Pactó con la poderosa petrolera Chevron, lo cual es percibido como una contramarcha oficial

 

Carne+petróleo= acero”. Ese era el lema del movimiento desarrollista liderado por Arturo Frondizi, quien llegó a la presidencia en 1958 y fue derrocado en 1962.

El concepto detrás de esa fórmula implicaba que Argentina tenía un fuerte obstáculo en su desarrollo industrial: la falta de auto abastecimiento energético. Esta situación la obligaba a destinar a la importación de combustibles una parte sustancial de los dólares que le dejaba el campo, con lo cual no quedaban divisas suficientes como para comprar maquinaria. Así, la inversión productiva nunca podía acompañar los momentos de crecimiento alto del país y se producía el estancamiento, que generalmente terminaba en una fuerte devaluación.

A este ciclo se le llamó stop and go, y es, desde hace por lo menos 70 años, el gran estigma de la economía argentina.

Frondizi creía que, si lograba liberar el país de la necesidad de importar petróleo, entonces los dólares de la carne quedarían libres para crear una industria pesada y financiar infraestructura.

Varias décadas después, es notable comprobar lo poco que ha cambiado el debate argentino: el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que acaba de firmar con evidente disgusto un acuerdo de inversión con la petrolera estadounidense Chevron, justifica con los mismos argumentos su viraje discursivo.

Tiene, al menos, un consuelo: no es el primer gobierno que debe rendirse a la evidencia de que no está en condiciones de explotar, sin ayuda extranjera, los grandes recursos naturales del país. Primero lo hizo Juan Domingo Perón, quien –pese a su fuerte discurso nacionalista– firmó un contrato con la Standard Oil de la familia Rockefeller (la misma compañía que años más tarde, luego de asociaciones y cambios de accionistas, pasaría a llamarse Chevron). Los radicales, con Frondizi a la cabeza, fustigaron duramente ese acuerdo, al que consideraban una entrega de la soberanía. Una vez depuesto Perón, el acuerdo fue anulado. Pero Frondizi, que defendió con intransigencia el control de los recursos hidrocarburíferos por parte del Estado, debió sacrificarse en el altar del pragmatismo. Así, alentó el ingreso de capitales extranjeros y firmó ocho acuerdos de asociación petrolera. 

Más tarde, Frondizi justificaría así su contradicción: “La opción para el ciudadano que ocupaba la presidencia era muy simple, o se aferraba a su postulación teórica de años anteriores y el petróleo seguía durmiendo bajo tierra, o se extraía el petróleo con el auxilio de capital externo para aliviar nuestra balanza de pagos y alimentar adecuadamente a nuestra industria”.

También esos contratos fueron repudiados por el gobierno siguiente. Hubo que esperar hasta la década de 1990 para que se lograra el ansiado autoabastecimiento energético, cuando se reformó y privatizó YPF, señalada como símbolo de la gestión estatal ineficiente.

Con una dotación de personal reducida a su cuarta parte y con nuevo acceso al crédito internacional, YPF mejoró en eficiencia, pero con la crisis del 2001 y el creciente intervencionismo estatal en los precios empezó una etapa de bajas inversiones.

Críticas de todos lados 

La expropiación y reestatización decidida el año pasado por Fernández fue hecha con la expresa bandera de recuperar la soberanía. Y ahora, que firmó con Chevron un acuerdo que la oposición considera indigno, parece reeditarse un episodio recurrente en la historia cíclica argentina.

Axel Kicillof, viceministro de Economía y principal ideólogo de la reestatización, calificó al acuerdo como el inicio de “un boom de actividad”, y dijo que constituía “una enorme muestra de soberanía”. No es una opinión demasiado compartida, empezando por el hecho de que el acuerdo está regido por legislación estadounidense, algo que el propio kirchnerismo había criticado respecto de los tratados de inversión firmados en la década de 1990.

Por otra parte, al permitir el libre uso de 20% del petróleo extraído para ser exportado y sin obligación de dejar los dólares en el país, el acuerdo exonera a Chevron de tres medidas fuertemente criticadas a la gestión kirchnerista: las retenciones a las exportaciones, el cepo cambiario y la prohibición de remesar divisas al exterior.

La consecuencia fue una catarata de críticas. Quienes corren al gobierno por izquierda, como el diputado Fernando Pino Solanas, califican el acuerdo como “una entrega infame de los recursos naturales”. Y quienes critican desde una postura liberal cuestionan que la exoneración impositiva no sea extensiva al resto de la economía. “Si se eliminaran las retenciones agropecuarias habría un boom de inversiones que dinamizaría la economía, generando empleo y desarrollo al interior del país”, sostiene Ernesto Ambrosetti, economista jefe de la Sociedad Rural.

Mientras que Julio Currás, vicepresidente de la Federación Agraria, apunta contra la contradicción del discurso K: “El gobierno, que se dice nacional y popular, beneficia a grandes multinacionales extranjeras con un régimen de retenciones cero y castiga a pequeños y medianos productores argentinos con 35% de retenciones”. El argumento de defensa esgrimido por los funcionarios K es asombrosamente parecido al que todos los gobiernos anteriores dieron para justificar los acuerdos impopulares: el país no tiene capital ni tecnología para sacar a la superficie el petróleo de Vaca Muerta, uno de los mayores yacimientos de shale oil del mundo.

“Chevron no viene a llevarse un área sino que viene a asociarse con la empresa nacional, se asocia fifty-fifty –argumenta Kicillof–. Y recordó que, gracias a este acuerdo, Argentina podrá disminuir la cantidad de dólares que destina a importar combustibles y las canalizará hacia el estímulo a la producción. Por cierto, atribuyó a la española Repsol toda la responsabilidad por la caída en la inversión petrolera de los últimos años. Lo más parecido a una autocrítica fue el reconocimiento de que es difícil para el sector energético “seguirle el tren” a una economía que durante una década creció “a tasas chinas”.

Una bocanada de oxígeno

Lo cierto es que con los US$ 1.240 millones que aportará Chevron, el gobierno da señales de haber comprendido la gravedad de la situación de la balanza de pagos. A la exhausta caja estatal ya no le alcanza ni con una soja en US$ 540. Aun con una cifra récord de US$ 87.000 millones de exportaciones, el gobierno debe instaurar el control de cambios, y el señalado como gran culpable es la compra de combustibles. Entre enero y mayo, ese rubro implicó para el país la salida de US$ 4.500 millones.

Un informe de Mario Brodersohn, titular de la consultora Econométrica, calcula que con la caída en la producción de petróleo y gas, el país gastará US$ 8.600 millones este año y US$ 11.100 millones el año próximo. Y que el superávit comercial, después de pagar semejante cuenta, no alcanzará para proveer los dólares que el país necesita para pagar las deudas –tanto de empresas como del Estado– y, además, costearle las vacaciones a los argentinos en el exterior. Su pronóstico es crudo: ya rascando el fondo de la olla de dólares, no habrá más remedio que seguir sacrificando reservas del Banco Central, que en un año y medio caerán US$ 12.000 millones. Además, entre el inicio de la exploración de Chevron y la llegada de ese combustible a las estaciones de servicio, pueden pasar fácilmente cinco años.

Fuente: www.elobservador.com.uy