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EPT | January 24, 2020

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Jueves 8 de junio de 2006

Más sobre las papeleras del río Uruguay

El proceso judicial internacional iniciado por la Argentina para frenar las obras de las papeleras uruguayas podría finalizar con una sentencia adversa para nuestro país. Sin embargo, no se ha escuchado previsión alguna frente a los eventuales pagos por daños y perjuicios que los argentinos deberemos abonar en caso de que perdamos el juicio.

La lamentable disputa fratricida con Uruguay promovida por nuestro presidente está entrando de lleno en la etapa judicial internacional en la que la Argentina eligió -por ahora- ubicarla, en el ámbito de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

La próxima “batalla” se librará en el Palacio de la Paz, y tendrá por objeto decidir el pedido argentino de que el tribunal dicte una medida cautelar que impida la continuidad de las obras que están ya en avanzado curso de ejecución, lo que podría generar daños de gran magnitud a la empresa finlandesa que construye la planta más avanzada de las tres que se instalarán en la margen este del río Uruguay.

Los antecedentes no auguran nada bueno para nuestro país. En efecto, el mismo tribunal internacional, no hace mucho, en 1991, en una disputa entre Finlandia y Dinamarca relativa a la construcción por la primera de una represa sobre un canal del Báltico, en la que Dinamarca solicitó una medida cautelar similar destinada a impedir la construcción de la represa, se negó rotundamente a concederla.

Peor aún: aunque mucha gente no lo sepa, nuestros propios tribunales federales se negaron -reiteradamente- a conceder medidas cautelares similares que fueron recientemente solicitadas por el ínclito gobernador Busti -el primer responsable de este lamentable entuerto-, como la solicitud de impedir el paso de camiones con mercadería destinada a las papeleras. Por dos veces eso sucedió y por dos veces la Cámara Federal de Paraná confirmó la decisión denegatoria del juez federal de primera instancia. Si el tribunal internacional ahora actuante tuviera estos notables precedentes domésticos en cuenta, difícilmente se apartaría del propio precedente argentino.

Las perspectivas no son entonces demasiado buenas para esta etapa procesal que comenzará esta semana con las audiencias del 8 y 9 de junio en las que las partes harán conocer al tribunal las razones de sus respectivas posiciones, empezando por la actora, esto es por la Argentina. La decisión sobre la medida precautoria solicitada será decidida en un plazo que no superará las cuatro semanas a partir de que terminen las presentaciones orales de las partes.

Después vendrán años de disputa sobre el “fondo” de la cuestión, en un litigio que será lento -y carísimo-, que durará años y servirá seguramente de largo “circo” para ser hábilmente utilizado en el escenario de la política interna argentina, tal como por desgracia ha venido sucediendo hasta ahora.

En otro orden de cosas, Uruguay, como cabía esperar después de los largos cortes de ruta, absolutamente ilegales, de los que mañana nadie se hará responsable, ha iniciado una demanda por daños y perjuicios ante el mecanismo arbitral del MERCOSUR. Solo falta nombrar el árbitro tercero del tribunal que intervendrá en esta causa para que ella se ponga en marcha.

Allí los orientales esperan poder recuperar los 500 millones de dólares por los daños y perjuicios de todo orden que los integrantes de la llamada “Asamblea de Gualeguaychú”, y sus asociados, les causaron a lo largo de interminables semanas de constantes e irresponsables cortes de rutas y puentes que se inscriben en la modalidad prepotente que lamentablemente caracteriza a la Argentina de la era Kirchner.

Esto nos lleva a plantearnos, por anticipado, un gran interrogante. En caso de ser los argentinos condenados, ¿quien pagará los daños generados a nuestros vecinos a los que podamos ser eventualmente condenados? ¿Todos, pese a que la mayoría poco tiene que ver con lo sucedido?

¿La inasible “asamblea ambientalista” local?

¿Los entusiastas muchachos de Greenpeace?

¿El “Frente para la Victoria”?

¿La familia Busti y sus ad-láteres y asociados de toda suerte?

¿Los ciudadanos que conforman el municipio de Gualeguaychú, en su compacto conjunto, mediante -por ejemplo- un empréstito local forzoso?

¿Los ricos estancieros de la zona afectada, que incluyen a algunos conocidos “niños bien” que seguramente pueden estar preocupados porque las plantas que se construyen les “arruinan la vista” que tienen desde sus magníficas propiedades y, quizás, hasta les disminuirían el “atractivo” de sus respectivos balnearios emplazados sobre del río? Habría que preguntarles a esos privilegiados “niños bien” del sector rural con casas en la Avenida Alvear, antes de que -frente al eventual hecho consumado- miren “para otro lado”, de terminar eventualmente todo esto mal para la República. ¿Les expropiaríamos -con razón- los campos para, con su valor, atender parcialmente al pago de la eventual condena a pagar daños y perjuicios?

¿Lo pensamos por anticipado, por si acaso perdemos? ¿O esperamos -como siempre- a que las cosas nos sucedan, esto es “se nos vengan encima”, para recién entonces decidirnos a improvisar, como solemos hacer? © www.economiaparatodos.com.ar




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