En nuestro país seguimos flotando a la deriva. Ningún personaje encumbrado, sea presumido o calificado, ramplón o incompetente, alcanza a ver los problemas que inexorablemente se nos vienen encima.

Quienes nos gobiernan parecen amarrados a resentimientos del pasado. Muchos opositores especulan con un porvenir de poca monta. Los demás se dedican a aprovechar el presente o sufren sus dolores.

Pero se cuentan con los dedos de la mano quienes agudizan el ingenio y tienen una visión prospectiva que les permita otear el horizonte y escudriñar el futuro.

El gobierno del matrimonio presidencial no da señales de vida, después del fracaso de los planes que promocionaban el canje de heladeras, el trueque de calefones, el reemplazo de cocinas, la compra de automóviles nuevos y la permuta de bicicletas. Ninguno de estos artificios consiguió impedir el desmoronamiento de la economía.

Por el lado sindical parece reinar la más absoluta irresponsabilidad. La CGT moyanista, ávida de dinero, sólo piensa en copar el ministerio de salud para quedarse con el negocio de los medicamentos a centros hospitalarios y disponer a su antojo de los subsidios a obras sociales sindicales.

La CGT barrionuevista, más pintoresca, especula con la proximidad de las elecciones y reclama paritarias inmediatas presionando por aumentos salariales que serán de imposible pago en menos de dos meses. La CTA progresista, plantea exigencias que serían extravagantes aún en épocas de auge y prosperidad mundiales, porque son contradictorias con los criterios de productividad más sensatos.

No menos auspicioso es el panorama de las entidades gremiales empresarias, quienes parecen preocupadas sólo por agradar a gobernantes que no les toleran un mínimo pensamiento disidente.

Pero nadie, absolutamente nadie, parece preocuparse por estudiar y proponer un plan para hacer frente a la contingencia que está causando estragos en EE.UU. y especialmente España: el despido, la desocupación y la destrucción de puestos de trabajo.

En Europa el problema es tan grave que hace pocos días se celebró en Praga, la primera cumbre monográfica sobre el desempleo en la U.E. con la adopción de diez recomendaciones que se irán trabajando y ajustando hasta llegar al Consejo Europeo que se reunirá en junio.

El problema es muy grave, pero claro y preciso.

Durante los años de auge de la economía mundial, los países crecían a tasas de asombro. En nuestro país se pensaba que ese fenómeno de prosperidad era el fruto del ininteligible modelo que la pareja presidencial denominó “modelo de acumulación con inclusión social”. Nunca alcanzaron a explicarlo ni a definirlo. Creían a pie juntillas que el crecimiento estaba instalado para siempre, con la condición de que ellos retuvieran el poder omnímodo.

Esta visión estrábica de las cosas, se asentaba en un pensamiento dogmático: que el empleo podía ser un contrato de por vida, presionado por un Estado prepotente. El frenesí del consumo, fogoneado por un irresponsable gasto público y la prohibición de ajustar tarifas para financiar futuras inversiones, permitieron que muchas empresas ganaran dinero a pesar de su propia ineficiencia.

Argentina creció por dos razones básicas: 1º porque crecía el mundo y 2º porque el postulado de la relación desfavorable de los términos de intercambio tuvo un giro copernicano y comenzó a favorecer a quienes producían commodities para el mundo, perjudicando a quienes fabricaban alta tecnología. El valor agregado no consistía en adicionar trabajos poco calificados o inútiles a una materia prima casera, sino en lograr la misma producción primaria, incorporando conocimientos científicos mediante ingeniosas aplicaciones prácticas. La investigación básica pudo unirse con la investigación aplicada y de ello resultó el milagro de la soja y la expansión agrícola argentina que alcanzó los 100 millones de toneladas en pocos años. El milagro se llamó la siembra directa, cobertura de rastrojos, siembra de precisión, semillas transgénicas e investigaciones de Otto Thomas Solbrig en biología vegetal, ecología de cultivos y manejo de suelos.

De repente, la crisis financiera mundial nos hizo volver a la realidad. Reaparecieron los viejos fantasmas y las naciones comenzaron a ver cómo se destruían miles de puestos de trabajo. Los consumidores dejaron de endeudarse y la desconfianza en las instituciones financieras se generalizó.

De un día para el otro comprendimos que la fuerza laboral no puede improvisarse, que debe estar altamente capacitada, con trabajadores flexibles, dispuestos a adaptarse y capaces de enfrentar las exigencias de un mercado que rápidamente puede cambiar o quizás sucumbir.

Los gobiernos debieran multiplicar las oportunidades para la fuerza laborar, relegando la pretensión del ofrecer empleos de por vida, que ya no son factibles.

Dadas estas condiciones globales, quienes no se adapten se acercarán rápidamente a la pobreza y se convertirán en desocupados sin futuro. En un marco de rigidez y con la exigencia de vetustos derechos adquiridos no abundarán las oportunidades laborales. Ellas serán más exigentes y además cambiantes, sin duración ilimitada y en constante reestructuración por cambios mundiales que todavía no podemos vislumbrar.

Los trabajadores no podrán exigir que se mantengan puestos de trabajo que respondían a condiciones del pasado. Tampoco podrán aferrarse a empresas cuya producción ha dejado de ser colocada en los mercados mundiales y no tiene ninguna perspectiva futura…

Sin flexibilidad frente a los cambios, sin adaptación creativa, sin disponer de ventajas comparativas a nivel mundial, no será posible mantener puestos de trabajo, aún cuando el país cierre sus fronteras y pretenda ingenuamente “vivir con lo nuestro” porque de esta manera cristalizamos el fracaso

Otra tendría que ser la actitud y otra debiera ser la función de los sindicatos frente a esta nueva circunstancia. Aun cuando pueda parecer paradójico, quienes más rápidamente debieran actualizar el enfoque, deben ser los sindicatos y los ministerios de trabajo.

Las políticas de querer conservar la rigidez de la estructura laboral existente hasta la crisis mundial, están condenadas al fracaso y provocarán la dolorosa frustración de los trabajadores que esperen algún fruto de esa rigidez.

Por eso, los sindicatos debieran convertirse en administradores de esa gran fuente de riqueza que es la fuerza laboral desocupada, buscando nuevas formas de contratación para que el empleo futuro sea fructífero y satisfactorio.

El gran embuste que ha quedado en evidencia es que el Estado puede crear puestos de trabajo con el despilfarro del gasto público o la política de apoderarse de la riqueza de quienes producen con eficiencia para repartirla a quienes no cuentan con esa cualidad.

Hasta en las colmenas, cuando el flujo del alimento es escaso, las abejas obreras trabajan para asegurar el futuro del panal, pero expulsan a los zánganos.

Por eso los sindicatos debieran constituir sociedades comerciales sin fines de lucro, cuyo objeto social sea la oferta de servicios laborales, ofreciendo un cuerpo de trabajadores capacitados con la más amplia gama de especialidades posibles, buscando adaptarse a las necesidades que empiecen a surgir con emprendedores capaces de descubrir nuevas oportunidades.

Estos contratos podrían tener distinta vigencia según las circunstancias. Pero el sindicato sería el empleador primario para sus propios afiliados y la empresa que los contrate sería el empleador secundario.

Dichos trabajadores podrían ser contratados por un sistema de pago por rendimiento y tendrían asegurada su continuidad no tanto por la empresa donde trabajan sino por la solidez de la organización sindical de la que dependan.

Los sindicatos se convertirían en empresas de oferta de mano de obra calificada pudiendo firmar contratos de trabajo por tiempo limitado con quienes demanden los servicios.

Para que esta reinserción laboral funcione bien, es necesario repensar totalmente el anacrónico y esclerosante sistema de legislación laboral vigente en Argentina. Estos serían algunos procedimientos para hacer frente a una gran desocupación como la que ahora mismo se está presentando en los países más avanzados.

1º Que las autoridades de cada municipio, releven y suministren una encuesta trimestral de remuneraciones locales, distinguiendo los sectores de actividad y una clasificación muy simple de los puestos de trabajo. El objetivo de esta encuesta mensual consiste en que los trabajadores desocupados sepan cuál es el valor social que el mercado laboral está dispuesto a pagarles con el fin de que puedan orientarse y prepararse para aquello que más les convenga, según sus aptitudes.

2º Que en cada localidad se establezcan reglamentos de trabajo simples y comprensibles, cuidando las condiciones sanitarias, humanas y laborales de los trabajadores, pero adaptándolos a las posibilidades reales de cada lugar y distinguiendo lo que pueden ser condiciones altamente exigentes en Capital Federal, de las que sean posibles de lograr en localidades como Añatuya, Sumampa o Charata.

3º Que los sindicatos convertidos en empresas de servicios laborales, puedan firmar contratos colectivos por empresas, para asegurar las mejores condiciones a sus propios integrantes en las empresas con las cuales negocien.

4º Que hasta tanto puedan absorberse el número de desocupados existentes en el país, se eliminen los aportes y retenciones aumentando los salarios de bolsillo y destinando el importe de los subsidios repartidos entre empresas privilegiadas a cubrir los costes esenciales de medicina laboral, aportes jubilatorios y previsión de indemnizaciones por despidos.

5º Que en el seno de las empresas, el empleo sea flexible y polivalente, es decir que se termine de una vez por todas con los famosos “derechos adquiridos” y el argumento gremialista “de que ese trabajo no me corresponde”.

6º Que los salarios familiares, adicionados al salario negociado con el sindicato, sean directamente deducibles del impuesto al valor agregado y a los ingresos brutos, para liberar al Estado de prestar asistencia social clientelística y fomentando que cada empresa desarrolle criterios de solidaridad social voluntariamente acordados.

7º Que en los casos de conflictos laborales, se reemplacen los juicios laborales por una mediación legal, de manera que un jurado de expertos en el tema que se dirime, sepan recoger los argumentos y la propuesta del trabajador y las del empleador, decidiendo por una u otra alternativa sin interferir ni alterar las propuestas de cada parte.

La seguridad laboral de los trabajadores se vería garantizada de otra manera. Los sindicatos se convertirían en promotores de empleo para sus afiliados y no en quinta columna para destruir a las empresas creadoras de trabajo. Entre empresarios y trabajadores podrían comenzar a desarrollarse la idea de la colaboración y cooperación recíproca, dando por terminada la vieja dialéctica marxista de la lucha de clases que sólo sirve para agravar las condiciones de los trabajadores e impedir que aparezcan nuevos emprendedores, imbuidos de un espíritu de creación de una comunidad de trabajo en el seno de cada empresa. © www.economiaparatodos.com.ar

Antonio I. Margariti es economista y autor del libro “Impuestos y pobreza. Un cambio copernicano en el sistema impositivo para que todos podamos vivir dignamente”, editado por la Fundación Libertad.