Como consecuencia de no tener en orden las cuentas fiscales en 2001 nos costó 12 años de kirchnerismo

Corría la década del 80 con Alfonsín presidente y el plan austral naufragando. Recuerdo que fui a un almuerzo en el que estaba invitado Trócolli como orador, el entonces ministro del Interior de Alfonsín, y en una parte de su exposición dijo: sabemos que el gasto público es alto, pero, ¿quién paga el costo político de bajarlo? Pasaron más de 30 años desde ese almuerzo y una y otra vez el argumento vuelve a repetirse. Es políticamente imposible bajar el gasto público.

Uno de los últimos ejemplos que vimos y terminó en una verdadera catástrofe fue el desplazamiento de Ricardo López Murphy del ministerios de Economía por querer bajar el gasto público. Los medios, los políticos y los sindicatos le saltaron a la yugular y tuvo que irse a los pocos días de asumir como ministro. Pero lo que iba a ser una catástrofe social y política si se bajaba el gasto público según la recomendación de Ricardo López Murph, terminó en una crisis institucional, política y económica de una gravedad inusitada por no seguir las recomendaciones de RLM. De la Rúa tuvo que dejar el poder cuando se acabó el financiamiento externo para cubrir el bache fiscal, se declaró el default de la deuda pública, Duhalde hizo una devaluación salvaje bajando el gasto público en términos reales mediante una llamarada inflacionaria llevando la pobreza por encima del 50%, pesificó los depósitos en dólares y rompió algo tan particular como el respeto por los contratos, elemento fundamental para atraer inversiones.

Al margen de todo eso, como consecuencia de no tener en orden las cuentas fiscales nos costó 12 años de kirchnerismo, un gobierno que llegó al poder con el voto de la gente y luego se transformó en un gobierno autoritario, hizo terrorismo de estado utilizando los resortes del poder para perseguir a quienes pensábamos diferente, destruyó la economía del país con su populismo desenfrenado y no tuvo límites en la corrupción.

Pero volviendo al tema del gasto público, un primer argumento que suelen esgrimir quienes dicen que no se puede bajar es que los empleados públicos que perderían sus ingresos y los piqueteros no podrían aguantar. En rigor hay políticas que pueden aplicarse para que puedan aguantar hasta que lleguen las inversiones y tengan un nuevo puesto de trabajo. Pero de todas formas vale formular la siguiente pregunta: ¿acaso el asfixiado contribuyente puede aguantar esta presión impositiva? ¿Por qué el empleado público no puede aguantar y el contribuyente sí puede aguantar esta brutal carga impositiva?

Segunda cuestión. Si no baja la carga impositiva las inversiones no vendrán, no se crearán nuevos puestos de trabajo y nunca podrán pasar los empleados públicos y piqueteros a trabajos en el sector privado. La conclusión sería que Argentina no tiene solución económica y su destino es continuar en la decadencia.

Tercera cuestión, en 2001 el gasto público consolidado era el 35% del PBI y no pudo financiarse. No alcanzaban los impuestos ni el endeudamiento externo, ¿por qué ahora vamos a poder financiar un gasto público consolidado del 48% del PBI? Si no se pudo antes, no veo razones para pensar que ahora sí se pueda. Sí se puede mantener durante un tiempo el bache fiscal con endeudamiento externo, pero en el mediano o largo plazo esa política es insostenible. Nadie nos va a financiar cualquier nivel de gasto público ni de déficit fiscal, además de generar serios problemas en el tipo de cambio real.

La propuesta del gobierno se limita, por ahora, a intentar mantener el gasto público en niveles constantes, es decir, que el aumento nominal de gasto público no sea mayor que la tasa de inflación y, por otro lado, apostar a que el crecimiento de la economía genere más ingresos tributarios y con eso bajar el déficit fiscal y las necesidades de financiamiento.

Dos objeciones merece está estrategia fiscal. Por un lado, no sabemos por qué causa el PBI va a crecer al 3,5% anual como dice el gobierno. Aun asumiendo que bajara la carga tributaria, la legislación laboral, la burocracia y las regulaciones conspiran contra un flujo importante de inversiones, de manera que no se ve claramente por qué va a subir el PBI sin modificar la carga tributaria, ni remover las regulaciones, ni modificar la legislación laboral, etc. En otros países esta fórmula funcionó porque no tenían las regulaciones laborales y económicas que rigen en Argentina.

Por otro lado, aunque lograran congelar el gasto público en términos reales, eso no significa que se esté reformando el sector público. Que el empleado que pone un sello en un papel para aprobar un trámite inservible gane lo mismo en valores constantes no cambia la falta de competitividad que le transfiere el sector público al sector privado. El desafío es bajar el gasto público para reducir el déficit fiscal y el gasto pero reformando el sector público para que esté al servicio de la población y no de la dirigencia política.

En síntesis, cuando uno propone bajar el gasto público es porque no solo el estado asfixia al sector privado con su peso, sino que, además, se ha transformado en el negocio de los políticos y en el principal enemigo de los ciudadanos, gasto que nos lleva a la decadencia y a un país corrupto.

Desde el punto de vista económico, la pregunta no es ¿cómo hará el sufrido contribuyente para seguir soportando el peso de un estado que no lo deja producir? ¿Acaso el contribuyente tiene menos derechos que los empleados públicos y que los piqueteros? Para los políticos sí, pero para una sociedad libre y con una economía próspera, la respuesta es un categórico no.

Insisto, recordemos que por no haber tenido disciplina fiscal en 2001 y echar al que quería establecerla tuvo el terrible costo político de la larga noche k que estuvo a punto de llevarnos a una dictadura chavista.