En los últimos días, hubo declaraciones y medidas por parte de funcionarios públicos que muestran cierto grado de desesperación ante el desborde inflacionario y las complicaciones cambiarias que podrían llegar a producirse.

Por un lado, el ministro de Economía Amado Boudou volvió a afirmar que no había inflación sino dispersión de precios. Sobre este tema ya me explayé la semana pasada. Luego, al debate inflacionario se sumó Julio De Vido, quien afirmó que estaba de acuerdo con Boudou y dio su extraña teoría de la inflación: dijo el ministro de Planificación que técnicamente hay inflación cuando la inversión es insuficiente o cuando hay déficit fiscal y que, como esos dos problemas hoy no existen, lo que tenemos en realidad es una dispersión de precios.

Vayamos a los hechos. En primer lugar, hay déficit fiscal, ya que dentro de los ingresos corrientes del sector público computan utilidades del Banco Central, la ANSES y otros organismos estatales. Esas utilidades, que son ficticias, tendrían que ser realizadas: es decir, esos organismos deberían vender los activos para conseguir el efectivo y transferírselos al Gobierno. Si los activos no se realizan, el Central simplemente emite moneda para financiar al Tesoro. Y es justamente eso lo que estuvo ocurriendo. En todo el 2010, el Gobierno contabilizó transferencia de “utilidades” por $ 33.000 millones. Corrigiendo los datos del Ministerio de Economía, hubo un déficit fiscal de $ 30.000 millones.

En segundo lugar, sería bueno conocer qué inversiones contabiliza De Vido para afirmar que en ese rubro no hay problema. ¿Serán las casas de telgopor que Hebe de Bonafini quiere venderle a Dilma Rousseff?

Otro dato que muestra la preocupación del Gobierno por el tema inflacionario vino por el lado de Guillermo Moreno, el secretario de Comercio Interior. Empezó la semana intimando a diferentes instituciones privadas para que informen cómo elaboran el IPC. Curiosa presión cuando el kirchnerismo se ha negado sistemáticamente a que el FMI revisara cómo se calcula el IPC oficial y Boudou haya ignorado el informe de cinco universidades que fue lapidario con el INDEC. Dudo que Moreno tenga atribuciones legales para requerir semejante información, después de todo cada uno hace las estimaciones técnicas que mejor le parecen: si se equivoca, pierde credibilidad en el mercado, y si la acierta, gana prestigio. La única razón por la cual Moreno puede exigir semejante información se explica como un intento para coartar la libertad de expresión y evitar que se denuncie la distorsión de la información que proporciona el INDEC. Distorsión que, dicho sea de paso, no sólo afecta a los tenedores de bonos y las estimaciones de pobreza e indigencia, sino también la tasa de aumento del PIB.

Veamos un ejemplo sencillo y simplificado para entender por qué no se estaría creciendo a tasas chinas como dice el Gobierno. Supongamos que las unidades producidas en un año pasan de 100 a 105 y que, por efecto de la inflación, esas 105 unidades equivalen a $ 136,5 de PBI en el año (el PIB se calcula multiplicando la producción por los precios pagados en el mercado). Ahora bien, para poder comparar y determinar la variación porcentual, es preciso llevar los datos del PBI a valores constantes de 1993, es decir que hay que deflactarlos. Si deflactamos por un índice trucho de, digamos, el 10%, los $ 136,5 llevados a valores de 1993 serían $ 124 en moneda constante de 1993, lo que reflejaría un aumento del PIB del 24% si la base de comparación fuera 100.

Pero supongamos que usamos una inflación verdadera del 30%. Esos $ 136,5 llevados a valores de 1993 serían $ 105, con lo cual el PIB no habría aumentado el 24% sino el 5%. Difundir la inflación verdadera significaría, además de un fuerte impacto político contra el Gobierno, un nuevo descubrimiento. No estaríamos creciendo a tasas chinas como se cree comúnmente. Por supuesto que hay sectores que crecen muy fuertemente (como los automóviles), pero hay otros que no crecen tanto o directamente no crecen (como el rubro alimentos).

No conforme con tratar de esconder como sea el problema inflacionario y el cuento chino de que crecemos a tasas chinas, Moreno acaba de trabar la importación de automóviles de alta gama. ¿Por qué? Es improbable que esa importación afecte la producción local, más bien están tratando de evitar que el saldo de balance comercial siga cayendo.

En 2010, las exportaciones superaron a las importaciones en U$S 12.057 millones, mientras que en 2009 la diferencia fue de U$S 16.888 millones. ¿Cuál es el problema? Que gracias al dólar barato en Brasil y a la soja, hubo un saldo de balance comercial positivo en todos estos años, saldo que permitió financiar la fuga de capitales. Entre el tercer trimestre del 2007 y el tercer trimestre de 2010, la fuga de capitales llegó a los U$S 55.000 millones. En el mismo período, el saldo de balance comercial fue positivo en U$S 53.000 millones. Es decir, el mercado de cambios no explotó como en otras oportunidades porque el ingreso de divisas por exportaciones de autos a Brasil y de soja, entre otros factores, permitieron financiar esa fuga de capitales de U$S 55.000 millones.

El punto es que el saldo de balance comercial sigue cayendo y en un año electoral puede haber mayor demanda de divisas. Si la fuga de capitales llegara a superar el saldo de balance comercial, el Central se vería en un serio problema para poder dominar el mercado. Y ni qué hablar si la presidenta de Brasil decide devaluar el real.

Obviamente que restringiendo la importación de automóviles de alta gama no va solucionarse la continua caída del saldo de balance comercial, pero sí es un claro indicador del pánico en que están entrando en el Gobierno ante la evolución que está tomando el sector externo de la economía. Si las cuentas públicas ya son deficitarias, el sector externo comienza a complicarse.

Po eso, medidas de este tipo reflejan manotazos de ahogado de un Gobierno que está desconcertado y no sabe qué dirección tomar ante los destrozos de política económica que han venido cometiendo.

Negar la inflación como lo hacen Boudou y De Vido, presionar a instituciones privadas para ver cómo calculan el IPC, prohibir los aumentos de naftas, de los servicios de televisión por cable y la importación de automóviles de alta gama sólo muestra a un Gobierno que ya no sabe qué inventar para tratar de disimular el deterioro de la economía.

En definitiva, cuando uno ve estas medidas, analiza los datos económicos y le agrega los continuos fracasos de Nilda Garré en el tema seguridad, no puede menos que preguntarse: ¿quién está a cargo? Porque, francamente, las cosas que vienen haciendo y diciendo desde el Gobierno muestran a gente desconcertada que sólo atina a burlarse de la población diciendo que no hay inflación o a afirmar que la inseguridad es un problema de sensación, cuando no culpan a los medios por difundir lo que pasa.

La verdad es que el kirchnerismo nos ha llevado al ojo de la tormenta y, encima, no tiene ni idea de cómo evitarla. Más bien se los ve desesperados, aunque esconden esa desesperación detrás de ironías como la teoría de la dispersión de precios. © www.economiaparatodos.com.ar