LA presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha desarrollado a lo largo de su dilatada carrera política una tendencia imparable a la patrimonialización de las instituciones para utilizarlas a su antojo.

LA presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha desarrollado a lo largo de su dilatada carrera política una tendencia imparable a la patrimonialización de las instituciones para utilizarlas a su antojo. Las informaciones periodísticas sobre el sorprendente aumento del patrimonio de la familia Kirchner no son una novedad; que ahora se descubra que la presidenta se ha dedicado a poner su fortuna a buen recaudo en las Seychelles, un paraíso turístico y también fiscal, forma parte de lo previsible, teniendo en cuenta la trayectoria de la mandataria, cuya política económica ha obligado a huir de Argentina a cientos de empresas extranjeras, precisamente debido a las terribles restricciones que les ha impuesto para poder operar con divisas. Los propios ciudadanos argentinos tienen que soportar limitaciones en el uso de su dinero para viajar al extranjero, mientras que la presidenta se permite utilizar los medios del Estado para poner a buen recaudo el suyo en una cuenta opaca.

Como ha sucedido hasta ahora en otros episodios similares, los medios argentinos que se atreven a denunciar estas prácticas son acusados de las más extrañas teorías conspiratorias y sometidos a una presión que pone en peligro su existencia. De momento, desde la Casa Rosada se ha calificado al periodista de «sicario» y su información de «bastarda y cruel», además de basada en informes falsos realizados «con un nivel ilimitado de odio y saña». Pero sin dar un solo dato para rebatir las acusaciones, pese a que se trata de un pulso en el que está en juego mucho más que la factura fiscal que la presidenta está tratando de ahorrarse –por elevada que sea– y que tiene que ver con la supervivencia del Estado de Derecho en Argentina.

Fuente: www.abc.es