El Gobierno ha dispuesto aumentos extravagantes en las tarifas de los servicios energéticos. Son cifras desopilantes tanto en energía eléctrica como en gas. Para ambas, el Defensor del Pueblo de la Nación interpuso recursos para que las personas puedan no pagar los aumentos y, aun así, no se les corte el servicio. Ya consiguió el respaldo judicial en el caso de la luz y ahora va por el gas. El ministerio de Julio De Vido, para quien un día iba “a llover gasoil”, apeló el fallo.

Estos acontecimientos son la confesión tácita de que la política energética del gobierno ha sido calamitosa y ha condenado a la Argentina a un estado de situación altamente incompatible con sus posibilidades. Un país que exportaba gas hasta no hace mucho (fruto de las inversiones que habían llegado atraídas por las condiciones que sujetaban el negocio a los precios internacionales) ahora debe importarlo y sin horizonte seguro sobre su abastecimiento.

En materia eléctrica se les dijo hasta el cansancio que la miopía con que estaban manejando los precios que retribuían la generación condenaría a la Argentina a la pérdida de las inversiones, al consumo del capital invertido y, por fin, debido a la demanda siempre creciente, al colapso del sistema. No escucharon a nadie. Mezcla de ideología hueca, demagogia barata, abundante burrada cuando no cínico cálculo económico para depreciar a las empresas y después mandarlas a comprar por un amigo prestanombres, pisaron los precios hasta hacer el negocio inviable.

Pero como ni ellos pueden vivir sin luz (o ahora muchas empresas ya pasaron a manos de sus amigos), el Gobierno se descargó con la desmesura que ha hecho trepara las facturas normales de una casa de familia a cifras de cuatro dígitos.

¿Así que éste era el gobierno de la Justicia Social y el de la defensa de los que menos tenían?

En realidad si la demagogia y los “negocios” no los cegaran habrían advertido que la mejor manera de ser justo socialmente era seguir las retribuciones energéticas por el marco de los precios internacionales. De ese modo los ajustes hubieran sido absolutamente graduales y la población no los habría notado. Al mismo tiempo los oferentes hubieran seguido teniendo precios competitivos para invertir con lo cual se habría producido más energía y ello habría hecho mantener o bajar proporcionalmente los precios “de veras” y por la acción de la bota demagógica.

Como no podía ser de otra manera el ministro “hablatutti” Aníbal Fernández salió con una de sus acostumbradas teorías del disparate. El Ministro de Justicia y Seguridad (¿?) dijo que estos aumentos se iban a aplicar a aquellos que durante los últimos años, pudiendo pagar más, se habían beneficiado con las tarifas bajas. ¡Pero si eso fue lo que se les dijo por años…! ¡¿Por qué no lo hicieron antes pero de manera mesurada ajustándose a las necesidades de la gente!?

Además, esta teoría, que yo llamaría del “bandazo”, repetida en más de una ocasión, según la cual el país debe ir como un péndulo violento de extremo a extremo permitiendo hacer millonarios a algunos durante algún tiempo y luego condenar a esos mismos como si fueran la última lacra social señalándolos como los que tienen que perder porque “han ganado mucho”, es antisocial por definición y no puede constituirse en la brújula que ordene a la sociedad y según la cual se decida la suerte de las personas.

Cualquiera sea la causa (ignorancia, demagogia, ideología o el cinismo de “los negocios”) lo cierto es que los argentinos hemos perdido casi seis años que no se recuperarán por la afiebrada idea de que puede condenarse a la sociedad a pagar de golpe lo que el bolsillo común no soporta. Las obras que no se hicieron no surgirán de la nada aunque se cuente con todo el dinero del mundo, junto y de golpe. Si las motivaciones de esta política ha sido la burrez, la demagogia o la ceguera ideológica habría que sentir pena. Si encima su razón fuera el “cinismo de los negocios” habría que desarrollar otros sentimientos que expresaran mejor lo que el pueblo sentiría en ese caso. © www.economiaparatodos.com.ar