Diciembre de 2012. Las reservas rondaban los 43.290 millones de dólares. El blue estaba en $ 6,76. El Estado nos costaba unos $103.000 millones y el déficit fiscal era de $33.148,9 millones. Los números ya no eran buenos. La gente notaba que no era lo mismo la inflación del 25% con la economía creciendo al 6%, como en el año anterior, que la misma inflación con la economía creciendo al 0,48% como en 2012. Muchos argentinos comenzaban a pasarla mal.

Así las cosas, 11 personas terminaron muertas y más de 292 comercios fueron brutalmente saqueados en más de 40 ciudades. Una ola de saqueos descontrolada hizo foco en varios puntos del país, sobre todo en Bariloche, Buenos Aires y Rosario.

La explicación previsible del Gobierno fue buscar culpas exógenas. Dijeron que se trató de una estrategia del sindicalismo no alineado. Los gremios opositores días antes habían realizado una manifestación en la Plaza de Mayo, aunque en la misma no había ocurrido incidente alguno. La cosa concluyó a partir de que Berni viajara a Bariloche con 400 gendarmes, y luego de gran esfuerzo se lograra sofocar el caos. Pero el daño ya estaba hecho.

En Rosario padecimos 4 muertos, quienes para el hoy Ministro de Defensa, Agustín Rossi (entonces jefe de bancada del kirchnerismo) fueron víctimas de organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico. La situación económica acuciante y la ausencia de control de las fuerzas de seguridad no tenía nada que ver para los popes del Gobierno.

El entonces Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, ilustró: “Son hechos aislados, muy claramente estructurados y organizados, en los que nadie iba por comida, sino por plasmas, LCD y bebidas” luego de apuntar hacia sectores del sindicalismo vinculados con camioneros, gastronómicos y ATE.

¿Fin del asunto? No.

De diciembre a diciembre

Diciembre de 2013. Las reservas habían caído desde 43.290 hasta 30.600 millones de dólares. El blue había saltado desde $ 6,76 a $10,04. El Estado nos costaba unos $114.730 millones (de 103.000 millones en diciembre 2012) y el déficit fiscal era de 25.621 millones de pesos. La inflación era del 28% y se sentía mucho. Los números eran muy malos.

18 personas perdieron la vida en una aún mayor ola de saqueos. Esta vez los vándalos operaron en 21 provincias argentinas y con mayor virulencia. El puntapié inicial lo dio una huelga de policías que se extendió por todo el país, y que dejó desamparada a la población frente a los delincuentes.

Organizados, con motocicletas, armas de fuego, palos y elementos contundentes, los delincuentes arrasaron con más de 1.900 comercios, dejando una pérdida estimada en $ 568.450.000. Los comerciantes también intentaron organizarse, armándose y permaneciendo en vela durante días, custodiando su propiedad. Muchos, sin embargo, no lo lograron y vieron perder sus negocios.

El modus operandi de los delincuentes fue relatado por Miguel Ángel Calvete, director ejecutivo de la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas. «En estos saqueos hay mayor violencia aún que en 2001. Entran cuatro o cinco personas a los

locales, anticipando el asalto. En 15 segundos, llegan 20 o 25 personas más. Previo a esto, hay marcadores que pasan en moto. Esto está muy organizado».

Los delincuentes no sólo operaron con total impunidad sino que hasta festejaron sus fechorías publicando en Facebook y Twitter lo que habían robado, mofándose de sus víctimas.

La reacción del Gobierno fue, otra vez, buscar culpables fuera. Capitanich dejó entrever que los saqueos buscaban empañar la fiesta del aniversario democrático. “No es casualidad que estos episodios ocurran a 30 años de democracia”, dijo.

Por su parte, la Presidenta Cristina Fernández, realizó un acto público con danza y baile, para celebrar el aniversario, mientras en todo el país se velaba a casi dos decenas de personas. Su argumento fue: «Yo no soy ingenua. No creo en las casualidades ni en los hechos que se producen por contagio. Por contagio son las paperas, la varicela o la rubeola. Algunas cosas que pasan en algunas fechas no son por contagio, son por planificación y ejecución con precisión quirúrgica»

¿Y ahora?

Faltan pocos meses para el último mes del año. La actividad es negativa. El blue está en $13,15 y la inflación es del 40%. Las empresas cierran. Hay más desocupación. Los locales venden menos. Ni siquiera la demagogia de los planes y subsidios alcanza, porque la inflación se come todo para sostener los $ 147.145,30 millones (dato de junio) que nos cuesta el aparato estatal.

La situación económica y social representa un caldo espeso que puede generar más caos. Es deseable, pero improbable, que no se sucedan nuevos hechos de violencia. No

podemos saberlo. Pero no sorprendería que nuevamente el Estado más grande de la historia fracase en brindar los servicios públicos más básicos: seguridad y justicia.

Lo que sí sabemos es el argumento que eventualmente y sin sonrojarse esgrimirá el Gobierno ante los ojos lagrimosos de comerciantes saqueados y familiares de las víctimas: “No es nuestra culpa”.

Fuente: Fundación Libertad