Hace apenas unos días, fuimos testigos de una bochornosa claudicación de la dirigencia empresaria argentina, que asume una cuota de culpa por el estado de decadencia cívica y degradación institucional en que estamos sumergidos.

Alguien puede pensar que la palabra “claudicación” es muy severa y exigente. Pero así es, porque tiene dos significados concordantes. Por un lado, implica faltar a los deberes o a los principios y, por otra parte, equivale a ceder, rendirse y someterse. En ambos casos, la claudicación consiste en haber actuado con desdoro.

Las circunstancias que han dado lugar a estas consideraciones son harto conocidas.

En la ciudad de Rosario, la Fundación Libertad organizó el “Foro anual de economía y negocios”. Durante su desarrollo, pronunció un discurso -indudablemente emotivo y sincero- el presidente de la Fiat Argentina, Cristiano Santiago Argentino Ratazzi.

Este destacado empresario, nacido en Tandil, es hijo de la legendaria canciller italiana Susana Agnelli, miembro de una de las más nobiliarias familias italianas y propietario de una importante empresa automotriz de Torino.

Hasta tal punto Fiat ocupa un lugar de predominio mundial, que el presidente de EE.UU. Barack Obama está presionando a Chrysler para que se salve de la bancarrota aceptando la fusión con Fiat y que General Motors, a su vez, pueda continuar operando vendiéndole a Fiat la empresa Opel de Alemania y las plantas industriales en América Latina, incluyendo la moderna fábrica de General Lagos en Argentina.

Cristiano Ratazzi dijo en Rosario lo siguiente: “La UIA ahora cambió y habrá un acercamiento más grande con otras organizaciones entre las cuales está la Mesa de Enlace agropecuaria y la AEA, con lo cual vamos a tener una mayor cohesión con la industria privada”.

De este modo, diferenció la actual conducción de la UIA y señaló que “a partir de ahora se hablará más de competitividad, de eficiencia y desarrollo y menos de vivir de prebendas. Cuando todo andaba bien era imposible plantear cuestiones de principios, sin embargo pese a eso, hace un año les dije que acá se acabó la joda. Lamento que Argentina no supiera aprovechar el período 2003/08 para arreglar las cuentas pendientes, como llegar a la inflación cero y lograr competitividad a través de superávit fiscales reales, que son los que se logran sin inflación”.

Con respecto a la devaluación, Ratazzi habló del reclamo plañidero en demanda de un tipo de cambio competitivo, diciendo que “a cualquier industrial le conviene el cambio más alto posible, pero debe ser compatible con una situación en la cual hay que llegar a reducir la inflación a cero. Creo que lo que se hizo en 2002 no puede hacerse muchas veces y tampoco fue tan genial como dijeron algunos colegas. Me parece que fuimos unos burros, pero algunos están convencidos que salvaron la Argentina”.

También se pronunció en contra del aislamiento mundial para enfrentar la crisis advirtiendo que “Argentina es el único país que no aprendió una de las lecciones que dejó la crisis de 1929, como es la no- implantación de políticas aduaneras proteccionistas”.

Bastaron estas palabras tan sensatas para que, después de una reunión privada entre un alto dirigente de la UIA y la presidente Cristina, se desatara una lluvia de críticas contra Ratazzi por parte de diversos sectores empresarios. También desde asociaciones de comerciantes nucleadas en CAME atacaron a Ratazzi diciendo que eran palabras desafortunadas y alabando las medidas de la presidente de la Nación como incuestionablemente favorables a la industria nacional.

Las censuras a las opiniones libremente vertidas llegaron hasta exigir que el empresario de la Fiat debiera “ratificar o rectificar” sus ideas y en el primer caso lo amenazaron con la expulsión de la UIA. Estas actitudes son la prueba indudable de la claudicación de la dirigencia empresaria local, su falta de valentía y la sumisión abyecta ante el humor de los gobernantes de turno.

Obligaciones de los empresarios con la sociedad

En circunstancias tan críticas como las que institucionalmente estamos viviendo hoy en día, los dirigentes empresariales tienen graves obligaciones para con la sociedad.

Por su privilegiada posición social y por la exigencia de poseer una cultura elevada, los empresarios y su dirigencia, deben comprender que junto al Gobierno, tiene que existir un conjunto de hombres que defiendan aquellas fuerzas y valores que están por encima del Estado.

Esta es una demanda social, de contrapeso específico frente al Estado, que les requiere acción denodada, imperturbable e independiente frente a las acechanzas de la tiranía política y la prepotencia de funcionarios propensos al exceso.

Cualquier sociedad sana debe contar entre sus empresarios, con una autoridad moral competente, que reclame la verdad incorruptible de que el Estado existe para servir a los rectos fines y planes de los individuos y no que los individuos sean meros insectos manipulados y aplastados por el Estado.

Alguien, en el mundo empresario, debe decir hasta dónde tiene que llegar la acumulación de poder y señalar los límites a la fría aspiración de dominio, aun cuando ello no coincida con la voluntad y el capricho de los gobernantes.

También algunos, desde el campo empresario, deben reclamar porque la justicia sea superior a los intereses y propósitos transitorios del gobierno.

La actitud de señalar los principios y de cumplir con el deber, está representada por las obligaciones que los empresarios y sus dirigentes asumen irremediablemente por el simple hecho de ser lo que son, frente la sociedad civil y ante el futuro de la patria.

1º. Están moralmente obligados a establecer en su empresa un espíritu de cooperación considerando a sus obreros, empleados y dependientes como colaboradores en la apasionante tarea de crear bienes y servicios útiles, sobre todo en momentos de graves crisis como los actuales, que amenazan con la destrucción de los puestos de trabajo.

2º. Tienen el deber de promover, apoyar y sostener en el ámbito social y político en que se desenvuelvan, la defensa de la paz social que sólo puede ser garantizada por un orden social basado en la libertad, la justicia y la equidad.

3º. Asumen el compromiso de respetar a rajatabla las leyes justas, pero de la misma manera están comprometidos a resistir y oponerse frontalmente a cuantas leyes inicuas sean sancionadas ilegítimamente.

4º. Deben hacer gestos y dar ejemplo de justicia distributiva frente a las necesidades sociales más apremiantes del prójimo que los rodea.

5º. Tienen que mantener una comunicación permanente con la sociedad, sus accionistas, trabajadores, proveedores, clientes, inversores, pensionados y jubilados, informándoles sobre los propósitos, esfuerzos, necesidades, riesgos, peligros y oportunidades que ofrece la empresa privada a la sociedad.

6º. Están obligados en conciencia, a cuidar y mejorar el medio ambiente circundante, para que la naturaleza que nos rodea sea heredada en mejores condiciones por nuestros descendientes.

7º. Deben asumir la grave responsabilidad de que las actitudes, los productos y los avisos publicitarios de sus empresas no causen escándalo a las jóvenes generaciones que nos sigan en el transcurso del tiempo. Frente a la sociedad, también tienen que dar muestras escrupulosas de que están preocupados por proteger la inocencia y el candor de los niños, el buen ejemplo y la exaltación de las virtudes cívicas y morales, repudiando el estímulo del odio, la venganza, la calumnia y las bajas pasiones.

La valiente actitud de Cristiano Ratazzi, en uso de sus legítimos derechos a expresar libremente sus opiniones, ha puesto en blanco sobre negro estas exigencias.

Los empresarios y su dirigencia deben prestigiar la jerarquía natural de los méritos humanos en lugar de ceder a la tendencia actual de exaltación de la grosería, del mal gusto, de la chabacanería, del insulto personal y de la sumisión bastarda para obtener beneficios materiales que denigran a quienes los reciben. Así habrán cumplido con su deber, simplemente. © www.economiaparatodos.com.ar

Antonio I. Margariti es economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad.