Hace ya muchos años -diciembre de 1974- aquel brillante y agudo filósofo argentino que fue Jorge L. García Venturini nos alertaba acerca de nuestra indiferencia y desaprensión por la integridad ética o la depravación moral de quienes se postulaban para cargos electivos.

Sostenía que demostramos gran desinterés por la trayectoria privada de quienes actúan en política y sólo prestamos atención a las promesas hechas durante la campaña, esperando conseguir ventajas cuando ocupen los cargos públicos.

Según su opinión, creemos incautamente en candidatos que nos ofrecen privilegios, sin reparar que los mismos significan quitar a unos para dar a otros y sobre todo perder la dignidad personal. Este sesgo utilitarista que nos caracteriza, termina resignándonos con los peores personajes, a los cuales justificamos con el falso argumento de que su picardía es una necesaria virtud política.

Por lo cual, García Venturini creó dos imaginativos términos: “la chantocracia” y “la kakistocracia”.

“Chantocracia” es el gobierno del chanta, que en el lunfardo porteño significa esencialmente un embaucador, embustero y trepador, alguien que habla mucho sin decir nada. Los chantas son personajes que no hacen lo que dicen sino todo lo contrario, pero poseen una gran capacidad para confundir y convencer a quienes los votan.

Refinando el concepto, encontró también el término “kakistocracia” como superlativo de la palabra griega kakos, que significa malo y también sórdido, sucio, vil, incapaz, innoble, perverso, nocivo y funesto. Por eso, definió a la “kakistocracia” como el gobierno de los peores.

Si hubiese vivido en la actualidad, quizás habría utilizado la expresión “gobierno cleptómano” para definir al equipo de gobernantes y legisladores que tienen un trastorno patológico que los impulsa a robar el dinero de la sociedad a través del Estado.

A contramano del mundo

El mundo entero ha tomado muy en serio la actual crisis financiera originada entre los años 1997-2001 bajo el gobierno de Bill Clinton, a raíz de una serie de desafortunadas intervenciones que implicaron otorgar patente de corso a la banca de inversión. Esas leyes no fueron corregidas a tiempo por el gobierno de George W, Bush puesto que su interés personal estaba puesto en la industria bélica y las empresas contratistas relacionadas con la guerra de Irak como Halliburton, Bechtel, Dyncorp y compañía.

Producido el estallido de las hipotecas subprime, los gobiernos de los principales países industrializados comprendieron que la crisis de los derivados financieros y los bonos estructurados, implicaba una colosal estafa y la destrucción del dinero virtual representado por esos papeles securitizados. Por lo tanto sus políticas anticrisis consistieron en reponer tanto dinero como el que se volatilizaba, otorgando cuantiosos fondos a los bancos para que los depositantes no perdieran la totalidad de sus ahorros. Esa política se ejecutó utilizando el crédito que dispone cada gobierno y, además, reduciendo impuestos a las empresas para bajar sus costos sin disminuir los consumos de las personas físicas por falta de dinero o aumento en los precios.

En cambio, la pareja gobernante de Argentina está obrando exactamente al revés que todo el mundo.

Como tienen una defectuosa visión de la realidad y como el centro de su interés está ubicado exclusivamente en el propio y particular patrimonio -que administran con excelentes resultados- todas las medidas que vienen anunciando, tienen un solo y único propósito: asegurar y aumentar la recaudación del dinero que está en poder de las personas.

En lugar de proporcionar liquidez a la gente, se la arrebatan para que la caja política quede intacta y esté en condiciones de seguir comprar voluntades, financiando las próximas elecciones legislativas de 2009.

Por eso, prorrogan un tributo tan repulsivo como el impuesto al cheque, aumentan el impuesto al gasoil, postergan la derogación de la inicua tabla que Machinea ideó para aumentar el impuesto a las ganancias y auspician una indecorosa moratoria fiscal para incrementar la recaudación y sobre todo para barrer de un plumazo cualquier amenaza penal-tributaria a las fortunas de la propia tropa patagónica.

El mismo criterio recaudatorio persiguen los cuatro paquetes de un increíble plan procíclico, anunciado por la presidente como plan anticrisis. Como consecuencia de estas medidas, el país quedará encorsetado dentro de un pasadizo casi dantesco para el próximo año 2009.

Blanqueo de capitales

Así como las palabras constituyen la representación del pensamiento, la sola enunciación del término blanqueo ha obrado como una íntima confesión de la presidente. El blanqueo es una operación para poner en blanco lo que estaba sucio o limpiar lo que era ilícito. En cambio la repatriación de capitales es una apelación al regreso espontáneo de aquellos bienes que se expatriaron buscando mayor seguridad y menor presión fiscal. Son dos cosas bien distintas.

El blanqueo anunciado debe ser el primero que en el mundo permite justificar capitales sin obligación de repatriarlos. Para lo cual proponen establecer una simple tasa del 8 % autorizando que el dinero siga permaneciendo en el exterior. Habiendo recibido las aguas purificadoras del gobierno argentino, los blanqueadores podrán mostrar arrogantemente un origen presentable de su fortuna. No existe mecanismo más barato para justificar dinero mal habido de funcionarios que cobran por sobreprecios; o el dinero público que los gobernantes transfieran al exterior colocándolos vaya a saber a nombre de quién; o las fortunas que los narcotraficantes necesitan limpiar sin necesidad de traerlas al país. Este blanqueo puede ser asimilado a la compra-venta de pasaportes oficiales que necesitan ciertos delincuentes para escabullirse de los controles internacionales, amparándose en un certificado fraudulento otorgado por el gobierno argentino.

Lo extraño e incoherente de esta propuesta presidencial, consiste en que este jubileo extraordinario se produzca pocos días después que el mismo gobierno se haya incautado de ahorros jubilatorios por u$s 30.000 millones que la clase media tenía depositados a su nombre en cuentas bancarias de las AFJP y que simultáneamente, sea el coronamiento de la más importante estampida de capitales soportado por el país, que en diez meses de este año 2008, representaron la huída de u$s 22.500 millones.

Blanqueo de la mano de obra

La segunda iniciativa de este extraño plan procíclico, también da lugar a pensar en la existencia de una cierta cleptomanía porque consiste en ofrecer a miniempresas, que tengan menos de 10 empleados en negro, perdonarles la omisión de pago de los impuestos atrasados sobre salarios -82 % del salario de bolsillo- siempre que confiesen esta falta y empiecen a pagar de inmediato los nuevos aportes. En pleno comienzo de una recesión, no hay manera de explicar esta medida que obliga a las pequeñas empresas a desembolsar un dinero que no pudieron pagar cuando el panorama era más halagüeño y que demuestra a las claras que la única intención que tienen en la mente no es el estímulo keynesiano de la demanda, sino la angurria por engrosar las partidas de la caja política manejada desde la intimidad conyugal en Olivos.

Una medida realmente estimuladora para el blanqueo de la mano de obra hubiese podido consistir en establecer una compensación entre el pago de las cargas sociales sobre los salarios con los importes que mensualmente deben depositarse por el IVA, con lo cual las empresas de cualquier tamaño y condición podrían mantener a la mano de obra que no estaba registrada sin que ello les signifique ningún desembolso mayor en pleno período de crisis financiera. Pero es evidente que esta última propuesta no les aportaría dinero a la caja política manejada por el “shadow-president” o presidente en las sombras, quien dispone de estas medidas en la oscuridad de Olivos.

Contratación de nuevo personal

Según el anuncio de la presidente, la tercera medida serviría sólo para las pequeñas empresas y representaría una disminución de los aportes patronales (no de las retenciones al trabajador) del 50 % en el primer año y del 25% en el segundo año. Si esta disposición se conecta con la vociferante propuesta del legislador delegado por la CGT oficialista, en el sentido de que van a disponer la triplicación de la indemnización por despido o la aplicación de normas, como la sancionada en la provincia de Santa Fe, prohibiendo lisa y llanamente por ley el despido del personal innecesario, resulta ridículo imaginar que alguien, en su sano juicio y tratándose de empresas de pequeña dimensión, se disponga a contratar nuevo personal sólo porque le reducen las cargas sociales en cifras tan exiguas. Nuevamente, en esta parte del paquete del plan procíclico, queda en evidencia que el propósito fundamental no es otro que aumentar la recaudación de aportes y contribuciones ofreciendo una rebaja inicial poco significativa para tener asegurado el pago pleno después del segundo año.

Mega inversiones en obras públicas

La cuarta medida de este extraño plan consiste en el anuncio de un misterioso programa de inversiones en obras públicas manejado por el intocable ministro de Planificación Julio de Vido, a desarrollarse en cinco años por un monto de $ 71.000 millones sin que se conozca la existencia de ningún programa o mero listado de obras. En el fondo, ello supone la intención de alimentar las nuevas licitaciones de obras de donde se obtienen jugosas participaciones que luego investiga la justicia, pero que no pasan de meros anuncios publicitarios y de inversiones en equipamientos que suelen costar dos y tres veces más que el precio normal de mercado.

Es otra corruptela que se improvisa en un marco de aguda crisis financiera mundial.

También en este caso, no quedan dudas que las extrañas medidas del plan anunciado sirven tan sólo para engrosar la caja paralela que permite comprar aquellas lealtades de “los amigos que el oro me produjo, donde todos gozaban de esplendente lujo, pero mi madre, no” tal como lo señala la emotiva poesía de Almafuerte en el tango “A mi madre” de Carlos Gardel y José Razzano.

La moraleja de este incoherente e inconexo plan procíclico no hace sino reforzar la idea de que el gobierno no gobierna para la sociedad. En el mejor de los casos gobierna para el Estado, pero habitualmente lo hacen para armar y usufructuar negocios, aprovechando cualquier circunstancia para acumular poder y dinero. Por eso, queda en duda la razonabilidad, la factibilidad y la oportunidad de este paquete de medidas que parecen dar la razón a Jorge L. García Venturini. Sólo cabe esperar una aceleración de la huída de capitales hacia una moneda que ofrezca condiciones de estabilidad y seguridad jurídica y una inevitable desaceleración de la actividad económica. Por eso no existe más que un patológico impulso a quedarse con el dinero de la gente, lo cual indica que en lugar de enfrentar la crisis con medidas keynesianas están provocando una recesión con desocupación, típica de los ignorantes recargados de avaricia. © www.economiaparatodos.com.ar

Antonio I. Margariti es economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad.