El Gobierno acaba de dar, pero con disimulo, el primer paso hacia la confiscación compulsiva de empresas privadas, al elaborar el proyecto de modificación a la ley de quiebras que contempla la llamada “continuación de la operación en manos de los trabajadores”.

La idea no consiste en otra cosa que no sea la legalización de la experiencia Cerámicas Zanón, según la cual, por la vía de una actuación corrosiva de comisiones internas radicalizadas que tornan materialmente inviable la explotación de la propiedad por sus legítimos dueños, el Estado vía “los trabajadores” se hace cargo de las instalaciones y despoja de todos los derechos a sus propietarios.

El esquema no es otro que el de una confiscación disimulada en donde una avanzada “gremial”, en connivencia con el Estado, desarrolla, durante un tiempo prudencial, un boicot que socava las operaciones legales de la empresa hasta tornarlas imposibles, produciendo pérdidas, quebrantos e incumplimientos que la dirigen a la quiebra. En ese momento, en función de la llamada “continuidad productiva”, el Estado toma el control por la vía de volcar recursos públicos hacia una cúpula gremial que pasa a explotar las instalaciones en su propio beneficio y en el de los privilegiados que actuaron como cómplices para perfeccionar el asalto.

Se trata de un robo hecho y derecho, adornado con los disimulos de la ley y de la “solidaridad social”. Una variante de estos mismos extremos la hemos visto de hecho en otras decenas de casos menores y, aunque con algunas variantes, en Aerolíneas Argentinas.

No es extraño que el proyecto se haya anunciado en conjunto con una reforma a la ley penal tributaria, para que el juego de doble pinza sobre los propietarios se haga sentir con mayor rigor.

Algunos anunciamos, hace bastante tiempo ya, la posibilidad de que, efectivamente, el país se encaminara hacia un sistema de ideas en donde el orden jurídico basado en la propiedad privada se perdiera. La mayoría tildó a esos “advertidores” de agoreros, de pesimistas, de no estar dispuestos a trasmitir un mensaje esperanzador. Seguramente en ese momento pocos recordaron que, muchas veces, la mejor esperanza es, justamente, la advertencia atendida, el aviso al que se le presta atención.

La Argentina tiene una larga tradición de disimular detrás de máscaras engañosas lo que en realidad quiere hacer. El “Bicentenario” que este año pretende festejarse es, quizás, la obra maestra de ese disimulo, cuando en 1810 se inventó la llamada “Máscara de Fernando VII” para ocultar un verdadero deseo independentista que, por distintas razones, no quiso plantearse y defenderse a suerte y verdad, hasta las últimas consecuencias.

Luego llegaron otros disimulos como la "neutralidad” en la Segunda Guerra Mundial o el mismo peronismo que, detrás de su ensalada de ideas, oculta inclinaciones reprimidas por el socialismo y por el fascismo.

Ahora parece que el disimulo ha llegado para ocultar el designio marxista de robar con la ayuda de la “ley”, de una ley cuya hipócrita finalidad es la defensa de los trabajadores.

Será interesante observar cuál será el desarrollo de los acontecimientos respecto de éstas iniciativas. Habrá que ver cómo se manifiesta la oposición sui generis que tiene la Argentina luego del 10 de diciembre de 2009, respecto de estas cuestiones. Pero lo más interesante de todo será saber qué tienen para decir ahora los empresarios que tildaban de “pesimistas” y “exagerados” a los que tibiamente sugirieron que la Argentina podría estar dirigiéndose a un esquema como el que hoy se insinúa. Quizás muchos de ellos admitan que, con sus timoratas posiciones, han estado pagando la soga con la que finalmente los ahorcarán. © www.economiaparatodos.com.ar