No hay atril disponible en el ámbito público sin que la presidente Cristina de Kirchner deje de utilizarlo para machacar que “la mano invisible del mercado no sirve y sólo la intervención del Estado puede arreglar esta crisis financiera”. Es evidente que ha tomado partido y repite la letanía de los adoradores del Estado sobre todo desde que ella y su marido llegaron a ocuparlo.

Pero todavía no se ha dado cuenta de que el Estado funciona con la burocracia que depende de su mando y que demuestran una ineficacia absoluta cuando enfrentan la ola de delincuencia que nos asola, cuando resultan impotentes para prevenir los accidentes de tránsito en las rutas del país, cuando son incapaces de asegurar la continuidad en la enseñanza escolar, cuando son inoperantes para desarrollar un programa de mantenimiento mínimo en los hospitales públicos, cuando no saben construir viviendas decorosas mediante planes habitacionales pomposamente anunciados, cuando carecen de ideas prácticas para simplificar y eliminar trámites administrativos inútiles y cuando ignoran cómo puede hacerse una reforma impositiva que facilite la capitalización de las empresas y la creación de puestos de trabajo.

Por esta preocupante desconexión entre el discurso y la realidad, la señora Cristina no repara que la crisis financiera mundial -iniciada en EE.UU. con las hipotecas subprime- no es un ejemplo de los “fallos del mercado”, sino el resultado de la excesiva “intervención reguladora del Estado” al pretender sustituir el mercado por sospechosas manipulaciones políticas.

Para su conocimiento, brindamos una explicación objetiva sobre los hechos que están desarrollándose en estos momentos y que, dentro de poco, afectarán a nuestro país. Porque la soja o “yuyo presidencial” que servía para hacer la caja política, ha caído en pocos días desde u$s 600 por tonelada a menos de u$s 400, haciendo inviable cualquier alícuota de retenciones.

La ley Glass-Steagall Act

La actual crisis tiene un antecedente lejano en la severa ley bancaria dictada en EE.UU. en junio de 1933 para poner término a la crisis mundial del 30. Fue propuesta por Carter Glass, ex secretario del Tesoro, y el senador Henry Steagall. Establecía de manera tajante la total separación de las actividades bancarias y las operaciones bursátiles. Los bancos no podían tener bajo su control a ninguna sociedad de bolsa, ni percibir ingresos del mercado bursátil superiores al 18 % del total. También fueron vetados de participar en los manejos de fondos de pensiones, en la contratación de seguros o intervenir en directorios de empresas industriales y comerciales. Para mantener una competencia leal entre ellos se les aplicó la ley antimonopolio (Sherman Antitrust Act) y así comenzaron a constituirse los bancos locales, estaduales y nacionales con la máxima garantía para los depositantes. En 1985, bajo la presidencia de Ronald Reagan se les permitió funcionar como asesores de inversiones para captar recursos del público, pero el dinero de los inversores debía ser administrado por fondos de inversiones independientes. Los bancos tenían prohibido participar en el manejo de tales inversiones. Poco a poco se llegó a pensar en obligarles a mantener un encaje del 100 % en efectivo y dividir las operaciones a la vista de los depósitos a plazo fijo, calzando los plazos de préstamos y depósitos. Paralelamente al sistema de bancos comerciales funcionaban las sociedades de bolsa y los administradores de inversiones de riesgo. El sistema funcionó a la perfección y con las máximas garantías hasta principios del año 2000.

La ley Gramm-Leach-Bliley Act

En 1999 Bill Clinton promulgó una reforma pro-especulativa del sistema bancario. La prudencia financiera de la ley Glass-Steagall fue derogada y con la nueva legislación comenzaron a permitirse fusiones de bancos y se dio piedra libre para que los bancos comerciales absorbiesen firmas de corretaje de bolsa, compañías de seguros y emisores de tarjetas. De esta forma se produjo la concentración de los bancos, que dejaron de ser entidades financieras de una ciudad para ser internacionales. Por otro lado, al ocuparse de depósitos, seguros, inversiones y tarjetas de crédito podían acumular datos de una misma persona y manipular su patrimonio. El nuevo sistema facilitó la pérdida total de la privacidad de las personas que operaban en bancos.

Al mismo tiempo, la ley Gramm-Leach-Bliley abrió las puertas para que las viejas casas de asesores bursátiles o compañías de gestión de patrimonios, inventaran creativos instrumentos financieros amparados en una argucia jurídica que se denominó “securitizaciòn” o “titulización”. Consistía en transformar una serie de activos reales-inmovilizados, en activos financieros-líquidos para especular en el mercado de valores. Después de la “securitización” se armaban “paquetes” contra los cuales se emitían papeles negociables denominados “derivados financieros” o “bonos estructurados” los que en definitiva estaban respaldados por simples notas y papeles comerciales, es decir, la nada de la abstracción financiera. Allí nacieron las burbujas financieras que tuvieron una enorme aplicación en el campo de las hipotecas subprime de 2º y 3º grado.

La capitalización sin ahorro genuino

Hay que comprender que con este procedimiento de ingeniería financiera, cambiaron los métodos de financiamiento de las empresas industriales y comerciales. Pasaron de la tradicional recolección de ahorros genuinos -invertidos en acciones- y del autofinanciamiento por reinversión de utilidades, a lo que se llamó “financiamiento mediante deudas” o “apalancamiento”.

Desde entonces, este galimatías pudo realizarse de tres maneras: (a) con emisión de papeles comerciales –derivativos- que comprometen un activo fijo en particular, ofrecido como garantía del pago de intereses, (b) con arrendamientos a largo plazo de bienes de uso mediante los contratos de leasing tal como lo hacen las compañías aéreas con sus flotas de aviones y (c) con pasivos de pensiones, consistentes en la emisión de “bonus” (denominados en el argot financiero americano “golden parachutes”) que aseguran a ciertos ejecutivos cobrar una jugosa renta diferida cuando sean despedidos o se retiren de la compañía. Estos planes de pensiones tienen beneficios bien definidos que dependen del valor acumulado en los fondos de sus cuentas particulares. Uno de esos ejecutivos, en Goldman Sachs, fue precisamente hasta hace pocos años, el actual secretario del Tesoro americano Henry M. Paulson, Jr. quien llegó a cobrar honorarios plurianuales por u$s 111 millones y a quien el proyecto de salvataje otorgaba piedra libre para administrar el rescate de u$s 700.000 millones, que incluía a su ex-empresa.

Conservadores del pueblo y progresistas oligarcas

La reciente crisis financiera ha producido una paradoja en EE.UU. Los llamados progresistas antiliberales han estrechado filas para salvar lo que aquí llamaríamos la “patria financiera”, mientras que los denostados ultraconservadores se han puesto a defender a los ciudadanos comunes que nunca participaron de la juerga financiera pero que tendrán que absorber el costo impositivo si el proyecto de salvataje resulta tal como fue presentado ante el Congreso americano por Henry M. Paulson, Jr. y apoyado por la multimillonaria demócrata Nancy Pelosi, el candidato Barack Obama y la familia Bill Clinton. Lastimosamente el proyecto también fue secundado por John Sydney McCain quien no pudo jugarse por un liderazgo independiente de su actual compromiso con el presidente George W. Bush.

De todas maneras, el proyecto de salvataje en favor de los banqueros responsables de la crisis financiera que acaba de estallar, reclamaba al Estado que los salve de su propia imprudencia. Por eso produjo una revulsión insólita entre los partidos políticos mayoritarios. Los conservadores republicanos y los conservadores demócratas se unieron contra los progresistas de derecha y los progresistas de izquierda para rechazar ese proyecto en la cámara de representantes porque significaba un fraude moral o “moral hazard”, consistente en permitir que unos irresponsables arriesguen la fortuna ajena sin pagar las consecuencias de su deplorable aventura.

Propuestas ultraconservadoras

Las propuestas de los ultraconservadores republicanos y demócratas son muy sensatas. Admiten el salvataje para impedir que la economía americana termine en un largo y doloroso período de depresión semejante al de los años 30. Aceptan que el secretario del Tesoro pueda comprar deuda tóxica o de mala calidad a bancos, fondos de pensiones y gobiernos locales, pero bajo condiciones:

1. Disponer de inmediato u$s 250.000 millones, otros u$s 100.000 millones si el presidente Bush lo considera necesario y finalmente u$s 350.000 millones si el Congreso estuviera satisfecho con la ejecución del programa.

2. Exigir legalmente que los contribuyentes americanos reciban warrants (derechos de compra de acciones) para convertirse en dueños de los bancos en salvataje y puedan vender esos derechos cuando se recuperan en el futuro.

3. Limitar los sueldos y honorarios de los CEOs de bancos especulativos de la siguiente manera: (a) aumento del impuesto a la renta a las entidades subsidiadas si sus directivos cobran sueldos por encima de u$s 400.000 anuales y (b) anular el sistema del “golden parachute” para que los responsables de la crisis no cobren fortunas cuando se liquiden los bancos que mal administraron.

4. Aplicar los fondos del salvataje a renegociar las hipotecas con el fin de ayudar a los propietarios, deudores de buena fe, y evitar el desahucio o expulsión de su vivienda por falta de pago

5. Requerir a los bancos especulativos o a quienes los adquieran por compra o fusión que contraten seguros para cubrir su cartera de títulos vinculados a las hipotecas subprime.

6. Impedir las operaciones de ingeniería financiera a través de instrumentos estructurados respaldados por notas y papeles comerciales sin valor cierto.

7. Prohibir a los bancos comerciales realizar operaciones de seguros, tarjetas de créditos propias, inversiones bursátiles y canalización de ahorros hacia inversiones de riesgo.

Para el próximo discurso en el atril

Después de esta breve reseña, la presidente Cristina tendría que rever sus ideas económicas, reflexionando sobre la paradoja americana donde los ultraconservadores apuestan por el hombre común y los progresistas se alían con los buscadores de rentas.

Si deja de lado sus prejuicios partidarios, seguramente comprenderá que el Estado no tiene derecho a controlar la vida de las personas ni a impedirles elegir su propio destino. Al mismo tiempo debiera abandonar su hosquedad contra el Mercado, porque si el Gobierno no se entromete y sólo actúa para que ningún poderoso ejerza predominio, siempre el Mercado funcionará mejor que el Estado. Y ello sucede porque el camino para la comunidad de seres libres no es enajenar su libertad en manos del Estado, ni de la colectividad, ni del sindicato. Los individuos tienen el derecho originario e inalienable de determinar sus propios valores y vivir conforme a ellos. En cambio, el control estatal sobre la vida, la libertad y la actividad de los hombres, los convierte en esclavos que responden a la voz del amo. Nadie tiene derecho a imponer sus valores a los demás ni a ponerles de rodillas.

Cuando así lo entienda, la presidente Cristina llegará a darse cuenta que su utopía progresista no sirve para nada y que ellos, los políticos, son exactamente iguales a los demás hombres de otras profesiones, que persiguen sus intereses individuales muchos de los cuales son más despreciables que los de las personas comunes porque cuentan con el poder, disponen de la fuerza y manipulan las leyes. © www.economiaparatodos.com.ar

Antonio I. Margariti es economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad de Rosario.