El lugar común de desearle éxito en la gestión a la presidente Cristina Fernández de Kirchner porque eso significaría que la Argentina estará mejor es nada más que eso: una frase hecha que esconde una profunda ignorancia sobre qué es lo que el país necesita.

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En su momento fueron las consultoras que elaboran sus propios indicadores de precios las que fueron acosadas y multadas por difundir una información que al oficialismo no le agradaba.

Previamente habían limpiado el INDEC, por más que el Jefe de Gabinete diga que no está intervenido, y no tuvieron piedad con la gente que trabaja en esa institución que hacía profesionalmente su trabajo.

Ahora quien compra dólares para defenderse de la inflación que genera el Gobierno pasa a ser un delincuente y tampoco tuvieron piedad con las casas de cambio que van a dejar varios miles de personas en la calle. Eso sí, para poder comprar dólares para hacer un viaje al exterior, previamente habrá que pedirle permiso a la AFIP, con lo cual se viola el artículo 14 de la Constitución Nacional que dice: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender”.

Obviamente que las leyes que reglamenten su ejercicio no pueden anular ese derecho, por lo tanto, como el peso argentino no es aceptado en el resto del mundo, se está violando el derecho a salir del territorio porque a la gente se le pone una barrera para transitar libremente que es no poder comprar la moneda con la cual podrá hacer sus pagos en el exterior. Y también se viola el derecho a ejercer toda industria lícita porque comprar y vender dólares no es comprar y vender droga, traficar armas o ejercer la trata de blancas.

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Sigamos. En su momento se embistió contra el presidente de Shell por no obedecer las órdenes de Moreno.

Al mayor Pedro Rafael Mercado lo pasaron a retiro porque su mujer, María Cecilia Pando, había publicado una carta de lectores que no resultó del agrado de Néstor Kirchner.

Ahora, Cristina Fernández de Kirchner, en vez de consultar con sus asesores económicos si la actividad inmobiliaria está cayendo, le preguntó al director de la AFIP cuál era la situación del empresario inmobiliario Jorge Toselli que en un artículo publicado en el diario Clarín había dicho que la actividad está pinchada. El camino correcto, para ver si lo que afirmaba el socio de la inmobiliaria era correcto, no consistía en ver cómo le iba a esa inmobiliaria en particular, sino en buscar datos de todo el mercado, y eso surge de los datos que proporciona el Colegio Público de Escribanos o podría haberle preguntado al presidente de la Cámara Inmobiliaria cómo venía el nivel de actividad. Sin embargo Cristina Fernández optó por pedirle información a la AFIP sobre la inmobiliaria, y por cadena nacional, dar el nombre de la persona y difundir púbicamente su situación fiscal, violando el secreto fiscal y, por lo tanto, vulnerando el derecho del contribuyente.

¿Qué buscaba Cristina Fernández? ¿Saber la verdad sobre el mercado inmobiliario o mandar un mensaje cuasimafioso por el cual cualquiera que diga algo que no le gusta a ella le manda la AFIP?

Agreguemos que ahora las compañías de luz, gas, teléfono, etc. deberán informarle a la AFIP de aquellas personas que consumen por más de $ 1.000 mensuales.

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El monopolio de la fuerza que le delegamos al Estado es para que defienda el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad de las personas. Sin embargo, el kirchnerismo está utilizando ese monopolio de la fuerza para violar los derechos de propiedad (nos confiscan los ahorros, nos prohíben comprar dólares para defendernos de la inflación, nos prohíben comprar bienes, etc.). Por otro lado ese monopolio de la fuerza no es utilizado para defender el derecho a la vida porque vemos como los robos con asesinatos son cosa de todos los días. Finalmente, al usar a la AFIP para acallar a alguien que dio su opinión sobre el mercado inmobiliario viola el derecho a la libertad de expresión.

Cristina Fernández no buscó la verdad sobre cómo se está comportando el mercado inmobiliario, sino que desvió el debate a si el socio de la inmobiliaria había cumplido con la presentación de ganancias en tiempo y forma. Y, encima, después de dar información fiscal confidencial de un contribuyente, luego sancionado por la AFIP, dijo que nunca había habido tanta libertad de expresión en la historia de la Argentina como en su gobierno.

Los habitantes de Argentina estamos en este momento oprimidos por un Estado que nos asfixia impositivamente, nos impide trabajar en libertad, sumerge la economía en un proceso recesivo con inflación y, además, quedó en claro que, todo aquel que se anime a disentir públicamente con el gobierno será pasible de alguna sanción.

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Frente a este escenario, resulta hipócrita ese lugar común de muchos políticos, analistas y periodistas cuando dicen: lo que queremos es que le vaya bien a la presidente, porque si le va bien nos va bien a todos. ¿Qué disparate es ése? ¿Resulta que si a la presidente le va bien apretando a la gente con los resortes del poder para que no pueda expresarse libremente, La Cámpora se adueña del Estado y todas las libertades quedan pulverizadas, a los argentinos nos va a ir bien?

Nos va ir bien si la presidente respeta los derechos individuales y no genera un desastre económico atrás otro. Si combina calidad institucional con políticas económicas sensatas le va a ir bien a ella y a nosotros. Ahora, si ella está dispuesta a ir por todo, avasallando todo el orden institucional y las libertades individuales, sinceramente no puedo caer en ese lugar común de decir que quiero que a la presidente le vaya bien en su ir por todo.