Pareciera que el  intelecto de nuestros dirigentes haya retrocedido a las épocas primitivas donde el mito y las creencias mágicas conformaban la narración de la vida social

Es increíble la incapacidad intelectual de gran parte de la clase política argentina para encontrar soluciones a los problemas que nos acosan. Dan la impresión de carecer de ideas y estar privados del sentido de realidad para comprender y elaborar propuestas destinadas a resolverlos.

POBREZA MENTAL.

Cualquier persona, medianamente instruida, puede apreciarlo con sólo escuchar sus opiniones en los programas televisivos. Lo mismo ocurre con los deplorables debates parlamentarios donde predominan la incoherencia y la provocación.  Salvo excepciones, su universo mental se desarrolla en una espesa oscuridad,  compuesta por confusas ideologías,  creencias supersticiosas y consignas erróneas.

Pareciera que el  intelecto de nuestros dirigentes haya retrocedido a las épocas primitivas donde el mito y las creencias mágicas conformaban la narración de la vida social, su cultura, las  leyes, técnicas de trabajo  y relación con los dioses. Hoy en día,  nuestros políticos no saben ensamblar la razón con las creencias.  Piensan como si hubiesen transcurrido en vano los esfuerzos de 14 siglos que tardó la humanidad para aprender a pensar gracias a la lógica de Aristóteles y los epicúreos, el camino más rápido y seguro para descubrir la verdad. Se comportan como ignorantes y fanáticos, no aceptan el razonamiento, ni las evidencias con que la realidad se impone a la  inteligencia.

Por eso sobreabundan en frases incoherentes y sin sentido. Exhiben  un absoluto desconocimiento del  raciocinio. No saben argumentar. Ignoran  el encadenamiento lógico de sus propias ideas. Así  llegan  a conclusiones disparatadas  o  simplemente no concluyen en nada útil. La mayoría de las veces -cuando carecen de razón- terminan el discurso con tonos ofensivos, insultantes y ásperos, agrediendo a sus adversarios con palabras hirientes y agresivos ultrajes personales.

ENCUESTA ÁCIDA.

Si fuese posible conseguir el asentimiento de los interesados, pediríamos a los encuestadores más destacados que presenten un check list a los mayores referentes del país. Desde los obispos integrantes de la pastoral social  a ciertos ministros del gabinete de Mauricio  Macri, pasando por los inamovibles líderes sindicales, los conspicuos y veteranos legisladores,  siguiendo con los dirigentes empresarios y terminando con los periodistas de mayor influencia en la opinión pública.

A todos ellos les preguntaríamos que digan si están o no de acuerdo con estas premisas que circulan como creencias mágicas de los argentinos.  Casi podríamos asegurar que ganaríamos  la apuesta de uno contra mil. La mayoría de esos referentes votarían  afirmativamente por [ SI ]. Ellos, con sus opiniones,  convalidarían la presunción de que en Argentina tiene plena vigencia la versión criolla de la famosa ley de Gresham de 1544: “inevitablemente, las ideas sensatas son expulsadas del dominio público por las ideas demagógicas”.

DISPARATES DE DOMINIO UNIVERSAL.

Dentro de los disparates que circulan con mayor fuerza entre los relevantes líderes de opinión,  hay ciertas frases que se han convertido en dogmas laicos, sin posibilidad alguna de refutación. Recordemos y veamos:

1. INFLACIÓN. “Un poco de inflación no hace mal”;  “Los formadores de precios son culpables de la inflación”; “La codicia de los empresarios provoca el alza de precios”; “Si aumentan los precios, habrá que ponerlos presos”;  “El Gobierno debe intervenir y  controlar los precios”; “El atraso cambiario permite frenar la inflación”; “La absorción del exceso de emisión es sustentable siempre que las tasas de las Lebac superen la inflación”.

2. POBREZA “La pobreza se elimina sacando a los que más tienen para darlo a los más pobres”;   “La fragilidad laboral exige perseguir el trabajo en negro porque no recauda aportes ni  contribuciones  sociales”; “Hay que prohibir el despido para proteger los puestos de trabajo”;

“Los subsidios deben ser asignaciones universales, para que todos y todas vivan del Estado”.

3.  IMPUESTOS.  “Los que más tienen, que más paguen”;   “Los impuestos deben gravar cualquier manifestación de renta y de riqueza”; “Hay que adoptar un sistema de impuestos múltiples, con alícuotas progresivas”;  “Los impuestos siempre vuelven al pueblo”; “La política impositiva sirve para redistribuir la renta”; “Los privilegios fiscales son justos y necesarios para favorecer ciertos sectores a criterio del Estado”; “La igualdad de los impuestos es una cruel injusticia, sólo es admisible la igualdad de la carga impositiva entre iguales”; “Las retenciones de exportación son excedentes de renta que pertenecen al pueblo y no a los agricultores”.

4. DIVISAS. “El mercado de cambios es monopolio del Banco Central”; “Sólo pueden comprarse dólares legalmente con bancarización, nunca en dinero efectivo”; “Es lícito racionar la venta de dólares según la consistencia fiscal de los ingresos declarados”; “Los contratos en dólares deben cancelarse en pesos al cambio oficial”; “El gobierno no puede renunciar al señoreaje de la moneda y debe desalentar el uso de otras monedas”; “La única moneda admisible es la que tiene curso forzoso por ley”; “Es improcedente sancionar una ley permitiendo contrataciones de cualquier tipo en monedas de libre uso”; “Los dólares de exportación pertenecen en forma inalienable del Estado”.

5. CONQUISTAS SOCIALES. “Los derechos del trabajador son contradictorios con los intereses del empleador”; “En el contrato laboral no hay armonía ni colaboración sino lucha de clases”; “Los convenios deben contener cláusulas de ultra-actividad para evitar que la patronal explote a los obreros”; “Los derechos adquiridos son irrenunciables, no se negocian”; “Los convenios salariales no deben discutirse por empresa, sino por sectores”; “La patronal es la parte poderosa en la relación laboral”; “En los litigios laborales, el trabajador siempre tiene razón porque es la parte débil”; “Las costas y honorarios regulados en juicios laborales están íntegramente a cargo del patrón, aun con sentencia favorable”; “Los días de huelga ilegal deben pagarse para no afectar el derecho constitucional”.

6. MERCADO INTERNO. “Ningún país regala el mercado interno a las multinacionales”; “Hay que vivir con lo nuestro”; “La defensa de la industria nacional requiere protección aduanera”; “Debemos agregar valor a la producción primaria para tener ventajas comparativas”; “La competitividad no se logra bajando costos sino con un dólar recontra-alto”; “Debemos dejar de ser productores de granos y cereales”; “La mesa de los argentinos demanda alimentos baratos para financiar los costos laborales de la industria local”.

7. GASTO PÚBLICO. “No hay que poner límites al gasto”; “La reducción del gasto público incrementa  la pobreza”; “El déficit del presupuesto permite redistribuir ingresos”; “Achicar el Estado es beneficiar a sectores concentrados”;  “Los motores de la economía son el gasto y el consumo, no el ahorro”; “Es posible un plan gradualista de varios años para eliminar el déficit sin reducir el monto del gasto público”;  “Para equilibrar la economía no es preciso reducir el gasto sino  administrarlo mejor y honestamente”; “El empleo público permite alcanzar el pleno empleo”.

8. INVERSIONES. “El estímulo del consumo fomenta la inversión productiva”; “Las inversiones se logran con créditos a tasas subsidiadas”; “Las empresas del Estado ayudan a la inversión productiva”; “Cuando no hay ahorros suficientes, es necesario emitir dinero”.

9. DEUDA PÚBLICA.  “La emisión de bonos para  obras públicas permite absorber el paro”;

“La deuda pública nunca se cancela, se paga con nueva deuda”;  “No es posible gobernar  sin déficit de presupuesto”; “El gasto en obras públicas no es gasto sino  inversión”; “La coima y el sobreprecio lubrican los trámites acelerando la ejecución de las obras”; “Roban, pero hacen”; “Un gobierno elegido por el pueblo, merece quedarse con parte del excedente para financiar los gastos de la política”.

10. DESEQUILIBRIOS. “El pacto social entre Sindicatos, Centrales Empresarias y Gobierno es un medio idóneo para equilibrar la economía sin sacrificios para nadie”.

Dentro de los disparates que comienzan a tejerse en el cerebro de la dirigencia política, sindical, empresaria y hasta eclesiástica,  actualmente está surgiendo la idea del mismo Pacto Social  fracasado innumerables veces. Pareciera que los argentinos se entusiasman con el intento de repetir los mismos errores del pasado.

EL PACTO SOCIAL-POPULISTA.

En nuestro país el pacto social-populista fue ideado en junio de 1973 por el ministro José Ber Gelbard, ex miembro del partido comunista y ministro de economía de Héctor J. Cámpora (el “Tío”).

 Fue firmado por representantes de la CGT cuyo líder era José Ignacio Rucci  y otros dirigentes de la CGE patronal peronista.

Pretendió que la participación de los asalariados en el ingreso nacional fuese del fifty-fifty; intentó detener la inflación que era un problema recurrente del peronismo; quiso acabar con la recesión,  consolidar el crecimiento del mercado interno y estimular las exportaciones tradicionales.

Los principales puntos del  Pacto social-populista  fueron:

^a)  Congelamiento de todos los precios y tarifas;  ^b) Aumento masivo del 40 % en sueldos y salarios absorbidos por las utilidades de las empresas;  ^c)  Suspensión de paritarias durante 2 años; ^d)  Amplios créditos con tasas subsidiadas a la industria nacional; ^e)  Prohibición de inversiones extranjeras en áreas estratégicas de la economía nacional; ^f)  Impuesto del 65 % sobre las utilidades giradas al exterior por compañías trasnacionales cuando la alícuota normal era del 22 %.

En pocos meses, el efecto final de este Pacto fue un inolvidable fracaso que afectó los últimos meses de la gestión presidencial del general Juan D. Perón. Luego de su fallecimiento dio lugar al brutal  plan de ajuste denominado “Rodrigazo”, acelerando la caída del gobierno presidido por Isabelita Perón y abriendo la puerta a una dolorosa guerra revolucionaria que asoló el país entero.

UN PACTO FISCAL SERIO Y RESPONSABLE.

El verdadero pacto social -serio y responsable- que el país necesita urgentemente antes que la insoportable situación social estalle a la luz pública, consiste en otra cosa muy distinta de la que piensan el Gobierno, la CGT, la UIA, AE y las Centrales EmpresariasCoordinadas.

Tan diferente que ni siquiera los propios integrantes del gabinete de Mauricio Macri parecen darse cuenta de ello. Ellos están enfrascados en un loable, pero imposible objetivo de ordenar la administración del Estado elefantiásico que nos dejaron doce años de populismo kirchnerista.

Quizás no se hayan dado cuenta que este Estado no puede gobernarse y constituye una losa de hormigón con carga intolerable, con sus impuestos, gastos, déficit e intromisiones en la vida privada de las personas.

Nuestro imprescindible pacto social tiene que ser un “Pacto Fiscal” que reconcilie la sociedad con la política, antes que sea demasiado tarde. No puede ser un simple pacto con camarillas y oligarquías que no representan a nadie sino a ellos mismos. El pacto social imprescindible es con las personas decentes, que son multitud pero apocados.

Tales son los trabajadores que respetan su trabajo; los hábiles artesanos que hacen maravillas; las amas de casa ejemplares que crían a sus hijos; los empresarios y comerciantes honestos; los científicos serios e independientes; los artistas que recrean la belleza;  los sacerdotes y pastores que muestran el camino de la verdad y la vida; los funcionarios públicos insobornables; los militares que defienden la patria; los policías que honran su uniforme; las maestras que transmiten el saber y la vida honesta;  los periodistas que son fieles a su misión de decir la verdad; los escritores que exaltan los mejores sentimientos humanos; y los profesores que saben formar discípulos porque conocen profundamente su materia.

Todos ellos, en conjunto,  constituyen el pueblo y son el motor del país. Si claudican o renuncian a cumplir con su deber, la sociedad entera se derrumbaría. Ese es su enorme poder y su gran responsabilidad. Pero no están representados por la CGT de Moyano o de Caló, ni la UIA o las Centrales Empresarias.

El país que dejaron doce años de demagogia y latrocinio, produjeron una grieta profunda, donde la sociedad se ha fraccionado en dos bandos irreconciliables: los saqueadores y las víctimas saqueadas;  de nuevo: civilización o barbarie.

Como hemos visto, los saqueadores constituyen una minoría audaz dirigida por una dirigencia política descarada e insolente, que los utiliza para someter a los demás a sus caprichos. En cambio, los saqueados -que son mayoritarios- se muestran  más bien pusilánimes y asustadizos. Sin embargo con ellos hay que firmar el Pacto Fiscal serio y responsable.

Dentro de estos últimos predominan individuos responsables y emprendedores: referentes sociales, líderes religiosos, dirigentes políticos y gremiales, profesionales independientes, capitanes de industria e intelectuales que piensan que la solución está en el esfuerzo personal no en la dádiva del Gobierno, ni en el acomodo o el cohecho a costa del pueblo manso.

Ningún sistema democrático puede sostenerse si el pueblo se lava las manos, si no se indigna, si no muestra su presencia, si abandona el espacio público a la turba y cede lugar a los saqueadores.

El buen gobierno es aquél que sabe seleccionar las necesidades, individuales y sociales,   a satisfacer y  limita el grado de satisfacción de tales necesidades, para no derrochar recursos.

Nadie, ni los más audaces gobernantes, pueden prometer dar más a algunos, sin ofrecer menos a otros. Pero, cuidado, no existe política alguna que arrebatando rentas legítimas, desalentando el ahorro y confiscando el patrimonio acumulado por las personas, pueda aumentar el consumo de hoy sin comprometer el consumo de mañana.

REFORMA A FONDO DEL SISTEMA IMPOSITIVO.

Si el gobierno de Mauricio Macri aspira a recrear un país normal, no puede seguir repitiendo machaconamente un  discurso hueco y estéril sobre una democracia declamada,  que nada dice y  nada permite construir, porque esa retórica sin contenido terminará llevando al pueblo al paroxismo que es la exaltación extrema de la grieta de  odios y pasiones.

Macri y su gabinete tienen que plantearse y responder claramente, en forma pública, las siguientes cuestiones:  ¿Qué es esto que llamamos Estado? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué debe hacer y qué no debe hacer el Gobierno? ¿Dónde están sus límites?

¿Hasta dónde podemos tolerar que el Estado se dedique a expoliar el sector privado? ¿Cuánto puede exigirle fiscalmente  sin poner en peligro la capacidad creativa de los individuos? ¿Cómo impedir que el sistema impositivo desaliente la libre iniciativa de la gente?

¿De qué modo podemos conseguirse que la clase política tenga controlados sus desbordes, se comprometa con el “bien común”, abandone la mezquindad electoralista, destierre el despilfarro y repudie el clientelismo como instrumento habitual de gobierno? ¿Algún día podremos tener políticos honestos, inteligentes y eficaces?

La reconciliación entre la Sociedad y la clase política requerirá un Pacto de Reforma Impositiva como Ley fundamental, tanto o más importante que la Constitución y que las leyes que determinan el valor de la moneda o garantizan las libertades individuales.

Ese Pacto Fiscal tendrá que encarar los temas de tributación, deuda pública e inflación interrelacionados con el gasto público, personaje principal del Estado absolutista. Éste es el factor que condiciona  los otros tres a sus caprichos y veleidades.

Para impedir burbujas financieras que estallan sin avisar, el pacto fiscal de reconciliación debe retornar a las reglas de oro de los buenos gobiernos, que son los mismos criterios de la sabiduría popular, impuestos a los gobernantes: 1º “ni el Gobierno ni los individuos pueden dar un paso más largo que sus piernas”;  2° “tanto el Estado como las familias deben ajustar sus gastos a sus rentas” 3° “el Estado no debe recaudar ni gastar  más de un cuarto de lo que se produce”.

En los días de esperanza que estamos viviendo por el nuevo Gobierno, ella radica en la certeza de que  al final y pese a nuestras cobardías, debilidades y traiciones, la idea de la libertad no se perderá nunca. Porque la ley moral no puede derogarse ya que está escrita en las tablas de eternidad que moran en nuestras conciencias Es deber sagrado del gobierno optar por la vida y la libertad, por nosotros, por nuestros hijos y por esta Patria, que es el lugar donde reposan los huesos de nuestros Padres. Este será el imprescindible Pacto Fiscal del bicentenario.