Desde hace un largo tiempo venimos presenciando las actitudes y acciones del subsecretario de Ingresos Públicos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Montoya, en aras de lograr una mayor recaudación de los impuestos provinciales, proponiendo y utilizando diversos métodos para lograr su propósito. Recordemos su propuesta de registrar las cajas de seguridad, de intimar a las personas que se van de vacaciones en el puerto antes de tomar el barco hacia Uruguay, de confiscar automóviles, de hacer propaganda y manifestaciones en Navidad y, ahora, con la nueva idea de sacarle “tarjeta roja” a los morosos, y hasta de seguir a las personas que iban a los hoteles alojamiento. También ha solicitado mayores poderes legales para realizar su tarea, que han sido calificados por muchos juristas como inconstitucionales.

A simple vista, las acciones de Montoya para obtener más recursos públicos a través del cobro de las deudas a morosos lucen como un objetivo loable y digno de respeto. La idea de ir tras los deudores de impuestos siempre es una tarea que la población admira. Pero la forma en que el funcionario realiza su trabajo no sólo es cuestionable en los métodos anteriormente descritos, sino que ha contribuido a generar distintos parámetros de medición y calificación de las deudas.

En primer lugar, pareciera ser que el deudor impositivo es una persona que tiene una actitud egoísta y poco solidaria –casi criminal– porque, según se argumenta, se deben pagar los impuestos para sostener el funcionamiento del Estado para que éste pueda desempeñar sus actividades con un financiamiento adecuado. Cabría afirmar, entonces, que existe un contrato no firmado y de compromiso por el cual los ciudadanos cumplen con el pago de sus tributos y el Estado les brinda buenos servicios. Pero esto no se cumple en la Argentina, ya que los servicios de educación, salud, justicia y seguridad brindados por el Estado presentan graves deficiencias, que obligan a muchas personas a recurrir a servicios brindados por empresas privadas. De ello se deduce que el mismo Estado es el primero en incumplir el contrato. También se podría decir que el nivel de las alícuotas impositivas es muy alto y que ello contribuye a que no se puedan pagar todos los impuestos, trayendo a lugar la famosa frase de que en nuestro país “se paga un nivel de impuestos similar al de Suecia por servicios que el Estado presta como en Haití”.

Analicemos el ejemplo de otro tipo de deudas, como pueden ser las hipotecarias, prendarias o las empresariales. En esos casos, se estipula que cuándo el deudor no puede pagar su cuota correspondiente e incurre en sucesivos incumplimientos, el banco se queda con el bien o éste se ejecuta. Siempre hemos visto como casi todos los gobiernos dictan medidas para impedir que ello ocurra, ya que se afecta la vida de personas y familias que pierden sus bienes y que no tienen a dónde ir, además de tener un alto significado político ya que se demuestra tener “sensibilidad social”. Por ejemplo, este gobierno ha obligado a que se paren las ejecuciones hipotecarias. En este caso, también el Estado es el responsable de que un contrato no se cumpla.

Uno comprende la necesidad de muchas personas de contar con una vivienda digna, se admite un trato diferencial para deudores que pueden no cumplir en algún momento con sus obligaciones, pero no se puede hacer demagogia y violar contratos privados por una necesidad de apoyo político, porque de esa manera se genera una mala imagen que conlleva inseguridad jurídica, además de conspirar contra muchas personas que sólo pueden adquirir una vivienda a través del crédito. ¿Cuál sería la reacción de muchos que hacen un esfuerzo para pagar sus créditos y tener su propia casa, cuando observan que a uno que no paga se lo trata de manera igual que a ellos?

Pero más grave aún es el caso de las grandes deudas empresariales. Recordemos que hace unos cuatro años, el gobierno de Duhalde pesificó 1 a 1 todas las deudas, lo cual significó una licuación de pasivos que derivó en una monumental transferencia de ingresos a sectores favorecidos por el poder político. En ese caso, este tipo de deudores lograron mayores ingresos por aumentos de precios luego de la devaluación, mientras pagaban cada vez menos por sus deudas.

Mencionemos también el trato que les dio el presidente Kirchner a los acreedores de la Argentina, a los que no sólo insultó y agravió en numerosas oportunidades, sino que les propuso una terrible quita, que sólo fue aceptada por inéditas condiciones internacionales favorables que el país tuvo y tiene actualmente. Muchos de esos acreedores son jubilados argentinos. En cuanto a la provincia de Buenos Aires, recién su gobierno salió del default hace unos meses, proponiendo una quita superior al 50%.

Vemos, entonces, como los políticos y funcionarios tienen varios estándares de deudas, y que siempre privilegian la solución más beneficiosa para ellos, perjudicando al resto de la población. Exigen ferozmente el pago de deudas con el Estado, pero se comportan de manera contraria cuando el sector público o los sectores con poder de lobby son los que tienen grandes deudas.

Esta especie de doble moral con el tratamiento de las deudas ha contribuido a generar en la sociedad una terrible confusión respecto al cumplimiento de los contratos y al pago de los compromisos. Al observar estos ejemplos, muchas personas comienzan a pensar que siempre puede existir una solución ajena a sus conductas y valores, que puede acarrear un beneficio incluso para ellos mismos, pero que terminará estableciendo una cultura del “disvalor” en estos casos, ya que cada uno intentará buscar la mejor forma de solucionar sus propias cuestiones no importando si se violan contratos, normas y leyes, porque como es algo que ocurre con tanta frecuencia y aceptación, no habrá ni premios ni castigos para dichas actitudes.

Estos comportamientos atentan contra valores como la confianza mutua y la creencia en la buena voluntad y cumplimiento del otro, pilares fundamentales para que una sociedad pueda tener vínculos más estrechos que le permitan generar valor y así poder desarrollarse de una mejor manera. © www.economiaparatodos.com.ar



Agustín Jaureguiberry es Licenciado en Ciencias Políticas.