La crisis política que surgió en el escenario público luego de la dura contienda entre el campo y el gobierno kirchnerista ha dejado un saldo de cuestiones muy preocupantes y ciertos llamados de atención respecto a la vigencia de los derechos y garantías de la Constitución Nacional. Con razón muchos ciudadanos sintieron rechazo, bronca y hasta un frío en la espalda cuando Luis D’Elía irrumpió a las trompadas en la Plaza de Mayo y volvió a erigirse en el jefe de la barra brava K, sin embargo los peligros y las amenazas son más graves.

Sin restarle importancia a la impunidad que le brindan los Kirchner al ex piquetero para amedrentar, golpear e insultar a cualquiera que no este de acuerdo con el oficialismo, también se registraron episodios graves desde el odio y la intolerancia de personajes más ilustrados y presentables. No cabe ninguna duda que D’Elía representa cabalmente la peor cara del proyecto hegemónico del gobierno pero no es el único. En todo caso es la figura grotesca y trágica. Casi un bufón plebeyo de la corte santacruceña.

Pero la intolerancia y la ceguera ideológica resultan más graves cuando salen de un claustro universitario. Nadie en su sano juicio puede pedirle sentido común, tolerancia y pluralismo a un personaje como D’Elía porque perdería rating televisivo y seguramente quedaría sin empleo, más allá de que sus ingresos seguramente provienen del erario público que se alimenta también de las retenciones a la odiada soja. Pero el decano y el Consejo Directivo de una facultad pública no son piqueteros ni militantes sociales o políticos.

Al profesor Federico Schuster nadie le exige que defienda lo indefendible. O en todo caso tiene todo el derecho del mundo a expresar lo que le parezca como simpatizante kirchnerista pero no en su rol de decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y, para peor, bastardea el espíritu de la reforma universitaria de 1918. Muchos docentes y alumnos lucharon en esos tiempos por la autonomía universitaria para que las autoridades de esa facultad, con una superficialidad alarmante y soberbia, tiren por la borda esos principios y decidan militar abiertamente por el gobierno de turno.

Resulta alarmante que el profesor Schuster se haya olvidado de que esta al frente de una alta casa de estudios de origen público y ese privilegio le impide manejarse como un dirigente o funcionario kirchnerista. Además de que sus ingresos y viáticos son financiados por dinero público, la Universidad de Buenos Aires no debe ser oficialista ni opositora. Por eso a las autoridades de ese claustro no les corresponde tomar partido o concurrir a la Casa Rosada para poner en juego la libertad de prensa.

¿En nombre de quién han sacado un comunicado repudiando el paro contra el campo? De acuerdo a ese texto, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales “considera inadmisible que la adopción de medidas sectoriales de la actividad agropecuaria alcance a presionar sobre los derechos a la alimentación de millones de argentinos”. Y como si eso fuera poco son funcionales a la teoría de la conspiración montada por los K al expresar en ese comunicado “su enfático rechazo a cualquier expresión o pretensión sectorial que cuestione la vigencia del régimen democrático, el respeto a los derechos humanos y la continuidad de los juicios por la verdad, la memoria y la justicia”.

En ningún momento la democracia y el estado de derecho llegaron a peligrar. Nadie quiso desestabilizar al kirchnerismo. Además, muchos argentinos cuestionan la política de derechos humanos que impulsa el gobierno con claro sentido unilateral y de resentimiento. ¿Acaso es un delito discrepar con iniciativas del gobierno de turno? Parecería que si. Pero no se puede usar el sello de una facultad de la UBA para hacerle el juego al oficialismo, más allá del color político. ¿Qué hubieran dicho estos mismos personajes o la elite progresista local si un rectorado de la universidad pública hubiera salido a avalar los indultos o las privatizaciones como política de Estado de la gestión de Carlos Menem?

A esta altura sería interesante saber si las autoridades de esta alta casa de estudios pública ponen la misma energía en garantizar la libertad de cátedra, el pluralismo o en defender el nivel de formación de los estudiantes. Pero resulta más preocupante recordar que, lejos de preocuparse por esos objetivos, salieron luego a criticar la cobertura realizada por los medios de comunicación durante el paro agropecuario.

No sólo dicen que les disgustó el contenido periodístico de los diarios, radios y televisión, sino que además exigen que el Comité Federal de Radiodifusión “realice las investigaciones del caso para dirimir si durante dichas coberturas se han dado a la difusión pública expresiones antidemocráticas o de cuestionamiento a la vigencia del estado de derecho”. Lamentablementes semejantes disparates no provocaron un escándalo ni expresiones de preocupación en el ambiente político, cultural y universitario.

Ante la duda, el viernes pasado ratificaron con soberbia sus conceptos ideologizados y fuera de lugar y además recibieron el respaldo de otros decanos de facultades de la UBA. La autonomía, bien gracias. Una de las cuestiones básicas del espíritu de la reforma universitaria de 1918 tiene que ver con la independencia de criterio de los claustros frente a las presiones de los gobiernos de turno. Pero los miembros del Consejo Directivo de esa facultad no se ponen colorados ni disimulan su militancia kirchnerista. Una clara falta de ética y decoro profesional.

Lo concreto es que ahora ha quedado en tela de juicio el comportamiento de los medios de comunicación y no las actitudes discriminatorias del kirchnerismo frente a la libertad de prensa. Nada dijeron las autoridades de Ciencias Sociales respecto al manejo arbitrario de la pauta publicitaria, al “oficialismo berreta” del diario Página 12 (premiado con millones de pesos de publicidad estatal) o los permanentes ataques de Néstor y Cristina Kirchner a muchos miembros del periodismo, como lo expresa en sus condenas anuales la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Pero el peligro autoritario sigue vigente. El sociólogo Horacio González escribió el martes en Página 12 una diatriba llamando a la censura encubierta en nombre del “progresismo”. De acuerdo a este enfoque los medios de comunicación deben aceptar nuevas normas de trabajo sobre la base de una incomprensible “autorreflexión social” que debe ser impulsada por el gobierno.

“Es necesario reconocer que declaraciones como las que recientemente produjo la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA se acercan al ideal autoreflexivo que exige la compleja esfera contemporánea”, agrega González. En otras palabras el concepto de autorreflexión es una apología encubierta a censurar los contenidos periodísticos que no le gustan a K. Lo más patético es que este sociólogo es funcionario público. Es decir, le pagamos el sueldo con nuestros impuestos y encima es el director de la Biblioteca Nacional, cargo que ocupó Jorge Luis Borges en la década del 50 antes de ser arbitrariamente cesanteado por sus discrepancias con el peronismo. Paradojas del triste destino argentino. © www.economiaparatodos.com.ar

Alberto Valdez es periodista y consultor de empresas.