Muchos y graves son los problemas generados por el kirchnerismo. Pero ninguno tan serio y profundo como el de la pobreza material y la estrechez mental para entender porque los pobres carecen de posibilidades para superar la miseria.

 

LA GRIETA DE LA POBREZA

La pobreza es una tremenda  y pesada carga moral  que traspasa las capas sociales, traba la posibilidad de un proyecto sugestivo de vida en común, dificulta la unidad nacional, afecta la paz interior e impide el bienestar general, que son las exigencias fundacionales dispuestas por nuestra Constitución.

La pobreza  ha merecido muchos comentarios y compromisos, pero ninguno de ellos ha pasado de ser una mera referencia dialéctica, quizás para calmar el sentimiento de culpa de la propia conciencia.

 

El Papa Francisco y los obispos católicos  han predicado miles de veces  su “opción preferencial por los pobres”.  El presidente Mauricio Macri  ha reiterado el  propósito de conseguir  la  “pobreza cero.  El observatorio social de la UCA se ha relevado  estadísticas confiables que demuestran la ” pobreza estructural”  del 34% de la población. Los fieles religiosos aportan generosos recursos en la  colecta Más por Menos para que Caritas ayude a los “pobres de solemnidad” que no pueden sustentarse sin recibir  limosnas.

Otros más, también se ocupan de los pobres: los analistas de televisión y de la prensa escrita que  interpelan “la pobreza creciente” y  los caciques sindicales que reclaman de modo cerril  “mejoras para sus afiliados”.  También lo hacen  agitadores callejeros que utilizan  los pobres arreándolos, como ganado,  en piquetes y cortes de rutas y los punteros políticos que manipulan a los pobres para conseguir sus votos.

Todos ellos, sin excepciones,  parecen enrolados en una formidable cruzada por los pobres. Sin embargo, la pobreza aumenta constantemente y no hay forma de contenerla. Estamos desbordados  por reclamos, diagnósticos y  protestas airadas,  pero carecemos  de propuestas. Ninguno de aquellos actores de la vida social ha formulado  un  plan de acción sensato y factible para terminar con la pobreza.

 

LA HISTORIA HUMANA

Sin embargo, en la milenaria documentación de la historia humana de Oriente y Occidente,  hay una enorme evidencia ignorada -o peor aún agravada-   por sucesivas camadas de políticos que aterrizan en cargos públicos como bastardos paracaidistas.

 

Se trata de la innegable pero demoledora relación entre impuestos y pobreza, demostrada en el siglo XV por la Escuela de Salamanca. La historia, maestra de vida, nos enseña: “que a mayores  impuestos sucede mayor pobreza”;  “que los impuestos son por lo común el azote de los pueblos y la pesadilla de los gobiernos. Para aquellos son siempre excesivos para éstos nunca son sobrados ni bastantes”; y “que no todo impuesto es justo y ni toda evasión fiscal es injusta”.

No hay duda alguna, ni hacen falta complicadas elucubraciones,  para entender que cuanto más dinero arrebaten los gobiernos a la sociedad, tanto más pobreza generarán  y tanto más serviles serán los ciudadanos, porque nadie puede tener real independencia política  sin autonomía económica.

 

         Solo cuando las personas consigan  retener el fruto de su trabajo honesto  y puedan acumularlo sin verse expoliados por múltiples impuestos, será posible restituirles la dignidad humana que la pobreza les niega, promover el orden social, reponer  el capital consumido y acumular nuevo capital para crear  nuevos puestos de trabajo.

 

           Este es el único proceso natural  que permite lograr el bienestar para todos.

LIMITE FISCAL TOLERABLE

Como  en cualquier economía moderna, la Oferta global o Producto Bruto Nacional tiene cuatro destinos fundamentales, que constituyen la Demanda global o el Gasto Bruto Interno como se lo denomina en términos estadísticos.

 

(1)  Una cuarta parte destinada al consumo de las familias;  (2)  otra cuarta parte afectada a conservar y  mantener el capital gastado o envejecido;  (3)  una siguiente cuarta parte para acumular nuevo capital a fin de permitir que el crecimiento de la economía acompañe el incremento de la población;  (4) por último,  una cuarta parte residual que pueda ser tomada por el Estado con impuestos  para cumplir sus funciones de seguridad, educación, salud pública, justicia y equipamientos en infraestructura.

 

En este esquema, la exportación juega un papel decisivo que no debe ser soslayado  porque los países la necesitan para poder importar lo que no  tienen. De paso, el libre comercio pone un freno a la desmesura de los productores locales.

Por esta razón tan simple y contundente, el límite tolerable de la presión fiscal,  o arrebato de recursos privados por parte del Estado, debiera ser inexorablemente del 25 % del Producto Bruto del año precedente y ni un centavo más. Ello tendría que ser solemnemente garantizado por una ley de orden público. Esto y no otra cosa es el verdadero cambio que anhelamos pero nunca decidimos emprender.

 

Hoy, nosotros  soportamos  una rapiña fiscal entre el 53% y 48% del Producto Bruto, según que computemos o no los intereses de la deuda externa pública y privada.  Esta voracidad fiscal desembocó en la mayor corrupción de la historia nacional, ha consumido el capital acumulado durante los años de la convertibilidad y deteriorado toda la infraestructura existente.

 

El populismo progresista que imperó más de una década fue posible porque toleramos que el Estado quite dinero a unos para pagar los planes sociales de otros, dejamos de crecer para poder consumir y no pudimos habilitar nuevos puestos de trabajo sin subsidios estatales, que terminaron pagando los más pobres.

Estamos como estamos: sin inversiones ni posibilidades de mejora. En estas condiciones el enriquecimiento de algunos privilegiados  se hace a costa de la pobreza de los demás, dentro de un marco de violencia social.

 

LA REFORMA IMPOSITIVA

Con tales antecedentes, Mauricio Macri se encontrará bien pronto frente a la necesidad de relanzar la gestión de su gobierno. ¿Qué debiera hacer entonces  para recuperar la iniciativa y generar confianza en el renacimiento del país?

 

No tendrá más  remedio que lanzar una profunda y sustancial reforma impositiva, como nunca se hizo en nuestro país.

Entonces será de elemental consideración que el Gobierno establezca un tope fijo y  determinado al gasto público consolidado, del 25 % del Producto Bruto del año precedente.

 

Ese debiera el límite de la legalidad fiscal, que no pueda ser sobrepasado sin que el Estado pierda autoridad moral sobre la población y los ciudadanos recuperen el derecho humano elemental de rebelarse contra una presión fiscal injusta mediante la evasión fiscal, que es el derecho patrimonial equivalente al “habeas corpus”.

 

Una vez definidos legalmente estos parámetros, la reforma impositiva podría basarse en la misma exitosa experiencia observada en los países bálticos, en  Rusia y las naciones de Europa oriental, en Singapur y Hong Kong,  que desde el año 1995 han optado por el sistema conocido como Flat-Tax, derogando múltiples impuestos salvo dos impuestos  básicos  sobre los ingresos de las  personas físicas y sobre el valor económico  añadido por las empresas y los negocios, ambos a la tasa única del 13 %.

 

El sistema impositivo del Flat Tax les ha asegurado un excelente nivel de crecimiento, de apertura al comercio mundial, de estabilidad monetaria, de invulnerabilidad a la crisis financiera mundial y de mantenimiento de un alto grado de empleo de la mano de obra local.

 

Frente a la posibilidad de indiscutidos efectos favorables, el presidente Macri debiera desalentar la maliciosa tentación de su propia tropa que pretende preparar en secreto una contra-reforma impositiva tendiente a mantener los mismos niveles de gasto público logrados por la repartija populista de la gestión del matrimonio Kirchner.

La lucha puede ser dura, pero así como el gobierno ha aceptado ejemplarmente, el mandato constitucional de convocar a audiencias públicas para tratar las tarifas de agua, luz, gas y servicios cloacales;  del mismo modo tendría que convocar a magna audiencia pública para  la tarifa más importante que afecta el bolsillo y el futuro de los argentinos: la tarifa fiscal cristalizada en los impuestos.

 

La única posibilidad de conciliar los intereses del gobierno  con los derechos del pueblo a vivir en paz y sin miedo a las confiscaciones, consiste en que el presidente Mauricio Macri decida proponernos un “Pacto de Reconciliación entre la Clase Política y la Sociedad” mediante un profundo cambio del sistema impositivo.

 

Para lo cual,  el propio ministerio de Hacienda tendría que hacer un gran esfuerzo  porque se le exigirá la ardua tarea de reformar el elefantiásico aparato estatal. Pero  así el gobierno del presidente Macri podrá entrar en la historia grande y  adjudicarse el mérito de “Cambiar” un país anquilosado en lugar de  “Continuar” con la trayectoria de miseria y decadencia que desde hace 70 años empaña nuestras ilusiones y esperanzas.