Mientras tanto yo, como tantos contribuyentes, pagamos impuestos infernales para que el gobierno dilapide el fruto de nuestro trabajo bajo supuestos planes de solidaridad social, planes que, en muchos casos, terminan en escándalos de corrupción sin que la justicia encuentre culpables. Es decir, no solo el Estado nos expolia impositivamente, nos amedrenta con sus organismos de control, los escándalos de corrupción se suceden uno atrás del otro sino que, encima, no se puede opinar diferente.
Me niego a aceptar que una mayoría circunstancial tenga derecho a usar el Estado para violar mis derechos. Como dice Edmund Burke: “La tiranía de una multitud es una tiranía multiplicada”.
Lamentablemente en Argentina hemos dejado de utilizar el voto como un mecanismo de elegir a nuestros representantes para que ejerzan un gobierno limitado y lo transformamos en un sistema para ver quién logra retener el monopolio de la fuerza para oprimir a sus semejantes.
La legitimidad de un gobierno no se mide solamente por la forma en que llega al poder, sino por el ejercicio que hace del mismo. Tomando este segundo concepto digamos las cosas sin más rodeos: el kirchnerismo ha perdido legitimidad por la forma en que usa el poder. El gran desafío de los argentinos es volver a tener gobiernos que sean legítimos en su origen y en el ejercicio del poder.