Con excepción de algunos países de la costa del Pacífico, el resto de América Latina vive de experimento en experimento.

Después de los proyectos corporativos iniciados con las nacionalizaciones de 1946, pasamos a los intentos autoritarios de militares golpistas que nunca tuvieron ideas claras sobre cómo debe consolidarse un Estado que garantice la libertad, la seguridad y el bienestar para todos.

Restaurado en 1983 el derecho al voto, volvimos a ensayar el desmadre político de una democracia vacía caracterizada por el despilfarro del gasto público pagado con emisión de dinero, que terminó inexorablemente en hiperinflación con desempleo.

Repudiadas las empresas estatales, por ineptas y generadoras de inmensas pérdidas, en 1990 volvimos a improvisar sustituyendo la desastrosa gestión pública por la concesión de monopolios legales a operadores privados, garantizándoles mercados cautivos y ganancias sin riesgos.

Fracasada esta etapa de gobernantes frívolos y corruptos -mimetizados con el Consenso de Washington para obtener jugosos créditos internacionales-, en el año 2001 entramos en otro período de descalabro macroeconómico con desempleo, devaluación, contratos violados, inseguridad pública y pobreza extrema.

Ahora hemos dado un giro de 180º y estamos adoptando un proyecto impreciso y deletéreo que nuestros gobernantes se resisten a definir para no asustar incautos: el retorno del Estado interventor con un capitalismo de amigos, una desmedida voracidad de reelección y un neo-populismo tumultuoso para neutralizar cualquier amago de disidencia.

El proyecto se está implantando con la misma precariedad que los intentos anteriores. Es un proyecto misterioso que no ha sido descrito pero que podríamos denominar la vía populista hacia el social-mercantilismo.

Este proyecto se exhibe públicamente con guiños hacia la izquierda revolucionaria pero girando hacia la derecha prebendaria. Está conformado por el eje bolivariano-bandeirante-patagónico, que, con lenguaje y escenografía socialista, en realidad restaura los privilegios para una minoría de capitalistas sumisos. Por eso reemplaza el mercado libre y competitivo por el mercado intervenido y controlado.

En el primero hay precios libres con iniciativa privada, respeto de los contratos, reglas estables, moneda convertible y un Estado que cumple el rol indelegable de garantizar el orden social mediante normas éticas, asegurando que las transacciones no serán manipuladas con fraudes, engaños ni presiones monopólicas.

El segundo es un proyecto de mercantilismo socialista que puede denominarse social-mercantilismo. Fue inventado en China comunista por Deng Xiaoping después de arrestar a la “Banda de los Cuatro”, cuando adoptó el lema del “régimen hegemónico del partido comunista con dos sistemas económicos”.

Cómo se detecta el social-mercantilismo

1º. Por la existencia de decretos de necesidad y urgencia para cambiar las reglas de juego según las conveniencias políticas circunstanciales.

2º. Por la sanción de leyes arbitrarias dictadas con efectos retroactivos y utilizadas para acomodar casos ya ocurridos que afectan a los aliados políticos.

3º. Por un Gobierno que se considera omnipotente, interviene en los negocios y pretende administrar a su antojo la renta generada por la gente.

4º. Por el deseo desmedido de acumular plenos poderes para manejar los fondos públicos eludiendo todos los controles.

5º. Por la intervención agresiva en los procesos productivos para conseguir efectos demagógicos, sin preocuparse por el daño ocasionado a la cadena de valores.

6º. Por considerar que el crecimiento puede conseguirse combatiendo las inversiones privadas y excitando el consumo popular.

7º. Por la utilización del poder de policía fiscal para apretar a aquellos empresarios o dirigentes que intenten gestos de independencia política.

8º. Por resucitar los resentimientos del pasado para lavar presuntos agravios, mantener el odio entre hermanos y sancionar a los opositores.

9º. Por el crecimiento del gasto público, el aumento en la emisión de dinero y la inflación reprimida que destruye todo resto de racionalidad en el cálculo económico.

Con algunos o varios de estos racimos de medidas pueden detectarse los proyectos social-mercantilistas que ciertos gobernantes intentan empeñosamente imponer a nuestras pacientes naciones latinoamericanas.

Qué quiere el social-mercantilismo

En primer término, pretende un gobierno fuerte, no necesariamente un Estado fuerte, con un ramillete de monopolios manejados por empresarios cortesanos, amigos del poder e integrantes de la nueva burguesía nacional. El resto sólo son usuarios y consumidores, es decir dependientes del patrón público.

El social-mercantilismo pretende enlazar la ideología populista con ideas neocapitalistas mediante un mercado dirigido, intervenido y controlado.

El social-mercantilismo defiende las empresas privadas siempre y cuando estén asociadas con el gobierno, pero no acepta la movilidad social independiente que iguala hacia arriba a quienes están sumergidos en la miseria porque los exprime con impuestos distorsivos.

El social-mercantilismo apoya la globalización pero sólo entre gobiernos progresistas que piensen ideológicamente lo mismo, sin admitir el libre comercio y menos con Estados Unidos.

El social-mercantilismo defiende los Derechos Humanos de aquellos que tienen una visión izquierdista de la realidad social y gozan de capacidad para alterar el orden público, pero nunca jamás se digna atender a las víctimas de crímenes violentos, secuestros extorsivos, niños por nacer y ancianos que no tienen capacidad de movilización.

Al social-mercantilismo sólo le importa una justicia sumisa que garantice los derechos de violadores, minorías transexuales, activistas políticos, menores delincuentes y marginales sociales con quienes pretende constituir una fuerza de choque capaz de intimidar.

El social-mercantilismo no tolera que la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas puedan influir en las conciencias de sus fieles, porque considera que le están disputando poder y por ello alientan cuanta norma legal pueda favorecer la trasgresión moral, el libertinaje sexual y el cuestionamiento de las tradiciones religiosas.

Este social-mercantilismo es lo que ciertos políticos lenguaraces del Caribe denominan “socialismo siglo XXI”. Está basado en la utopía de querer construir una sociedad agnóstica y pedigüeña, unificada en la ideología igualitaria y dependiente de los artífices de la nueva clase política.

La consecuencia inmediata del social-mercantilismo es un capitalismo prebendario que reparte subsidios para comprar adhesiones y cubrir su profunda ineptitud.

Reconoce un antecedente histórico en las “manufacturas privilegiadas” creadas por Jean Baptiste Colbert para proteger las industrias de los aristócratas cortesanos frente a la vitalidad y el empuje de los artesanos e industriales libres que reclamaban “laissez faire, laissez passer” (dejadnos hacer, dejadnos pasar).

Sin embargo, el social-mercantilismo tiene un débil tendón de Aquiles: es un diseño a medida de un grupito de iluminados, generalmente encerrados en sí mismos, que no alcanzan a ver las evidencias que les muestra la realidad.

Por eso pretenden construir un espacio artificial con leyes que transfieren rentas de los más capaces hacia los más incompetentes, leyes que digitan quiénes serán los ganadores y perdedores del proceso económico, leyes que otorgan fabulosos subsidios a empresarios que administran empresas deficitarias pero están cerca del poder, leyes que desalientan a los que tienen la chispa de la fascinación creadora.

Como no podría ser de otra manera, el proceso del social-mercantilismo terminará en un monumental escándalo de corrupción, con el cual este gigante con pies de barro se desmoronará desde adentro y terminará aplastando a sus propios secuaces e instigadores. © www.economiaparatodos.com.ar



Antonio Margariti es economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad de Rosario.