Nuestra Constitución de 1853 estuvo inspirada en la Constitución de los Estados Unidos. Ahora bien, hacia fines de 1787 y principios de 1788, se produjo en EE.UU. un fuerte debate para ratificar el proyecto de la Carta Magna. El debate se dio a través de los diarios de la época y los que proponían ratificar los términos del proyecto fueron conocidos como los federalistas y los que se oponían se los denominó antifederalistas.

Los federalistas más conocidos fueron Hamilton, Madison y Jay, entre otros, y escribían con el pseudónimo de Polibio. Los antifederalistas fueron Bryan, Robert Yeats, George Clinton, Lee y otros más que firmaban con diferentes pseudónimos como Centinel, Brutus, Cato, Federal Farmer y otros nombres más.

Pero, ¿qué proponía cada sector? Los federalistas sostenían que si se tenía un gobierno central fuerte, se evitaba tener una unión de Estados que fuera precaria. Por su parte, los antifederalistas insistían en que había que recortar el poder del gobierno central y disminuir los restantes poderes para que los gobiernos locales pudieran ejercer funciones que fueran indelegables.

El punto que hacían los antifederalistas era que un gobierno central fuerte podía ir avanzando sobre la libertad de los ciudadanos aplicándoles impuestos excesivos y hasta podía transformar en una tiranía la naciente democracia. En otras palabras, el tema central consistía en cómo limitar el poder del Estado para que la democracia no degenerara en tiranía. Por ejemplo, uno de los temas que se debatió consistía en definir cómo iban a estar representados los estados en el parlamento. Los estados con más población proponían que la representación fuera en base a la cantidad de habitantes de cada estado, por su parte, los Estados más pequeños exigían que todos los estados tuvieran la misma cantidad de representantes. La solución que se encontró fue que la cámara de representantes (diputados en nuestro caso) estuviese compuesta en base a la cantidad de población por cada Estado, mientras que en el Senado cada estado tenía la misma representación.

El otro tema de debate consistía en tomar los recaudos necesarios para que los poderes ilimitados de las mayorías no aniquilaran las libertades. La idea era que una mayoría enloquecida no terminara por violar los derechos individuales. El punto que aquí primaba era que una ley sancionada por el Parlamento debía preservar la libertad de los ciudadanos que eran previos a la existencia del Estado. Dicho de otra forma el derecho a la vida, la libertad y la propiedad son previos a la existencia del Estado y ninguna mayoría circunstancial puede violarlas en nombre de la democracia.

Para evitar este riesgo, se estableció el sistema de colegio electoral, la conformación de dos cámaras de manera diferente y distintos períodos para la duración de los cargos.

Como último bastión en la defensa de las libertades antes mencionadas estaba la Corte Suprema de Justicia, también conocido como Tribunal Supremo.

Es muy interesante el debate entre federalistas y antifederalistas, aunque, curiosamente, los antifederalistas eran más federalistas que los llamados federalistas considerando que le quitaban poder al Gobierno Central y le daban más funciones a los estados. Pero el punto central es que el gran debate se centró en limitar el poder del Estado que pasaba a tener el monopolio de la fuerza y podía mutar en una tiranía.

En rigor, luego de ese gran debate entre federalistas (que terminaron imponiendo su visión) y los antifederalistas, mucho se ha escrito sobre las limitaciones que debe imponérsele a los gobiernos para que no terminen estableciendo una tiranía usando el voto de la gente para acceder al poder que es el que le otorga el monopolio de la fuerza. Puesto en otros términos, más de un antidemocrático puede usar la democracia para acceder al poder y luego establecer un sistema antidemocrático gracias al monopolio de la fuerza que detenta.

Toda esta historia viene a cuento porque en los últimos días hemos visto cómo el Poder Ejecutivo descalificó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia por la cual le ordena al gobernador de la provincia de Santa Cruz reponer en su cargo al procurador Sosa desplazado en 1995 por Kirchner cuando, aparentemente, el procurador comenzó a meter las narices en temas que le incomodaban al entonces gobernador. Que el gobernador se niegue a cumplir una sentencia de la Corte Suprema ya de por sí es grave, pero que el Poder Ejecutivo Nacional avale ese comportamiento y programe una movilización de masas para repudiar el fallo de la Corte ya se transforma en algo de extrema gravedad.

No es la primera vez que el Poder Ejecutivo Nacional no acata las decisiones de la Corte ya que también ha hecho oídos sordos al fallo de ese tribunal sobre el ajuste de las jubilaciones. Puesto en otras palabras, para el Poder Ejecutivo la Corte Suprema parece estar pintada.

Y aquí se produce un hecho de extrema gravedad que pone en duda la legitimidad de ejercicio en el cargo de la actual presidente. El punto es el siguiente. Ni la Corte Suprema, ni ningún juez tienen el poder de policía para hacer cumplir sus fallos. Es el Ejecutivo el que, dicho en términos bien claros, tiene los “fierros”. La policía obedece las órdenes del Ejecutivo y no de los jueces. Por lo tanto, si el Poder Ejecutivo no solo no va a hacer cumplir los fallos del Poder Judicial sino que además le armará manifestaciones contra sus fallos y lo presionará con marchas para que fallen, por ejemplo, a favor de la ley de medios que quieren los Kirchner, aparece el riesgo de la tiranía, porque el concepto de división de poderes y los fallos de la justicia se transforman en algo abstracto y lo que se termina haciendo es lo que quiere el que tiene los “fierros”. Su voluntad proviene del monopolio de la fuerza.

Teniendo en cuenta este comportamiento del matrimonio frente a otro poder del Estado, me pregunto si ahora que perdieron el control del Consejo de la Magistratura, hecho que muchos lo vemos como una posibilidad para que los jueces trabajen más tranquilo, no será una simple ilusión basada en la existencia de un gobierno sujeto a la ley que hoy no existe. Es decir, si hoy no solo no acata los fallos de la Corte sino que, además confronta con ella, ¿por qué mañana Kirchner va a respetar algún fallo de la justicia en la cual, por ejemplo, se destape definitivamente algún hecho de corrupción?

En mi opinión, hoy la Argentina está en el límite, si es que ya no la ha traspasado, entre democracia republicana y tiranía. Los reparos que tenían los antifederalistas sobre la ausencia de límites al gobierno, una vez más se hacen realidad. Ya ha pasado en otras partes del mundo y en otros momentos de la historia en que diferentes personajes usaron la democracia para llegar al poder y luego aniquilaron la democracia republicana, un sistema de gobierno que claramente le disgusta a los Kirchner. Entender que no son ellos los dueños del Estado y que los derechos de las personas son previos al Estado y a ellos mismos es algo que parece desagradarles profundamente.

Se podrá argumentar que el mecanismo para terminar con este desprecio por la forma republicana de gobierno es esperar a las próximas elecciones. Sin embargo personalmente no considero un sistema razonable someter mi derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad a la voluntad popular cada cuatro años. Esas libertades mías son previas a cualquier voto. Justamente esta visión equivocada del poder del gobierno que ya habían previsto los antifederalistas es la trampa en que hemos caído los argentinos desde hace décadas y desde 1983 a la fecha. Creemos que porque cada cuatro años votamos un presidente ya tenemos una democracia republicana. Falso, solo tenemos un sistema de votación, y encima trucho, que nos ha ido llevando hasta el actual estado de crisis institucional, entendiendo por tal la negativa de los Kirchner de aceptar la división de poderes y de hacer cumplir los fallos de la justicia cuando no son de su paladar.

Desde mi punto de vista primero Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández han perdieron toda legitimidad como presidentes al usar el monopolio de la fuerza para esquilmar a los contribuyentes con impuestos asfixiantes, cuando usan el monopolio de la fuerza para amedrentar a todo aquel que se opone a sus ideas y llegaron a superar todo los límites al confrontar con la Corte Suprema de Justicia.

Por eso, estoy plenamente convencido que en Argentina ya no tenemos una democracia republicana, sino que hemos llegado al punto en que solo tenemos a alguien que, en un momento determinado, consiguió tomar el monopolio de la fuerza y lo utiliza para violar los derechos de los ciudadanos los ciudadanos, mediante la intimidación, la confiscación impositiva y el desprecio por los otros dos poderes del Estado.

Que cada uno le ponga el nombre que quiera a este sistema, pero por favor, no bastardeemos el concepto de democracia republicana diciendo que hoy vivimos bajo ese sistema.

Los antifederalistas tenían razón. Sin un gobierno limitado, la democracia puede devenir en tiranía. © www.economiaparatodos.com.ar