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EPT | September 18, 2020

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Lunes 19 de enero de 2009

Más reflexiones sobre América latina

Los resultados de la encuesta anual de Latinobarómetro, el negocio de la minería en la Argentina, los problemas energéticos de la región y algunos otros escándalos.

¿Cómo nos vemos a nosotros mismos los latinoamericanos?

Como todos los años, aproximándose el cierre del año pasado, la ONG Latinobarómetro hizo conocer sus clásicas encuestas de opinión. Algunos de sus contenidos merecen ser conocidos y complementados por un breve comentario.

El 56% de los latinoamericanos dice creer en la “economía de mercado” como el mejor camino para crecer. Basta con mirar -con algún detalle- donde está el éxito en la región y aparecen: Brasil, Colombia, Chile, o Perú, que son buenas muestras de ello. Con solo posar la vista sobre la “obra” y resultados de los Chávez, Kirchner, Correa u Ortega, se sabe -por cierto- cual es -en cambio- el rumbo a evitar.

Cabe destacar que en el 2008 la respuesta a favor de las “economías de mercado” mejoró casi un 10% respecto del año anterior. Más allá del “progresismo”. A pesar de él, más bien.

En materia política, en cambio, el 42% de los latinoamericanos manifiesta ser “de centro”. Otra sorpresa para los “progresistas”, entonces. Un 22% se pronuncia, por su parte, por “la derecha”. Y tan sólo un escuálido 17% dice ser “de izquierda”; casi nadie, entonces.

Un 66% de los entrevistados por Latinobarómetro considera que la democracia es un mecanismo indispensable para crecer. La cifra es interesante, pero quizás ocurra que, en esta materia, no seamos demasiado exigentes con la salud de las instituciones, que muchas veces son abusadas y deformadas desde el poder, frente a la total pasividad popular.

El apoyo individual a la democracia es del 82% en Venezuela, lo que augura malos ratos para el patológico Hugo Chávez, que la pisotea en cuanto puede, esto es: seguido. Del 79%, en la siempre cívica Uruguay. Del 68%, en la convulsionada Bolivia. Del 62%, en la pujante Colombia y del 60%, en nuestra extraviada Argentina, pese a los engaños de los Kirchner. En Brasil, curiosamente, solo el 47% dice apoyar a la democracia.

En cuanto a la “imagen personal” de los Jefes de Estado, la mejor imagen de la región está en manos de Luiz Inacio “Lula” Da Silva. Pero cuidado, no entusiasmarse, desde que está, él también, lejos del ideal desde que obtiene solo un 5,9 sobre 10 puntos posibles. Le siguen la chilena Bachelet y el paraguayo Lugo (a quien -como recién llegado que es- pocos conocen fuera de su país, en realidad).

Muy atrás, en el puesto onceavo concretamente, aparece la devaluada Cristina Kirchner. No es sorprendente. Está ubicada detrás de Evo Morales, lo que es toda una señal. En rigor, en nuestro continente, solo están peor que ella (es decir, son menos populares) muy pocos líderes regionales; todos realmente “de horror” como: Hugo Chávez; Alan García, que es buen gobernante, pero antipático; el tirano Fidel Castro; el desprestigiado George W. Bush; y el fraudulento Daniel Ortega (este último es el de peor imagen de todos; lo que es lógico, conociendo al personaje). Lo de doña Cristina no es una sorpresa. Para nada. En la Capital Federal, su imagen positiva es de apenas un 11%. La gente no es tonta.

La obsecuencia tiene contrapartida

Según el diccionario, un “obsecuente” es un sumiso o condescendiente. No es lo ideal como actitud personal, desde que es imposible enorgullecerse de ella. En la jerga política esa palabra significa más que eso. Describe a un hombre sin orgullo, ni principios; que no vacila en inclinarse -vergonzosamente- ante el poder para obtener algún beneficio. Un “chupamedias”, entonces, que apunta a lograr algo congraciándose a cualquier costo con la autoridad, frente a la que sacrifica su propia dignidad.

El político sanjuanino José Luis Gioja ha venido, desde hace rato, dando muestras de obsecuencia. Durante la crisis del 2001/02 eso se hizo más que evidente. Cuando la aparición en lo alto de la escena política nacional de los Kirchner, Gioja se “pegó” a ellos, en busca de aprovechar su “calor”. A costa de decir, en el momento adecuado, lo que los Kirchner esperaban. De la manera más rápida y sonora, por cierto. Así llegó a Gobernador de su provincia, San Juan, con el “apoyo” de los Kirchner.

Ahora comienza a verse la contrapartida de esa obsecuencia. Que a veces está oculta, hasta que algo sucede y aparece en toda su magnitud. La minería, dicen los medios, “metió su cola” y Gioja obtuvo de la Presidente el sorpresivo (pero inmediato) veto de la “Ley de Protección de los Glaciares”, una norma quizás exagerada, pero de contenido ambiental que no había sido controvertida en el Parlamento, sino aprobada velozmente en ambas Cámaras, por unanimidad. Con el máximo consenso político, entonces, incluyendo el de las distraídas y poco eficientes “huestes” del obsecuente gobernador de San Juan.

Se dice que la razón del veto ha sido su impacto en Barrick Gold, la empresa canadiense que lleva adelante los emprendimientos sanjuaninos de Pascua-Lama y Veladero, en los que el oro es rey. Por ello Gioja habría presionado a Cristina (de la que era acreedor político) y logrado su veto a la protección ambiental de los glaciares, toda vez que ellos existen en la zona de los proyectos mineros antes mencionados.

Gioja fue, recordemos -antes de acceder a la gobernación de su provincia, en la que hay unos 180 proyectos mineros de envergadura- Presidente de la Comisión de Minería de la Cámara Baja y es hermano (una vez más, la diosa “nepotismo” aparece en el universo del peronismo kirchnerista) de César Ambrosio Gioja, que curiosamente preside la Comisión de Minería del Senado de la Nación. Los Gioja tienen, es obvio, un “costado” minero. Pero no académico, por cierto. El César, como dirían en San Juan, es dueño de una empresa de bentonita que, a estar a lo que informara la diputada María Fernanada Reyes, de la Coalición Cívica, sería proveedora de Barrick Gold. Esto estaba, dicen, en la orgullosa “página web” de la empresa de Gioja y, de pronto, “desapareció”. Es posible, pero no probable, que hayan perdido la vinculación contractual, pero puede pensarse que prefirieron no hacer las cosas transparentes y entonces “bajaron” la información que podía “avivar giles”. Un fiscal federal está investigando la situación, por entender que hay “negociaciones incompatibles” con el cargo electivo que el también empresario minero desempeña.

Para hacer las cosas complicadas, los medios (“La Política On Line”, del 23 de diciembre pasado) sugieren que el actual Secretario de Minería, Jorge Omar Mayoral, tendría -también él- empresas mineras emplazadas en San Juan. Mica y canteras, informan. Con beneficios de promoción industrial, esto es con exenciones tributarias y otras ventajas concedidas desde el poder.

Jueces y parte, dicen. Pero hay más que eso. Está el tema de la obsecuencia y sus “razones”. El famoso “do ut des” de los romanos. Mientras tanto, la protección ambiental para los glaciares sanjuaninos deberá esperar.

Chile quiere adquirir energía eléctrica paraguaya

El ex obispo Fernando Lugo podrá finalmente exportar energía eléctrica en condiciones de mercado al exterior. Pero no la venderá así ni a la Argentina, ni al Brasil, al menos por ahora, desde que ambos países gozan de condiciones de compra preferenciales en función de lo dispuesto en los tratados que crearan los entes binacionales hidroeléctricos de Itaipú y Yacyretá. La exportará presumiblemente a Chile, interesada en adquirirla.

Se trata -en este caso- de la energía que Paraguay genera en la represa de Acaray, que tiene un excedente del orden de los 200 megavatios/hora. Esa energía, puesta en el mercado chileno, podría comprarse a unos 100 dólares el mega. La que se vende, desde Itaipú al Brasil se paga en cambio a un precio irrisorio, esto es a razón de unos 2,5 dólares el mega. De allí el apetito paraguayo, que se ha abierto de pronto.

El tema es que la energía debe ser entregada en la frontera argentina y transportada a los mercados trasandinos a través de nuestro territorio. Ocurre que no somos socios “confiables”, como los hechos parecen haber demostrado a los propios chilenos, atento el incumplimiento argentino en la provisión de gas natural a los mercados trasandinos.

La idea pasa por usar la energía paraguaya en nuestro mercado y suministrar simultáneamente “el equivalente en megas” desde el oeste del país a los clientes chilenos. No es mala. Los técnicos están discutiendo su viabilidad.

Una buena noticia para Lugo, que deberá renegociar los acuerdos vigentes con sus dos vecinos: Argentina y Brasil, en busca de mejores tarifas que las acordadas décadas atrás. Las conversaciones no han comenzado y no hay señales de solidaridad que vengan desde sus países vecinos.

Mientras tanto, la alternativa antes descripta permitirá a Lugo comenzar a soñar con un refuerzo de sus escuálidos ingresos por exportaciones de energía. La alternativa es providencial, quizás.

A confesión de parte, relevo de prueba

Desde hace rato vengo insistiendo en que la ola “progresista” o “bolivariana” que se ha afincado en la región, a veces con fraude, ha traído aparejada una era de corrupción que realmente no tiene parangón alguno en toda la historia latinoamericana reciente.

Ocurre que la mezcla de audacia, arrogancia, desfachatez, intolerancia y totalitarismo que conforma la personalidad de lo que se ha dado en llamar el “chavismo” contiene -en su propia esencia- el germen de la corrupción.

Así lo testimonian -inequívocamente- las patéticas experiencias paralelas de Venezuela, Argentina, Ecuador, Nicaragua y Bolivia.

En la Argentina, por ejemplo, el ex Presidente Néstor Kirchner está siendo investigado judicialmente como cabeza de una aparente “asociación ilícita” (en la que aparecen involucrados casi todos sus colaboradores) organizada -a estar a la denuncia- para delinquir, en función de una presentación realizada por la Dra. Elisa Carrió, una de las principales y más valientes figuras de la oposición.

El fiscal actuante, convencido de que hay, en principio, razones suficientes para investigar, avanza en la promoción de esta causa, radicada en sede penal.

El 30 de diciembre de 2008, al clausurar la reunión de once horas de evaluación a puertas cerradas de su tercer año de gobierno, realizada en Casa Campestre, Morales llamó a sus colaboradores a “no tener miedo” de hacer denuncias sobre casos de corrupción que pudieran conocer, aún cuando ellas se refirieran a miembros del partido de gobierno (el MAS) o a sus funcionarios.

Señaló, asimismo, la necesidad de erradicar la corrupción “dentro de la casa”, para “luego enfrentar a otros corruptos”.

Esto es nada menos que una admisión pública de la infección de corrupción que aqueja a su primitiva “administración”.

Morales identificó al área de los hidrocarburos como la más débil, lo que no es una observación menor, desde que se trata del área de la que come Bolivia toda, que sin embargo es incapaz de abastecer al país y de cumplir con los contratos y compromisos de exportación asumidos por Bolivia. “Sé que muchos (no todos, entonces) están por la patria, no por la plata”, agregó Morales. Entre los asistentes aparecía impertérrito, como si no tuviera nada que ver con los problemas descriptos, su principal colaborador, el Ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, acusado de haber autorizado el paso ilegal, a través de la frontera que separa a Pando del Brasil, de una columna de 33 camiones cargados con mercadería electrónica proveniente de Chile.

Nosotros “nos auditamos a nosotros mismos”

Mientras esto sucede en el ámbito político, en la realidad boliviana las cosas son muy distintas. Todo es manipulación y engaño.

El Contralor de la República, Osvaldo Gutiérrez, que investigaba al menos siete gravísimas denuncias de corrupción contra funcionarios de la administración nacional de Bolivia acaba de ser removido (suspendido, por ahora) y reemplazado por un personero cercano a Morales, Gabriel Herbas, quien, de entrada nomás -cumpliendo con el rol que le fuera asignado- descartó la realización de cualquier investigación relativa al programa “Evo Cumple” porque, dijo, se financia con dineros de los venezolanos, suministrados a Bolivia por Hugo Chávez.

Como se trata de donaciones de Venezuela, el nuevo Contralor sostiene que no corresponde investigación alguna acerca de cómo se manejan esos fondos por las autoridades bolivianas, pese a que los dineros donados se destinan a inversiones concretas en ese país y naturalmente pasan por las arcas de los municipios bolivianos, en los que se invierten. Faltaría agregar, en la insólita línea argumental de Herbas, que las inversiones que se realizan en Bolivia con esas donaciones venezolanas son, por ende, venezolanas y no bolivianas. Quizás lo crea.

Según Herbas, la auditoría de todas las inversiones en Bolivia hechas con dineros venezolanos solo puede ser realizada por venezolanos. Curiosa “concepción” de la soberanía nacional, la de Herbas. Conveniente, por cierto, para aquellos que manejan -a su antojo- los recursos de las donaciones venezolanas.

La ley boliviana dice, naturalmente otra cosa. Las donaciones, como es natural, deben registrarse en el Presupuesto General de la Nación. En rigor, las entidades públicas bolivianas no pueden hacer inversiones, ni gastos, si no es con dineros previamente declarados en presupuestos aprobados. Lo que es natural. Para todos, pero no para el sospechoso Herbas.

Las donaciones recibidas de Chávez debieran estar registradas en cuentas especiales en el Banco Central de Bolivia y manejarse cuidadosamente desde allí. No obstante, los recursos aportados por Chávez no siguieron esa norma.

Lo que sucede en Bolivia recuerda aquello de “donde las dan las toman” y se parece mucho a lo que sucede en la Argentina, en donde algunas de las auditorías están en manos de familiares (hasta esposas) de los altos funcionarios públicos que deben ser auditados y donde hay, por lo demás, jueces que investigan los casos de corrupción pese a los vínculos familiares que los ligan al poder y deciden que no hay razón alguna para declinar su tarea o inhibirse en las causas respectivas.

La corrupción, cuando es un sistema, necesita de la impunidad. Y se empeña en esa tarea. Por esto es necesario que el poder controle a los auditores y pueda influenciar a la justicia. Todo esto se hace en los gobiernos “progresistas” o “bolivarianos”, mientras se pintan engañosamente las apariencias como si las cosas fueran normales. Y no lo son.

La corrupción, enseña la experiencia, es parte esencial del “progresismo” y está ínsita en el corazón del evangelio “bolivariano”, en el que ciertamente no se la define como mal, y mucho menos como pecado. Es en todo caso una suerte de “fenómeno instrumental” con el que hay que vivir, cuidando las apariencias. Horrendo. © www.economiaparatodos.com.ar

Emilio Cárdenas se desempeñó como representante permanente de la Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).


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