En Venezuela la violencia se ha apoderado de las calles, imponiéndose una cruel batalla entre el Estado y gran parte de la ciudadanía que lucha por preservar lo que queda de sus derechos. No obstante los abusos perpetrados por el denominado Socialismo del Siglo XXI, hay quienes pretenden exculpar al gobierno venezolano anteponiendo su origen democrático como conditio sine qua non para denunciar toda crítica como desestabilizadora y fascista. De hecho, tal ha sido la postura del gobierno argentino al expresar desde su cancillería esta opinión que peligrosamente justifica el uso de mecanismos estatales para infundir el miedo en la población civil.

En este contexto de muerte, destrucción e injusticia frente al sufrimiento ajeno, recordamos las palabras de Simón Bolívar: “Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho”, reflexión que refiere al derecho legítimo de un pueblo a resistir a la opresión. De esta manera, el libertador llevaba a cabo una defensa a ultranza de los derechos humanos más elementales y naturales, cuya violación no se restringe, necesariamente, a gobiernos de facto o usurpadores. De ello se desprende que el pueblo es capaz, legítimamente, de resistir y finalmente, derrocar al gobierno de turno en caso de que el mismo violente o desproteja esos derechos asociados al gobierno democrático. Dados los acontecimientos más inmediatos, es posible vislumbrar que tal pensamiento ha cobrado una vigencia inusitada en la tierra que Bolívar contribuyó a liberar del yugo español.

El “gobierno democrático” es aquél cuya legitimidad se basa en el consenso de los gobernados, quienes son los soberanos responsables de su propio destino llamados tanto a elegir a sus gobernantes como a controlar sus actos de gobierno. Ésto porque la democracia no se circunscribe a las meras elecciones, sino que se vincula a una visión de mundo que pone el acento en la libertad individual, basada en la igualdad ante la ley de todos los seres humanos. Por lo cual, el rol de cada ciudadano no se acaba en las urnas, permaneciendo pasivo en el transcurso del mandato de los funcionarios elegidos, sino que se trata de acción y se ha de reflejar en un permanente interés por los asuntos que afectan a la sociedad civil, participando directa e indirectamente de la toma de decisiones colectiva.

Entonces, los mecanismos propios de la tradición democrática han de defender a las personas de los abusos del poder obstaculizando a quien detenta el poder coactivo, poniendo en evidencia aquellas reglas que deben respetarse para que el poder sea distribuido efectivamente en la mayor parte de los ciudadanos. Así la igualdad ante la ley rechaza a la sociedad de privilegios y la igualdad de derechos representa el disfrute equitativo por parte de los ciudadanos de los derechos humanos, sin distingo de raza, sexo, religión, ideología, etc.

Concluyendo, ¿qué sucede cuando las personas temen expresar a viva voz su opinión?, ¿qué pasa cuando el gobierno responde con violencia a los planteos de la ciudadanía; cuando los gobernantes elegidos en las urnas destruyen todos los canales de comunicación de los ciudadanos disidentes; cuando el pensamiento único comienza a penetrar todas las esferas de la sociedad y los reclamos legítimos son acusados de “destituyentes y fascistas”; y por fin, cuando el miedo, infundido por el aparato estatal, se esparce sin límites y al amparo de la ley?

Nos adelantamos y respondemos: la resistencia a la opresión se impone como derecho inalienable del ciudadano que comprende que no es súbdito. De aquél que es soberano consciente de que su vida y los valores que sustentan su razón de ser están en juego y que sólo de sí mismo depende su defensa.

Fuente: www.fundacionprogreso.com.ar