Como era previsible el juez Griesa no hizo lugar al pedido de la Argentina para restablecer el “stay” que hubiera permitido pagar a los acreedores que aceptaron el canje de deuda en 2005 y 2010 y continuar demorando el cumplimiento de la sentencia que obliga a pagar a los “buitres”.

Los argumentos del gobierno argentino son falaces ya que durante el lapso del juicio se negó a negociar invocando la ley 26.017 y lo continua haciendo hoy día, aunque el tiempo de la negociación de la deuda no “reestructurada” se agotó una vez que la corte de los EEUU desestimó tomar el caso “MNL”.

Ahora ya no se trata de negociar o transar sea en el proceso o fuera de él, el pago de los títulos cuyo canje fue incluido en el decreto 1735/04, sino de cumplir una sentencia judicial que ha quedado firme.

Los funcionarios argentinos arguyen su temor para “negociar” el modo de cumplir la sentencia ya que dicen, en mi opinión sin fundamento alguno, que “negociar la forma de pago podría activar la cláusula “rufo” incluida en los bonos canjeados y por tanto habría que equipararlos a lo logrado por los “buitres” y eso les podría deparar a los funcionarios intervinientes futuros procesos penales en su contra” conforme lo dijo el Jefe de gabinete en sus inútiles declaraciones que suele hacer a primera hora de cada día, para no decir nada o exponer argumentos que no resisten el análisis.

Me pregunto: ¿algún Juez podría condenar a un funcionario argentino por cumplir una sentencia legitima, una vez agotados los recursos de apelación procedentes?

Otro argumento es que no hay plazo suficiente para negociar, cuando el propio gobierno se jactó de su supuesta virtud, no ya de no negociar, sino de eliminar de la contabilidad pública los bonos no canjeados ya que en el artículo 6 de la ley 26017 se estableció un canje compulsivo de aquellos por los “BONOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA A LA PAR EN PESOS STEP UP 2038”, hecho que mereció un párrafo critico por parte del Juez Griesa en su sentencia, ley que fue considerada como un desafío a un fallo condenatorio.

Diría que ahora se trata de algo simple lograr plazos y eventualmente condiciones favorables para el pago de la sentencia ya irrecurrible, pero es poco serio e irresponsable y quizás ello si podría originar procesos en su contra, continuar ofreciendo las mismas condiciones de pago que las aceptadas por los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, precisamente porque la insólita ley 26017 se los prohíbe expresamente en el artículo 3º.

El argumento de que el gobierno quiere pagar pero no lo dejan, se agotó, ya que en todo caso el “pari passu” también ha quedado firme y esa cláusula no impide el pago sino que obliga a pagar a los que entraron al canje y a los que optaron por litigar. Como dice la propia Kristina obliga a pagarles al 100 por 100 y no a algunos elegidos a dedo como es la pretensión del gobierno, dicho en sentido figurado, al dejar de lado a los beneficiarios del fallo condenatorio.

Por último tanto quedaría la cuestión de la cláusula “rufo”. El gobierno pretende negociar el pago de la sentencia a partir del 1º de enero próximo dado que esa cláusula pierde vigencia el 31 de diciembre.

Ahora bien, esta cuestión se ha manoseado tanto y se podría argumentar que el país demoró la negociación sobre el modo en que pagará la sentencia dictada por Griesa, para eludir el cumplimiento de la cláusula “rufo”, por lo tanto la Argentina habría incurrido en una suerte de fraude sustentado en su mala fe, lo que probablemente también convierta en deudores solidarios a los propios accionantes.

En este caso la buena fe exigiría que rápidamente se proponga una forma de pago que se ajuste estrictamente a lo dispuesto en el fallo del Juez Griesa.

Este lamentable episodio cuyas consecuencias aun resulta difícil ponderar, pone de manifiesto la falta de idoneidad de la presidente y de su ministro de economía cuyas acciones son un insulto a la inteligencia.