Venezuela profundiza el autoritarismo: el mundo mira para otro lado
En Venezuela cualquier apariencia de una democracia verdadera va desdibujándose día a día
La situación en Venezuela es grave. Cualquier apariencia de una democracia verdadera va desdibujándose día a día. No hay justicia independiente, la libertad de expresión sufre duros embates, el debido proceso no rige, como lo demuestra el absurdo encarcelamiento del líder opositor Leopoldo López. Todo ello con el telón de fondo de una crisis económica severa, con altísima inflación y un extendido desabastecimiento.
Frente a esos notables ataques a la libertad, es llamativo el silencio, cuando no el abierto apoyo al régimen que hoy lidera Nicolás Maduro, por parte de los presidentes latinoamericanos.
Por supuesto, nada podemos esperar en sentido contrario que provenga de Ortega, Correa, Evo Morales ni mucho menos, por supuesto, de los Castro, pero sí es curioso que una actitud similar surja de gobiernos que en sus países son respetuosos del Estado de Derecho, como Brasil o Uruguay.
Más curioso lo es todavía en el caso de Chile. Fue Piñera, en el último tramo de su gobierno, el único presidente latinoamericano que expuso sus preocupaciones en tal sentido, pero su reciente sucesora, Michelle Bachelet, ha declarado que debe respetarse la voluntad popular.
No es esa la cuestión. No está en discusión la voluntad popular como origen legítimo de los gobiernos. Lo que está en el tapete ahora es cómo se ejerce el gobierno. El origen electivo no les concede un bill de indemnidad para gobernar como se les dé la gana. El voto popular puede dar lugar a tiranías electivas. La defensa de la libertad y los derechos humanos exige censurar todo acto autoritario aun cuando sea cometido por un gobierno de origen democrático.
Parece innecesario recordar a esta altura que Mussolini y Hitler llegaron al gobierno por la vía electoral.
Bachelet, que sufrió en carne propia los extremos a los que puede llegar el abandono del Estado de Derecho, y que preside un país que es ejemplar en Latinoamérica en muchísimos terrenos, no debería desatenderse de la suerte de los venezolanos que claman por vivir en libertad.
En el orden interno, ¿podemos confiar en políticos opositores al kirchnerismo que, en lugar de censurar a Maduro, se dedican a imputarles a sus adversarios intenciones golpistas o a ser meros títeres de los Estados Unidos?
Estemos atentos, porque no hay razón para creer que lo que estiman bueno para Venezuela no les agrade también para la Argentina.
Ahora, en un nuevo giro autoritario del chavismo, la diputada opositora, María Corina Machado, fue expulsada de la Asamblea Nacional.
La excusa del presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, para adoptar esa drástica decisión fue que Machado asistió a la reunión de la OEA que trató el caso venezolano el viernes pasado por intercesión de Panamá. En una amañada interpretación, Cabello consideró que había aceptado un cargo de otro país sin autorización, como corresponde, de la Asamblea venezolana.
El argumento es muy burdo. Machado se valió de Panamá para poder hablar en una reunión en la que no lo hubiera podido hacer por su país, precisamente para denunciar los atropellos de Maduro y Cabello.
La expulsión es un hecho gravísimo. En la Argentina lo permite la Constitución en casos de inhabilidad física o moral sobrevinientes a la incorporación de los legisladores, pero sólo debería llegarse a esa determinación si estuvieran acreditadas causas muy serias que la justificaran, ya que privar a un legislador de su banca implica afectar la representación popular en virtud de la cual la ocupa.
Se recuerdan aún, en nuestro país, las expulsiones durante el primer gobierno de Perón de los diputados radicales Ernesto Sammartino, Agustín Rodríguez Araya y Atilio Cattáneo. Es un signo de profundo autoritarismo.
Pero curiosamente parece que los países americanos no lo ven así. En la reunión de la OEA se emitió una tibia declaración llamando al diálogo y nada se dijo de las violaciones al Estado de Derecho del régimen chavista.
La declaración «respalda» el diálogo iniciado por Venezuela y pide su continuación, llama al respeto de los derechos humanos y expresa su respeto a la no intervención en los asuntos internos del país.
Asimismo, se expresa el «reconocimiento, pleno respaldo y aliento a las iniciativas y los esfuerzos del Gobierno democráticamente electo de Venezuela y de todos los sectores políticos, económicos y sociales para que continúen avanzando en el proceso de diálogo nacional, hacia la reconciliación».
Además, muestra su «más enérgico rechazo a toda forma de violencia e intolerancia, y hace un llamado a todos los sectores a la paz, a la tranquilidad y al respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, incluyendo los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, circulación, salud y educación».
Esa lavada declaración fue aprobada por 29 votos a favor y tres en contra, de Estados Unidos, Canadá y Panamá.
Mientras tanto, Venezuela se aleja cada vez más de una democracia sustantiva y de los principios republicanos básicos.
twitter: @enriquezjorge