A medida que van pasando las semanas, y a pesar del enorme esfuerzo que se hace para transmitir que la economía marcha bien y no hay complicaciones serias a la vista, cada vez es más evidente que el Gobierno está atrapado sin salida en su política económica.

La apuesta a la reactivación vía la expansión monetaria ha llegado al tope de sus posibilidades. La inflación se ha desbordado, literalmente, porque la demanda de moneda ya no aumenta: cada peso que emite el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se va a los precios. Como el BCRA defiende el valor del dólar en vez del valor del peso, tiene que cobrar el impuesto inflacionario para defender la divisa estadounidense. Sin embargo, ese impuesto inflacionario ha licuado el tipo de cambio real, al punto de que algunos sectores empresariales comienzan a reclamar un dólar aún más alto. La gran pregunta es: ¿cómo?

Al mismo tiempo, el aumento de la inflación hace caer el salario real y amenaza al motor de la reactivación desde 2002 hasta ahora, que es el consumo. Para que este no caiga, el Gobierno tiene que otorgar aumentos de salarios que, al menos, igualen la tasa de inflación. El costo de estas medidas implica una pérdida de rentabilidad para las empresas. Por su lado, éstas tienen que optar por ajustar precios o perder capital de trabajo, dado que si venden a precios más bajos luego no pueden reponer el stock de mercadería vendida.

El primer y claro problema en que está atrapado el Gobierno tiene que ver, entonces, con haber ignorado la inversión competitiva como paso inicial y genuino para crecer. Y como la inversión no depende solamente de los precios relativos y otras variables económicas, sino también del respeto por los derechos de propiedad y la previsibilidad en las reglas de juego, la salida del atolladero pasa a ser más complicada porque el matrimonio Kirchner no inspira la confianza necesaria para atraer capitales de largo plazo. Digamos que el principal problema para salir del actual esquema son ellos mismos. Sus formas de actuar, de construir poder y de manejarlo podrán ser beneficiosas en el corto plazo para sus aspiraciones personales, pero totalmente contradictorias con una Argentina que pretenda crecer en el largo plazo.

La decisión del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, de controlar los precios y la estructura de costos de las empresas muestra claramente que la administración kirchernista ignora por completo la importancia del marco institucional como generador de inversiones. La razón es muy sencilla. Si Moreno asigna su tiempo a analizar los costos de las empresas y a determinar si la utilidad que tienen es correcta o no, surge la gran pregunta: ¿qué es una utilidad correcta para Moreno? ¿Cuál debería ser la utilidad de una empresa en la Argentina considerando esta calidad institucional? Porque es de suponer que Moreno no debe creer que es lo mismo la calidad institucional de Holanda que la de nuestro país. Por lo tanto, las tasas de rentabilidad que se les piden a las empresas en ambos países son totalmente diferentes. A menor riesgo institucional, menor tasa de rentabilidad. A mayor riesgo, mayor tasa de rentabilidad. Salvo que Moreno pretenda inventar la pólvora y establecer que para el inversor es indiferente la volatilidad en la reglas de juego, por lo que pediría misma rentabilidad a una inversión hundida en Holanda o en la Argentina.

De manera que lo que pronosticamos en estas páginas durante meses, lamentablemente, comienza a cumplirse. Estamos en presencia de una lucha por la distribución del ingreso que será imparable sin un cambio de modelo económico. Al mismo tiempo, el cambio de modelo económico requiere de personajes con un manejo del poder totalmente diferente al del matrimonio Kirchner.

El segundo problema que los tiene atrapados es el de la energía. Razonando en forma muy precaria, el Gobierno cree que el precio internacional de la energía no tiene por qué estar ligado al del mercado interno. La creencia del oficialismo es que, si el petróleo se produce acá, no hay razón por la cual deba tener el mismo precio que en el mercado internacional. Lo que falla en este razonamiento es que el capital es escaso y hay costos de oportunidad. ¿Por qué invertir para extraer gas o petróleo en un país en donde el precio es menor al internacional si en otros países se puede obtener el precio internacional pleno? El ejemplo más evidente es el de Evo Morales. Después de hacerse el guapo con sus medidas autoritarias y socialistas, descubrió que no tiene recursos para extraer el gas, lo cual lo lleva a decirle a Cristina Kirchner que no puede cumplir con el envío de gas pactado. Este caso es el mejor ejemplo para que los funcionarios del Gobierno entiendan la relación entre instituciones y crecimiento económico.

El tercer problema, ligado al anterior, es el de los subsidios para sostener artificialmente bajos algunos precios de la economía. En 2007, el Gobierno destinó $ 14.626 millones a subsidiar diferentes actividades, 125% más que en 2006. De esa cifra, $ 8.331 millones fueron a parar al subsidio del sector energético, lo que significó aumentar estos recursos un 107% respecto al año anterior. Es decir, el Gobierno duplicó el subsidio a la energía, pero no solucionó el problema energético. Lo agravó. ¿Por qué? Porque estuvo financiando flujos artificialmente bajos con subsidios mientras, por otro lado, completaba el precio artificialmente bajo de la energía consumiendo el stock de capital del sector.

Con el transporte le ocurrió algo parecido. En 2007, asignó subsidios a ese rubro por $ 4.219 millones, un 125% más que en 2006. Sin embargo, los trenes, subtes y colectivos no han mejorado en la calidad de sus prestaciones. Al igual que en el caso energético, cada vez se gasta más plata para tener peores servicios.

Al sector alimentario, el Gobierno le destinó $ 1.810 millones de subsidios en 2007. Ahora volvemos con las prohibiciones de exportar trigo, limitaciones a las exportaciones de carne, controles de precios y de costos del sector, amenazas, entre otras medidas.

Como podemos ver, el Gobierno se ha metido en un serio problema. Retrasa artificialmente los precios de algunos productos y financia ese retraso con subsidios y consumo de capital, con lo cual el problema no termina de resolverse nunca, sino que se agrava, dado que al disminuir el stock de capital se reduce la oferta, el precio sube y el subsidio tiende a crecer.

Veamos de nuevo el caso de la energía. Al productor de gas interno se le paga U$S 1,7 por millón de BTU. Evo Morales nos vende gasta a U$S 7 por millón de BTU. De todas maneras, como el presidente de Bolivia tampoco nos puede abastecer por falta de inversiones, habrá que recurrir a Hugo Chávez para que nos envíe fuel oil a un costo equivalente a U$S 13 por millón de BTU. Es decir que el Gobierno no quiere que el productor local reciba más de U$S 1,7 por millón de BTU, aunque terminará pagando U$S 13 para importar fuel oil. En rigor, ese sobreprecio no lo pagarán ni Néstor ni Cristina, sino los contribuyentes. Toda una curiosidad de este modelo productivo.

Lo que vemos, entonces, es que cada vez hay más inflación, cada vez es más represivo el control de precios, cada vez pagamos más impuestos, cada vez damos más subsidios para tener menos energía y peor transporte. Cada vez nos enterramos más y nos quieren convencer de que estamos en la cúspide del mundo.

El Gobierno está atrapado, y sin salida, en su modelo económico. La puerta está cerrada porque su manejo del poder bloquea toda posibilidad de salir del embrollo en que nos han metido. © www.economiaparatodos.com.ar