Salvador Allende, el mito glorificado
Cada 11 de septiembre, se conmemora en Chile la caída del gobierno del ex presidente Salvador Allende. En aquella fecha, pero en 1973, Allende -que había arribado al gobierno tres años antes, en representación de la coalición de izquierda Unidad Popular- es informado sobre el inicio de la toma de distintos puntos de la ciudad por parte de las fuerzas armadas chilenas. El presidente se dirige hacia La Moneda, lugar que sería testigo de los últimos minutos de vida del mandatario.
Las fuerzas militares le solicitan la entrega del poder esa misma mañana, pero Allende descarta esta idea. Luego de algunas horas de tensión, los tanques ingresan en la zona del palacio, lo que da inicio al ataque, motivando a un pedido de cese del fuego por parte del jefe de estado. En esta instancia, Allende cede e insta al personal que lo acompañaba hasta ese momento a que se retire del salón que había sido elegido como refugio. Al quedar solo en aquel salón, dispara un fusil –obsequio de su admirado Fidel Castro- contra su mentón. Salvador Allende, promotor del despotismo comunista, estaba muerto.
En 1970, Allende llegaba al gobierno de la mano de un ideario marxista-socialista, tras obtener el 36,2% de los votos contra el candidato de la derecha, que alcanzó un 34,9%. Meses después -y al no haber segunda vuelta-, el parlamento escogería a Allende para la presidencia de la nación, bajo la condición de que firmase y respetase el Estatuto de Garantías Democráticas. Luego de rubricar el documento con su firma de puño y letra, Allende reconoció que el acto se había tratado de una simple estrategia para llegar al poder, e implementar su programa comunista de gobierno.
No obstante, y conforme lo citaba el periódico The Economist días después de la caída de Allende, «la muerte transitoria de la democracia en Chile era lamentable, pero la responsabilidad directa pertenecía claramente al Dr. Allende y a aquellos de sus seguidores que atropellaron la constitución».
De este modo, y como lo explica José Piñera -hermano del actual presidente, y economista creador del sistema privado de pensiones en Chile-, la misma institución que lo llevó al poder decidió removerlo, tras registrarse sus numerosos atropellos contra la constitución del país. Un mes antes de su caída, la cámara de diputados firmaría un acuerdo para remover al jefe de estado, respaldado por el accionar de las fuerzas armadas el 11 de septiembre. Este convenio fue, en ese entonces, aprobado por 81 diputados de la Cámara, esto es, aproximadamente dos tercios de la misma.
Durante los gobiernos previos al de Allende (Jorge Alessandri y Eduardo Frei Montalva), se dio inicio a una serie de medidas que luego serían completadas al extremo bajo su mandato, en este caso, expropiaciones (hoy reconocida medida de ciertos gobiernos populistas latinoamericanos). Comenzado el desgaste del derecho de propiedad, se multiplicaron las dudas respecto del tiempo de vida remanente para el Estado de Derecho.
Antes que ser glorificado por sus intentos de imponer un régimen al estilo cubano, Salvador Allende quizás debiera ser recordado como un ferviente portador de arbitrariedad y promotor de graves atropellos contra la constitución chilena de aquel entonces. Durante su presidencia, la nación recobró la senda de la miseria social -aspecto que difícilmente pudo ayudar al crecimiento económico registrado por Chile en décadas posteriores-, en tanto se computaron avances en contra de la prensa libre y la propiedad privada, se incrementó el respaldo en favor del extremista Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y el gobierno se comprometió con la agenda y estatutos de la OLAS -espectro a cargo de extender el ideario de la revolución comunista en la región-. Las huelgas se volvieron moneda corriente, la inflación se disparó en cifras lindantes con el 350% anual, idéntico despliegue acusó la emisión monetaria, y las industrias se acercaron al desplome. Abundaron controles de precio y su lógico subproducto, esto es, el desabastecimiento. En definitiva, Allende consolidó un programa económico que asistió en la destrucción de la nación, tanto a nivel socioeconómico como institucional.
El éxito del modelo de crecimiento y desarrollo chileno jamás habría sido posible si el derrocado mandatario se hubiese mantenido en La Moneda. En 1989, por la pacífica vía del referéndum, Pinochet regresó el control del poder a los civiles, en las manos de Patricio Aylwin (demócratacristiano de centro-izquierda). El mismo expresaría, poco tiempo después que «el gobierno de Allende se aprestaba a consumar un autogolpe, para instaurar por la fuerza una dictadura comunista», y que «las fuerzas armadas no hicieron sino adelantarse a ese riesgo inminente».
Ni Aylwin ni los gobiernos subsiguientes renegaron del sendero que condujo a la República de Chile a convertirse en uno de los países más estables e institucionalmente más sólidos de la América Latina. La dirigencia chilena asumió el compromiso de respaldar la alternancia política al tiempo que mantuvo la continuidad del rumbo económico, más allá de la diferencia de ideologías comportadas por los diversos espacios políticos.
De haberse inscripto el destino de Chile dentro del comunismo, América Latina -muy probablemente- hubiese contabilizado una segunda Cuba en su haber. Sin el ejemplo chileno, las implicancias para la región quizás hubiesen sido muy distintas, y en tal sentido supo expresarse Mario Vargas Llosa: «Si Chile retrocede hacia alguna forma de chavismo, sería una catástrofe no solo para los chilenos sino para toda América Latina».
Por su parte, Salvador Allende también había compartido su indudable aversión frente al Estado de Derecho, en uno de sus últimos discursos públicos: «En un período de revolución, el poder político tiene derecho a decidir en el último recurso si las decisiones judiciales se corresponden o no con las altas metas y necesidades históricas de transformación de la sociedad, las que deben tomar absoluta precedencia sobre cualquier otra consideración; en consecuencia, el Ejecutivo tiene el derecho a decidir si lleva a cabo o no los fallos de la Justicia».
De tal suerte que, a cuarenta años de aquel suceso, a cada cual le corresponde discriminar qué interpreta realmente por «democracia» y, más aún, replantearse cuál es la instancia en la que el cadalso de la misma dio comienzo en Chile.
Será hora de que América Latina reconsidere su rumbo y abra sus ojos ante los ideales que ha perseguido durante todas estas décadas; el fracaso histórico, en realidad, no existe. Fundamental es comprender que, a criterio de que exista prosperidad, cada individuo debe ser respetado como tal y no ser avasallado por el Estado bajo ningún tipo de forma. En tanto esto ocurra, se volverá más claro que la violencia a la hora de imponer ideas no es el camino; solo debe imperar la libertad.
Fuente: independent.typepad.com