El fin de semana pasado, el ministro de Seguridad (¿?) de la provincia de Buenos Aires, León Arslanian, concedió un reportaje al diario Perfil, donde afirmó que “en la violencia hay una lucha de clases entre excluidos y no-excluidos”.

Es obvio que, como abogado, el ministro debe conocer la máxima que reza “a confesión de parte, relevo de prueba”. Porque, efectivamente, frente a semejante acto de sinceridad brutal, no le queda nada más que demostrar a aquellos que sostienen que el fracaso de las políticas de seguridad y el subsecuente crimen rampante que azota a la sociedad son consecuencia del prisma ideológico con que se encara el problema. León Arslanian ha dicho, con todas las letras, que la violencia es producto de la lucha de clases. Los protagonistas son, de un lado, los que tienen y, del otro, los que no tienen.

El concepto es gravísimo y explica por qué el problema no se resuelve. Si bien es perfectamente normal que un gobierno popular y democrático tenga una preferencia inicial por los que no tienen, suponer que ellos utilizan la violencia contra los que tienen para “emparejar los tantos” de la justicia es una aberración. Si admito que la violencia es el método que usan mis preferidos para obtener lo que la igualdad no les da, es obvio que autolimito mi accionar para terminar con ella: ir contra la violencia sería, en alguna medida, ir contra aquellos por los cuales tengo predilección.

Si uno continuara esta línea de pensamiento, no tardaría en caer en la conclusión de que Arslanian cree que los excluidos deciden salir a matar, a robar y a secuestrar no-excluidos para sacarles la parte de riqueza que creen que en realidad les pertenece y que está mal distribuida. Es el razonamiento propuesto en “El Manifiesto Comunista” de Marx y Engels, donde se propone que el proletariado debe utilizar la violencia para alcanzar el poder y constituirse como clase dominante: el método consiste en “arrancarle a la burguesía todo el capital” por la vía de “una violación despótica del derecho de propiedad”. Según esta visión, los excluidos que utilizan la violencia contra los no-excluidos serían la avanzada de aquel proletariado que quiere arrancarle a los no-excluidos la propiedad de todo el capital.

A los pocos días de tamaño exabrupto, el secretario general de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Rivas, fue salvajemente atacado y el golpe en la cara que recibió con una manopla le produjo un derrame cerebral que lo dejó en coma. El Gobierno intentó (fallidamente, pero lo intentó de todos modos) hacerle creer a la ciudadanía que el funcionario había sufrido un accidente cardiovascular mientras conducía su auto en la madrugada de Lomas de Zamora, con el objetivo evidente de que el hecho no se inscribiera como un caso de inseguridad que, esta vez, había alcanzado a uno de ellos. El plan falló porque la ciencia demostró que el derrame había sido causado por el golpe. Lo que llama la atención, sin embargo, es que la propia esposa de Rivas, dijera –en un primer momento– que su marido venía sufriendo “dolores de cabeza”. La versión fue desmentida por los propios amigos que habían cenado con el funcionario aquella noche, quienes aseguraron, con todas las letras, que Rivas gozaba de “una excelente salud”.

Caída la intentona, se continuó con el “plan B”: hacer pasar el caso como algo que “sucede en todas partes” y por lo que no hay que preocuparse más allá de inscribirlo como un episodio aislado de robo menor que tuvo un final “no querido”.

Resulta francamente repugnante que funcionarios que se supone deben encarnar la vigencia del Derecho y la protección de la vida y de la propiedad de las personas honradas que no cometen otro delito que no sea el de trabajar tengan este concepto vergonzoso de la problemática del delito y de los delincuentes. Cientos de inocentes, personas honestas que solo vivían para soñar un futuro mejor para sí mismos y para sus familias, han muerto como consecuencia de crímenes horribles que truncaron para siempre la felicidad de los suyos. Creer que ellos son víctimas “justas” que merecían su destino por tener más que sus asesinos constituye una postura insostenible en una democracia de bien nacidos.

Que la ideología pueda nublar hasta tal punto el entendimiento como para llevar a la propia esposa de una víctima a negar la gravedad de la situación por la que atraviesa el país desde el punto de vista de la seguridad física hace pensar, lisa y llanamente, que exponen públicamente esa postura porque, lejos de creer que la sociedad está frente a un problema, consideran que lo que está ocurriendo es lo que tiene que ocurrir: que los que no tienen salgan a sacarles a sangre y fuego a los no-excluidos lo que tienen. Y que los no-excluidos lo tienen que aceptar por su posición de “privilegio” en la sociedad. Si bien se mira, se trata de la misma base conceptual que justifica y argumenta el apriete económico contra los sectores a los que se identifica como “exitosos” de los años 90: como ganaron, ahora tienen que perder. Por otra parte, la concepción conlleva la idea de ignorar la honestidad de la mayoría de los excluidos que aún siguen apostando al trabajo honrado para salir de su escasez.

Solo un odio profundo acompañado de un falso y hueco intelectualismo puede explicar semejante convicción. La conciencia de Arslanian debe ser muy fuerte como para llevar sobre sus espaldas la responsabilidad por las muertes de tantos inocentes. Lo más grave es que quienes deciden nombrar este tipo de funcionarios piensan como ellos. Así, Arslanian podrá cesar alguna vez en sus funciones, pero mientras no se remuevan las cabezas pensantes que entronizan este resentimiento, tampoco se removerán las razones verdaderas de la multiplicación de la violencia y del delito. © www.economiaparatodos.com.ar