Esta nota no es un intento por fogonear una corrida financiera o crear un clima de incertidumbre (en todo caso, es el Gobierno solito quien se encarga de poner todos los ingredientes necesarios para producir pánico en la población mediante su discurso y sus acciones), sino que tiene que ver con la pregunta que me han formulado en los últimos días muchas personas y que circula fundamentalmente entre la gente común.

A decir verdad, no es una locura formularse semejante pregunta, dado que todos tenemos frescos en la memoria lo que sucedió a fines del 2001.

Por otro lado, el gobierno de los Kirchner se ha caracterizado, entre otras cosas, por formular anuncios que nunca se cumplen y por adoptar cualquier medida con tal de mantenerse en el poder.

Anuncios que nunca se han concretado son, por ejemplo, los U$S 30.000 millones de inversiones chinas, los famosos créditos para inquilinos, la lluvia de gas oil y los créditos a tasas del 9% para las empresas y al 12% para el consumo que se anunciaron pocos días antes de las elecciones. Néstor Kirchner también habló de aplicar una política de desendeudamiento. No obstante, luego de haber hecho una gigantesca quita, pagarle toda la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI) y dejando de lado los U$S 28.000 millones que todavía se les debe a los hold outs, el stock de deuda pública supera hoy al que había antes del default.

En cuanto a las medidas, tenemos un Índice de Precios al Consumidor (IPC) dibujado para ajustar en menos del 42% del stock de deuda pública (lo que no es más que un default encubierto), prohibiciones de exportación, destrucción de la ganadería y la industria láctea, indiferencia por mantener el orden público cuando piqueteros adictos al Gobierno hacen escraches a estaciones de servicio o supermercados, ausencia de policía cuando Luis D’Elía sale a repartir trompadas en la Plaza de Mayo por el cacerolazo… y el listado puede seguir.

Lo concreto es que la administración kirchnerista parece no reconocer límites frente al avasallamiento del Estado de Derecho y el sistema republicano de gobierno. Su objetivo está concentrado en mantener el poder de cualquier forma y eso implica adoptar cualquier medida con tal de no perder el control. Se trata de una especie de “el fin justifica los medios”.

Es decir, todo vale, desde no cumplir con las exportaciones de gas a Chile, pasando por manipular el Indec, aplicar impuestos confiscatorios al campo, romper una negociación con los productores por una cuestión de conveniencia política despreciando el futuro del país o tratar de enfrentar a la sociedad inventando conspiradores. Este gobierno puede acusar un día a los fondos de inversión de querer que el Indec muestre una inflación más alta para beneficiarse con el CER, para luego decir que por culpa del campo hay inflación, a continuación denunciar a los supermercados por intentan obtener ganancias desmedidas, culpar a los ganaderos de querer lucrar con el hambre del pueblo argentino y, finalmente, afirmar que hay que dejar de hacer soja para reconstruir la ganadería.

Digamos que si todo es posible en la Argentina, bajo la era kirchnerista ninguna medida puede ser descartada por descabellada.

De manera que la pregunta que es título de esta nota se explica porque el gobierno ha demostrado no ser creíble y porque la ciudadanía percibe que la economía es un caos: se da cuenta que la inflación está descontrolada, que los precios relativos están distorsionados, que se vive un clima de alta tensión política, social y económica y que no se sabe quién gobierna.

Ahora bien, creado el clima de desconfianza, ¿es posible un corralito o alguna acción sobre los depósitos?

El primer dato a considerar es que quien hoy tiene un depósito en pesos en una caja de ahorro puede cobrar, en el mejor de los casos, una tasa de interés cercana al 1%. Con una inflación del 30% anual, quienes tienen pesos en los bancos ven como su capital se licua. Lo mismo ocurre con quienes tiene depósitos a plazo fijo. Con suerte conseguirán una tasa del 12% anual. De manera que, en cualquier caso, la gente pierde plata con estas inversiones en pesos.

Como los economistas pro modelo ya están hablando de hacerle un “service” al actual esquema económico, lo cual implicará aumentar el tipo de cambio, la lógica más elemental indica que mantener los ahorros en pesos significará perder dinero. Agreguemos que, luego de años de alta inflación e hiperinflación, la gente reacciona con rapidez para defender sus ahorros y eso no suele consistir en otra cosa más que refugiarse en el dólar, que en nuestro país viene a ser algo así como el “arca de Noé” frente al diluvio que se avecina.

Veamos algunos números. Los depósitos del sector privado suman, a principios de mayo, $ 165.584 millones, aproximadamente unos U$S 52.000 millones si cada peso se valúa a 3,18 por dólar, igual que el Banco Central (BCRA) valúa las reservas. Por su parte, las reservas del BCRA suman U$S 50.000, pero como hay U$S 19.000 que se compraron contra deuda, las reservas netas son de U$S 31.000 millones.

Un retiro del 20% de los depósitos, que fue lo que se produjo en el 2001, implicaría un retiro equivalente a U$S 10.400 millones. Es decir, el equivalente a un tercio de las reservas del BCRA.

En el 2001, se estableció el corralito cuando el BCRA había perdido la mitad de las reservas. En la actualidad, las circunstancias son diferentes. En aquel momento, la gente tenía depositados dólares y el BCRA no podía emitir dólares para prestarles a los bancos y financiar los pagos en ventanilla. Ahora, en cambio, lo que hay depositados son pesos y el BCRA sí puede emitirlos para financiar los pagos en ventanilla en caso de ser necesario. Entonces, de ocurrir una corrida financiera, el BCRA podría emitir pesos para financiar a los bancos y evitar un “corralito”, si bien a costa de disparar el tipo de cambio y la inflación. La otra alternativa sería, obviamente, impedir la estampida inflacionaria y aplicar el “corralito” o una suerte de “Plan Bonex”.

Hay dos diferencias más entre el 2001 y el presente. En primer lugar, en el 2001 había recesión con baja de precios. Hoy, tenemos inflación con una economía que tiende a desacelerarse por lo primitivo de las medidas económicas. Segundo, en el 2001 no existía la gigantesca distorsión de precios relativos que tenemos en este momento y que todos sabemos que, más tarde o más temprano, habrá que corregir. Combustibles y energía son los casos emblemáticos al respecto.

Veamos las similitudes. En el 2001, la Argentina tenía cerrado el acceso a los mercados financieros internacionales, al igual que ahora. Además, los números fiscales estaban deteriorados, del mismo modo que por estos días tienden a deteriorarse a causa –entre otras– de los crecientes subsidios que deben otorgarse para mantener artificialmente bajos ciertos precios.

En síntesis, los datos que tenemos hoy son: a) que la estructura de precios relativos es un descalabro; b) que la inflación sigue creciendo, c) que el Gobierno no le hace asco a ninguna medida intervencionista, por más confiscatoria que sea, como lo demuestran las retenciones al campo o el default de la deuda ajustada por CER; d) que las expectativas inflacionarias de la gente son crecientes; y e) que la confianza en el Gobierno viene cayendo rápidamente.

El contexto en sí mismo es un caldo de cultivo para una fuga de capitales. De ahí a que el Gobierno establezca un “corralito” o alguna medida confiscatoria de los ahorros de los argentinos hay un trecho. Ese trecho estará definido por la intensidad que adquiera la crisis económica en la que ya estamos metidos. © www.economiaparatodos.com.ar