Para saldar cuentas de los 70, la presidenta argentina deja de lado el debido proceso

Los líderes populares en América Latina suelen encontrar poca resistencia cuando les quitan libertades civiles a ciudadanos impopulares. No obstante, el ejercicio de tan sólo un poco de poder autoritario es como un aperitivo. Aumenta el hambre.

La Cuba de 1959 fue un ejemplo obvio. También lo fue la dictadura militar derechista de Argentina, que hizo su propia ley luego del golpe de 1976.

Ahora la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, lleva a su país por el mismo sendero iliberal al negarles su debido proceso a unos 1.600 prisioneros que eran miembros de las fuerzas armadas o la policía en los años 70. Los argentinos y la comunidad internacional han guardado silencio en gran medida ante esta parodia de justicia, presumiblemente por lo impopular que fue el gobierno militar. Probablemente lo lamentarán.

El precedente cubano es instructivo. Dos meses después de que Fidel Castro derrotó al dictador Fulgencio Batista, 43 miembros de la fuerza aérea cubana, elegidos al azar, fueron juzgados bajo acusación de haber bombardeado a la población civil durante el conflicto. Un tribunal revolucionario los exoneró, alegando falta de pruebas.

Sin embargo, Castro no estuvo de acuerdo y anunció un nuevo juicio. Como no se presentó nueva evidencia, el segundo tribunal no emitió un fallo. Tres días más tarde, Castro sentenció a los pilotos a 30 años de trabajos forzados. Los artilleros recibieron 20 años y los mecánicos dos años.

El revolucionario barbudo era un héroe, había desplazado a un dictador. No obstante, la nación habría de lamentar el poder que le permitió tener cuando confinó tanto a enemigos como admiradores a un Estado policial.

Nadie duda que hubo graves violaciones a los derechos humanos en Argentina por ambos lados cuando los militares intentaron contener el terrorismo inspirado en Castro que sacudió el país en los años 70. La moralidad, la reconciliación nacional y la estabilidad de la república requieren que los responsables sean llevados a la justicia.

Pero Kirchner no busca justicia. Quiere venganza por las pérdidas que los militares le causaron a la izquierda, con la que simpatiza.

Luego de que el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) nombró a nuevos miembros de la Corte Suprema, el máximo tribunal anuló la amnistía que gobiernos anteriores habían concedido a militares desde 1983. En una decisión separada, la corte dictaminó que los crímenes cometidos por ex miembros de grupos terroristas prescribían. Algunas de estas personas eran empleados del gobierno de Néstor Kirchner, eran legisladores o lo apoyaban desde los medios. Luego Néstor Kirchner comenzó a acorralar a militares y policías que habían prestado servicio durante la guerra de los años 70. La presidenta Kirchner, quien asumió en 2007, ha acelerado el ritmo de los arrestos.

Según la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, organización sin fines de lucro con sede en Buenos Aires, unos 700 soldados y policías están en prisión, mientras que otros 900 se encuentran bajo arresto domiciliario. Los procedimientos judiciales pueden llevar años. Alrededor de la mitad de los jueces han sido nombrados por los Kirchner. Defensores de los derechos de los prisioneros sostienen que todos los jueces enfrentan la posibilidad de perder el cargo o ser transferidos si sus decisiones no son políticamente correctas.

Esa asociación de abogados ha documentado muchos casos de prisioneros de edad avanzada y enfermos a quienes se les negó el derecho al arresto domiciliario y cuidado médico. Alberto Solanet, quien encabeza la entidad, me dijo por e-mail la semana pasada que 224 de ellos murieron encarcelados.

Las convenciones internacionales señalan límites para la cantidad de años que el Estado puede mantener en prisión a personas que aguardan ser juzgadas. No obstante, la asociación afirma que las cortes han permitido que se violaran esos límites, y algunos prisioneros han estado detenidos por más de 10 años.

La asociación sostiene que 334 prisioneros han sido condenados por crímenes cometidos durante la guerra. Algunos quizás sean culpables, pero con la presión de la presidenta Kirchner sobre la justicia, muchos de los casos siguen siendo motivo de disputa.

Según abogados defensores y analistas judiciales, en muchos casos las cortes ignoran el principio legal de que hacen faltan pruebas más allá de las dudas razonables para condenar. Los acusados deben demostrar su inocencia. Como lo señala la asociación de abogados, de unos 400 miembros, «el solo hecho de haber pertenecido a las fuerzas armadas o fuerzas de seguridad en la época del presunto hecho investigado hace pasible a sus integrantes de ser procesados y luego condenados». Y agrega: «sin que resulte necesaria la prueba de su participación efectiva en el hecho del que se los acusa».

En una carta enviada al diario La Nación el 19 de enero, Aníbal Guevara Bianchi sostuvo que 80% de los testigos del juicio de su padre afirmaron que no sabían quién era. Un testigo lo ubicó en un momento y un lugar cuando «ya no estaba destinado en ese lugar». Otros declararon que había cumplido con sus deberes de forma apropiada cuando los arrestó. Sin embargo, el padre de Guevara Bianchi fue condenado «a cadena perpetua, peor pena que a sus generales en el juicio a las juntas.»

El tema del relato de este hijo no es único entre las familias de los prisioneros. Los argentinos saben sin dudas que no todo está bien en su sistema de justicia penal. Quizás sean menos conscientes de lo que esto significa para el futuro de la república.

Escriba a O’Grady@wsj.com

Fuente: http://online.wsj.com/