En una democracia republicana el voto no es otorgado para autorizar un saqueo generalizado vía el estado

En una de sus defensas matinales de lo indefendible, Capitanich dijo, refiriéndose a alguna declaración que se había formulado en IDEA, que se presentaran a elecciones para ver quién tenía razón. El kirchnerismo no tiene mejor argumento para defender sus ideas que someter todo a votación. Como si los votos dieran la razón. Si así fuera, el genocidio de Hitler estuvo sujeto a derecho porque fue elegido por el voto popular.

El mismo argumento utilizó CF cuando en 2008, en medio del conflicto de la 125, dijo por cadena que a pesar de haber tenido el 45% de los votos iba a mandar al Congreso un proyecto de ley, para aprobar el incremento de la carga tributaria sobre el sector agropecuario. Semejante afirmación dejó al descubierto sus inclinaciones autoritarias o su profunda ignorancia de lo que es un estado de derecho.

En efecto, en primer lugar nuestra Constitución establece que es el Congreso de la Nación el que establece la carga tributaria, no el poder Ejecutivo, así que al mandar un proyecto de ley no le estaba haciendo ningún favor a nadie ni estaba otorgando ninguna concesión. Solamente tenía que cumplir con la ley. No es prerrogativa del Ejecutivo establecer impuestos.

En segundo lugar, el hecho de tener el 45% de los votos no la convierte en monarca que le da derecho a decidir sobre la vida y la fortuna de los habitantes de país. El artículo 29 de la constitución nacional es muy claro al respecto. Textualmente dice: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

En una democracia republicana el voto no es otorgado para autorizar un saqueo generalizado vía el estado. Es solo un mecanismo pacífico para elegir a determinadas personas que, por un tiempo determinado, tendrán como función administrar la cosa pública, sometidas al estado de derecho. Es decir, gobiernos subordinados a la ley.

En nuestro país, y también en muchos países del mundo, se ha desvirtuado por completo el sentido del voto, transformándolo en una forma de elegir a nuestros propios dictadores. Puesto de otra manera, cuando el gobernante utiliza el monopolio de la fuerza que se le delegó y viola el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas, pierde toda legitimidad y no solo se levanta contra el orden constitucional sino que pasa a ser un delincuente como cualquier otro que usa la fuerza para violar derechos.

En su ensayo La Ley, Bastiat distingue entre el robo común y el robo legalizado. Dice Bastiat que el estado no puede hacer algo que si lo hiciera un particular constituiría un delito.

Por ejemplo, si un grupo armado impide que nuevos empresarios compitan con algún grupo ya establecido, eso es un delito que debe ser sancionado. Ahora, si el grupo ya establecido recurre al estado para que sancione una ley que les prohíba a nuevos empresarios competir con los que ya están establecidos, también es un delito porque el estado es cómplice del grupo ya establecido violando el derecho a ejercer toda industria lícita en beneficio del grupo ya establecido. De esta manera, no solo crece la corrupción porque nadie que esté en la función pública va a otorgar semejante beneficio en forma gratuita, sino que además, el estado se convierte en un delincuente más. Y un delincuente es un delincuente con votos o sin votos. Los votos no convierten un acto ilegítimo en legítimo. Los votos no transforman una violación de derechos en estado de derecho.

En nuestro país hoy rige lo que algunos llaman democracia delegativa y que antes Hayek había distinguido entre democracia (gobierno sujeto a ley) y democracia ilimitada en la cual quienes acceden al poder por medio del voto terminan usando e monopolio de la fuerza para violar derechos y establecer la corrupción, o en su momento lo que Karl Popper escribió en La Sociedad Abierta y sus Enemigos. Este es un tema que viene de larga data.

Ya los padres fundadores de EE.UU. estaban preocupados por limitar el poder del gobierno. Veían que al otorgarle el monopolio de la fuerza a un grupo reducido de personas, se podía caer en un sistema autoritario.

El problema fundamental es que si el voto decide la legitimidad de los actos de gobierno aunque estos violen derechos de tercero, se cae en una competencia de populistas para ver quien promete saquear con mayor intensidad los derechos de una minoría para favorecer a una mayoría circunstancial.

Si la democracia se limitara a votar y el que más votos tuviese pasara a tener derechos absolutos sobre los ciudadanos, me declararía abierta y categóricamente antidemocrático.

El mundo en general tiene un problema con este tema de los votos y el monopolio de la fuerza, pero en Argentina, al igual que en Venezuela y en otros países de América Latina, parece haber una estupidez suprema al respecto.

En síntesis, tener más votos no da la razón. Los votos son un sistema pacífico de cambio de gobierno que para no ser autocrático tiene que respetar el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Y si viola esos derechos es una autocracia y un delincuente, con votos o sin votos. Pero delincuente al fin porque comete el robo legalizado del que hablaba Bastiat.

Es más, y con esto cierro la nota, me preocupa más el robo legalizado de los gobiernos que el de los ladrones comunes. De estos últimos es más fácil defenderse.