Lo que ocurrió la semana pasada en Avellaneda y en Barracas es un hecho que debería asombrar a muchos países en el mundo. El asesinato a sangre fría de un ciudadano en medio de una manifestación pública, es, efectivamente, un hecho que sorprende en medio de la civilización.

Pero a la Argentina hace rato que le han ofrecido este modelo de organización social en donde las diferencias sociales no las resuelve la ley sino los tiros por la calle, y la Argentina lo ha comprado; el país ha validado esta manera de vivir en donde la fuerza y no el Derecho es el que zanja las disputas.

Por esa misma razón el país le presta atención a las convocatorias a las marchas y manifestaciones callejeras: porque viendo cuánto “junta” Fulano y cuánto “junta” Mengano puede tener una idea de hacia dónde se va a resolver el conflicto. Es la fuerza del número y, eventualmente, el ejercicio de la violencia lo que juega el papel preponderante para salir airoso.

La reverencia que se le brinda a todo aquel que demuestre la cantidad de “masa” que “moviliza” es francamente repugnante si comparamos esos comportamientos con los que se le ofrecen a la supremacía de la ley y de la Constitución. El que se arrodilla frente a la muchedumbre es un vivo; el que lo hace frente a la ley es un gil.

La Argentina ha hecho una escuela de la acción directa. Empieza su espiral involutiva por el uso de la verba encendida y ponzoñosa y termina disparando armas de fuego por la calle, como la propia lógica de ese tipo de sistema indica.

Por todo eso, las palabras de asombro, de sorpresa y de repugnancia que se escucharon estos últimos días, son palabras cínicas, hipócritas, mentirosas. Lo que ocurrió la semana pasada es la consecuencia lógica del sistema bajo el cual la enorme mayoría del país decidió vivir.

Muchos de los que leen este último párrafo se sorprenderán y se enojarán conmigo. “¿Quién en su sano juicio puede ‘elegir’ vivir así?”, se me dirá. ¿Quién? Todos los que han votado sistemáticamente en los últimos 70 años un sistema corporativo de masas, en donde la libertad civil de la Constitución ha quedado subordinada a un conjunto de matones que se apropiaron del Estado y de los sindicatos, todos esos, son los responsables de lo que ocurre. Los que han bajado la guardia frente al avance opresor del autoritarismo y del estatismo patotero, los que han transado con el poder de personajes corruptos que te amenazan con fornidos patovicas, los que con sus pusilanimidades han ayudado a que se perfeccione una mafia que llevó sus métodos delincuenciales al seno del Estado y de los sindicatos; esos, todos esos, son los responsables de lo que ha ocurrido.

Cuando Guillermo Vilas ganó el Open de Estados Unidos, apareció en la conferencia de prensa Ion Tiriac, que era su manager y entrenador. Los periodistas se peleaban para preguntarle que sentía frente al logro, esperando quizás una florida respuesta. Tiriac los miró con sus tremendos mostachos y simplemente les dijo: “Era lógico”. Y esperó la siguiente pregunta.

En este caso es igual: todo lo que hemos armado en términos de organización social está preparado para desembocar en hechos como el del miércoles.

El Gobierno es el primero que da el mal ejemplo dando a entender que las leyes no deben cumplirse y que en realidad es la fuerza de los hechos la que debe imponerse. Lo hizo recientemente en el caso del Procurador de la provincia de Santa Cruz, a quien se despidió ilegalmente e ilegalmente también sigue fuera de su cargo porque el Gobierno, por imperio de la fuerza, se niega a cumplir lo dispuesto por la Justicia.

Del mismo modo, es el Gobierno el que vuelve a emitir señales que la sociedad interpreta como un verdadero “viva la Pepa” cuando se niega a utilizar a las fuerzas profesionales de la ley para resguardar el orden público y para proteger vidas. Incurre en ese horror doblemente al reconocer que toma esas medidas para evitar “criminalizar la protesta” y para que “no haya derramamiento de sangre”, como si la única manera que una fuerza legal pudiera actuar fuera con el desborde ilegítimo o como si no se aprovecharan las “protestas” para colar criminales, como ha quedado demostrado en los hechos en que perdió la vida Mariano Ferreyra.

Nada de todo esto debería asombrarnos. Se trata de la consecuencia natural, del desenlace lógico, de un sistema irracional que debe ser definitivamente erradicado de la Argentina. Pero para ello el ciudadano común deberá tomar serias decisiones individuales. Esas decisiones tienen que ver con aceptar que cada uno debe hacerse responsable de su vida, de su futuro y del plan de acción que quiere desarrollar para realizarse. Ese diseño social implica exigir que el Estado solo exista para remover los obstáculos que impidan el desenvolvimiento normal de esos planes de vida individuales. Habrá que dejar atrás la mentalidad colonial que cree que una autoridad debe “proveernos” nuestras necesidades. Porque ese encuadre mental es el que engendra los monstruos que se autoconvencen de que son los dueños del Estado y los dueños de nuestras vidas. Porque son esos enfermos del poder los que para disputarse las tajadas de riqueza que con esfuerzo produce la sociedad, matan a inocentes que, estúpidamente, se prestan como carne de cañón para que otros se llenen los bolsillos. © www.economiaparatodos.com.ar