Es hora de que frente a la corrupción, la sociedad fomente con intensidad y convicción que la verdad salga a la luz

El primer semestre de 2013 fue testigo de hechos políticos de enorme relevancia para la vida pública argentina. Algunos, que ya reseñamos en estas páginas, estuvieron vinculados con desastres naturales y la débil reacción del Estado, el gobierno, y la clase dirigente en su conjunto. Luego, y como intentando superar un trago amargo, el oficialismo arremetió con una profunda reforma del Poder Judicial consistente en seis proyectos legislativos; tres de ellos severamente cuestionables, y otros tres con algunas bondades que podrían aceptarse. En paralelo, algunos sectores de la sociedad comenzaron a prestar atención a la corrupción vinculada al poder. Entendemos que gran parte de este nuevo interés puede guardar relación con el regreso del programa Periodismo Para Todos, conducido por Jorge Lanata. Y la movilización del 18 de abril también contribuyó como ingrediente político. Finalmente, no podemos dejar de mencionar la escalada del dólar blue. Hasta abril carecía de toda relevancia para el gobierno pero luego se transformó en la vedette que el equipo económico pretende atraer a través de un plan de blanqueo de capitales cuyo objetivo declamado es la reactivación del sector de la construcción y el financiamiento del modelo energético promovido por el ministro Julio De Vido (que hasta ahora la única reactivación que ha podido mostrar es la de la importación de hidrocarburos y combustibles).

¿Qué tienen de novedosas las recientes denuncias de corrupción respecto de las anteriores, que existen desde el comienzo del gobierno de Néstor Kirchner? Nos atrevemos a decir que se trata de una combinación de varios aspectos. Por un lado, la innegable capacidad de investigación de algunos periodistas reconocidos y también el poder de la televisión para tornar creíbles los argumentos. Por otro, el desgaste que viene sufriendo el gobierno en un escenario económico que se va distanciado del deseado por el conjunto de la sociedad.

Pero no nos queremos detener en el periodismo ni en sus denuncias, sino en el gigantesco problema que significa que un Estado no cuente con las herramientas institucionales necesarias para proceder a investigar con profundidad, objetividad y profesionalismo cualquier denuncia de corrupción, con independencia del origen de la acusación.

De ser ciertas las denuncias que dan cuenta de una presunta red de lavado de dinero de la obra pública, estaríamos frente a fenómenos de una gravedad inusitada. Porque, en definitiva, se trataría de una estructura de corrupción implantada en el Estado, y que lo atraviesa en su totalidad.

En este contexto, los valores republicanos de transparencia y honestidad quedan totalmente desechados, frente a un esquema de mentira sistemática, robo y delitos de variadas características. Sin embargo, hasta ahora, la sociedad civil en su conjunto no quiso, no pudo o no le interesó ver lo que hoy parece difícil de rebatir: un aceitado mecanismo de corrupción generalizado, que podría tener características mafiosas.

Conviene reflexionar sobre nuestro rol como integrantes de la sociedad civil, que de algún modo ha convalidado con su voto y apoyo a gobiernos de estas características. Justo es asumir que esto no es nuevo y que corrupción existe desde siempre, en nuestro país y en otras latitudes; no debemos negar que en la Argentina las prácticas corruptas nos han acompañado a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo también parece razonable sostener que, a través de los años, estos mecanismos perversos se han perfeccionado y agravado. Podemos decir entonces que no se trataría de un gobierno cuyos funcionarios roban, sino también, y en primer lugar, de un gobierno que roba a través de sus funcionarios (se enriquezcan éstos personalmente o no, son funcionales a un sistema que se autofinanciaría en parte a través del delito). En este sentido, corresponde hablar de un lamentable salto cualitativo: la corrupción se torna estructural cuando la sostiene la impunidad.

Además, aunque podamos coincidir en que la corrupción y la mentira son prácticas que existen desde que el hombre es hombre y desde que se asocia para formar gobiernos, también debemos recordar que entre las muchas virtudes del sistema republicano está la de generar mecanismos que pueden expeler a gobernantes con prácticas corruptas. Una prensa libre del gobierno de turno, un sistema de fiscales independientes y profesionales que pueda investigar con recursos adecuados y jueces dispuestos a aplicar la ley logran equilibrar los sistemas y evitar que las prácticas ilícitas se transformen en esquemas estructurales de corrupción enquistados en el poder.

La política es la mayor responsable, y no podemos admitir como justificación de la “politización” de la justicia (palabra más ajustada que “democratización”), la lucha contra los “poderes fácticos”, que propala en tono de relato el oficialismo. Porque no debemos olvidar que el estado de derecho lo que tiende a evitar es justamente la construcción de relatos unidireccionales plagados de supuestos enemigos identificados como “contrarios al modelo”. No debemos admitir una reforma de la Justicia cuyo fin último parece ser la garantía a la impunidad.

Cuando en 1984 Ernesto Sábato y la CONADEP presentaron su informe final, y cuando el fiscal Julio César Strassera describió con profesionalismo y rigor el sistema estructural de desaparición forzada de personas durante la última dictadura, una sociedad estupefacta dijo con fuerza nunca más. Quedó en esa instancia al desnudo la feroz práctica impulsada por la Junta Militar, que atacó de manera violenta la dignidad de la persona humana. Nada pudo justificar semejante proceder, pese a que durante mucho tiempo hubo un discurso justificador que la sociedad necesitó creer: había que luchar contra el terrorismo y defender un “estilo de vida” frente al ataque de quienes pensaban distinto.

El estado de derecho brilló por su ausencia en esa etapa oscura de nuestra historia. Hoy gozamos de las libertades de la democracia, y el Nunca más continúa resonando cuando rechaza de manera contundente cualquier solución que no respete la dignidad del hombre.

En este mismo sentido, la corrupción estructural necesita de una profunda investigación para que, como sociedad, entendamos qué significa vivir en un país con impunidad, y cuáles son las consecuencias en la existencia real de todos los argentinos.

Hemos dado pasos gigantescos en materia de derechos humanos y con el castigo a quienes participaron de esas atrocidades. La verdad prevaleció frente a discursos vacíos. Es hora de que frente a la corrupción, la sociedad fomente con intensidad y convicción que la verdad salga a la luz, y podamos decir –también– nunca más a la corrupción estructural.

 

Fuente: www.revistacriterio.com.ar