Como era de prever, finalmente Cristina Fernández decidió vetar la ley que establecía el 82% móvil para los jubilados. Fernández denominó dicha ley como ley de quiebra del Estado, una argumentación que luce muy poco convincente cuando uno analiza cómo evolucionó el gasto público en argentina durante su gobierno y el de su marido.

En esta nota voy a abordar este tema desde el punto de vista de la coyuntura y desde el punto de vista estructural, porque en lo coyuntural, dentro del despilfarro del gasto estatal, desde mi punto de vista el aumento es financiable, desde lo estructural es infinanciable el sistema de jubilaciones de reparto.

En lo que hace a la coyuntura, los argumentos esgrimidos por la presidente son poco sustentables y menos convincentes. Por ejemplo, dentro del Estado de Bienestar que pregona el gobierno, no luce razonable que no se establezca el 82% móvil porque no hay plata, pero sí hay plata para el fútbol para todos, mantener las pérdidas de Aerolíneas Argentinas, ENARSA, programas de televisión que salen fortunas para que sus animadores canten loas al gobierno K y demás gastos innecesarios. Es cierto que estos números no cambiarían el problema de los jubilados, pero es una cuestión de principios. Si no hay plata para los jubilados, menos debería haber plata para financiar un deporte profesional que genera cifras millonarias para quienes patean una pelota o a animadores de televisión que se la pasen diciendo que bueno que son los Kirchner. Puesto en otros términos, aquí tenemos un primer ejemplo de las prioridades que tiene el gobierno: prefiere gastar mil o dos mil millones de pesos al año en un circo futbolístico y en programas de tele que no ve nadie, que en mejorar a los jubilados.

Otro dato que no es menor es que el Estado gastará este año unos $ 45.000 millones en subsidios al transporte (boleto de colectivos, subtes, trenes, etc.) y a la energía. Como en economía siempre hay que optar, el gobierno prefiere mantener artificialmente bajas esas tarifas a costa de los ingresos de los jubilados. Prefiere pagar el costo político de vetar la ley que pagar el costo político que aumentar las tarifas de servicios públicos. Todo se limita a contar cuántos votos gana y pierde por una medida u otra.

Sobre la coyuntura uno puede ver que en rigor hay recursos del gasto público para reasignar y financiar el 82% móvil, el punto es qué rédito político considera más importante el gobierno a la hora de decidir dónde asignar los fondos. Por lo hecho por Cristina Fernández prefiere pagar el costo político de no pagar a los jubilados el 82% móvil y sostener artificialmente bajas las tarifas de los servicios públicos. Dentro del descalabro que es el gasto público en Argentina, no es un problema de plata, es un problema de conveniencia política para el matrimonio.

Es más, difícilmente pueda Cristina Fernández decir que el 82% móvil llevaría a la quiebra del Estado porque implicaría un aumento del gasto del orden de los $ 40.000 millones, dado que entre 2003 y 2009 el gasto público de la Administración pública nacional creció en $ 193.109 millones. Un aumento del 240%. De ese aumento, el 40% se explica por el sistema previsional.

Por ejemplo, entre 2003 y 2009 el Estado aumentó en $ 17.136 millones el gasto en energía y $ 19.636 millones en transporte. Es decir, casi el monto del incremento por el 82% móvil. El punto que deseo señalar es que a la hora de gastar los Kirchner nunca hablaron de quiebra del Estado. Aumentaron el gasto sin piedad. Este comportamiento fiscal los descalifica a la hora de decir que hay que vetar el 82% móvil porque llevarían a la quiebra del Estado. En rigor ya hubo una quiebra al no pagar todo el CER gracias al dibujo del mismo y los bonos ajustables por ese índice, al apropiarse, en nombre de la justicia social, de los ahorros que teníamos en las AFJP y al meterle mano a las reservas del BCRA. Todas estas medidas reflejan un grado de insolvencia del sector público producto del despilfarro del gasto.

También pierde sustento dicha ley cuando con los recursos del ANSES se financia el plan Universal por Hijo y el plan Conectividad por el cual Cristina Fernández regala computadoras. Sin entrar en el debate de si me gustan o no esos planes, lo que hace el gobierno es quitarles recursos a los jubilados para repartirlos en otros rubros que no son específicos y agregó, si tienen que establecer el plan universal por hijo quiere decir que la política económica fracasó porque más gente tiene que vivir de la dádiva del Estado en vez de su trabajo.

No es un tema menor que el aumento del mínimo para los jubilados se haya financiado en parte perjudicando a quienes no cobraban el mínimo. Lo que hizo el Estado fue incorporar a personas que nunca habían aportado, aumentar mucho la jubilación mínima y ajustar casi nada a quienes más deberían cobrar por sus aportes. Lo que hicieron fue tener una legión de jubilados, todos pobres.

En síntesis, si uno se atiene al esquema de despilfarro de gasto del gobierno y a su propuesta de estado benefactor, lo que tenemos es que el fenomenal aumento del gasto público de todos estos años podría haber sido menor, con menos clientelismo político, sin empresas estatales deficitarias y políticas demagógicas como el fútbol para todos y subsidios políticos al transporte y la energía. A cambio de eso podrían haber cumplido con los jubilados, o al menos mejorar su situación.

Ahora vayamos a la cuestión estructural. En algún momento alguien decidió que los burócratas y políticos eran más inteligentes que los mortales que trabajamos diariamente. Esta soberbia de superioridad mental hizo que decidieran que de ese momento en más sería el Estado el que nos aseguraría a los trabajadores nuestro futuro jubilatorio dada la supuesta incapacidad que tenemos de prevenir nuestro porvenir. Los políticos iban a ser quienes iban a velar por nuestra jubilación. Resultado: dejaron en la miseria a los jubilados. El supuesto monopolio de la visión de futuro y benevolencia de los gobernantes no fue otra cosa que una destrucción del sistema jubilatorio.

Ahora bien, el sistema de reparto básicamente consiste en que los que trabajamos pagamos un impuesto que se denomina aportes al sistema jubilatorio y las empresas pagan otro impuesto que se denomina contribuciones. Con esos impuestos al trabajo debería financiarse el sistema jubilatorio. Pero la realidad es que ese dinero no alcanza, al punto que se han destinado parte de los impuestos a las ganancias, el IVA y otros más al sistema previsional. En 2009 esos ingresos que provienen del cobro de impuestos generales sumaron $ 40.380 millones de los ingresos de la ANSES y otros $ 8.600 millones se originaron en “utilidades” del Fondo de Garantía de Sustentabilidad conformado por la expropiación de los ahorros que teníamos en las AFJP. En definitiva, el sistema no genera recursos propios para financiar a los jubilados. Es deficitario y tiene que recurrir a ingresos de rentas generales para pagar las jubilaciones.

El sistema de reparto, originalmente, tendría ingresos que serían función de las siguientes variables: a) tasa del impuesto que se aplica sobre los salarios con el nombre de aportes y contribuciones, b) nivel del salario real, c) tasa de desocupación y d) relación trabajadores en actividad/jubilados.

A mayor tasa de impuesto sobre los salarios más trabajo en negro. Como los impuestos son muy altos sobre la nómina salarial, Argentina tiene un alto porcentaje de trabajo informal que no aporta al sistema previsional. Primer problema del sistema.

El segundo problema es que la inseguridad jurídica en Argentina hace que haya pocas inversiones y, por lo tanto, la productividad sea baja e inevitablemente los ingresos reales sean reducidos. Por lo tanto, a menores ingresos reales menores jubilaciones.

La ausencia de inversiones hace que la tasa de desocupación sea alta. Y si computamos la cantidad de desocupados que figuran como ocupados en el sector público haciendo nada, tenemos que la tasa de desocupación real es mucho más alta. Alguien que cobra un sueldo en una repartición pública por no hacer nada productivo más que entorpecer a quienes producen, no es un ocupado, es un desocupado que estadísticamente se lo muestra como ocupado, pero no genera riqueza.

Finalmente, la relación aportantes al sistema previsional/jubilados es de 1,5. Es decir, por cada jubilado hay 1,5 trabajadores que aportan al sistema previsional. Con esa relación no llegamos ni a la esquina. Si a esto le agregamos que, gracias a Dios y a la ciencia médica, aumentó la esperanza de vida, esa relación irá deteriorándose aún con el paso del tiempo.

Resumiendo, en lo estructural, la demagogia de gobierno tras gobierno ha generado una legión de jubilados que viven en la miseria. Con el argumento que los gobernantes son más sabio que el común de los mortales, se arrogaron el derecho de definir el futuro de los jubilados y el resultado ha sido una fenomenal estafa. Dicho con toda claridad, el sistema de reparto es inviable por dónde se lo mire.

En lo coyuntural, y siempre dentro del desmanejo fiscal del gobierno, hoy existen los recursos para financiar el 82% móvil, todo es cuestión de reasignar partidas presupuestarias. Gastar menos en unos rubros y más en jubilaciones. Pero el gobierno de los Kirchner optó por postergar a los jubilados y usar el dinero para su proyecto de hegemonía política.

Finalmente me animaría a decir que esta ley del 82% móvil que Cristina Fernández definió como la ley quiebra del Estado, le cabe mejor a la política económica del gobierno que, con la irresponsabilidad fiscal que ha tenido, las arbitrariedades que espantan inversiones, las confiscaciones de ahorros y la inflación en ascenso han llevado a toda la Argentina a la quiebra. Bajo este tipo de política económica e institucional, Argentina no solo quiebra, sino que es inviable, al igual que el sistema de reparto. © www.economiaparatodos.com.ar