Desde hace 70 años el Estado elefantiásico, omnipotente y omnisciente es el causante de la decadencia argentina

En nuestro país, hace más de cien años que comenzaron a instalarse las ideas de proteger a los trabajadores en su vejez. El peronismo y el estatismo de él derivado, no sólo no tuvieron nada que ver con el origen del sistema jubilatorio sino precisamente con su demolición y bancarrota.
ANTECEDENTES
Los seguros sociales se establecieron en Argentina durante 1904 con la ley 4.349 que creó la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Públicos. Luego, siguieron la creación de Cajas Jubilatorias  por gremios, basadas en excelentes cálculos actuariales.

En 1915, la Caja de Maquinistas de la Fraternidad (Ley 9.653); en 1918, la Caja del  Personal Ferroviario (Ley 10.690); a continuación, en 1921, la Caja de Servicios Públicos (Ley 11.110); en 1923, la Caja de Bancarios y Empleados del Seguro (Ley 11.232); en 1928, la caja para Empleados del Comercio e Industria (Ley 11.289); en 1939, la caja de Periodistas y Personal Gráfico (Ley 12.581) y la Caja del Personal de la Marina Mercante (Ley 12.612).

Estas Cajas Gremiales eran autónomas. No formaba parte de las cajas del Estado ni de los Sindicatos.  Eran Asociaciones mutuales privadas libres, organizadas mediante rigurosos cálculos financieros efectuados por una pléyade de actuarios que establecieron un sistema de imposiciones mensuales, por período vencido, colocadas a una tasa de interés compuesto del 4% anual sin inflación.

Con esas imposiciones mensuales constituían un fondo para atender las rentas vitalicias diferidas que los afiliados iban a percibir a partir del momento de su jubilación hasta su muerte, la del cónyuge o del hijo incapacitado.

Los cálculos financieros tenían en cuenta las expectativas de vida  y utilizaban Tablas de mortalidad y conmutación a distintas tasas anuales. Fueron realizadas por ilustres actuarios: José González Galé, Argentino Acerboni, Filadelfo Insolera y Giorgio Mortara, maestros actuariales que proporcionaron las bases científicas de estas cajas verdaderamente inconmovibles. Los  libros de texto de estos actuarios  mantienen una sorprendente actualidad y podrían servir perfectamente  para hacer las cosas bien hoy en día.
PLAGIO AL SISTEMA DE REPARTO
Con el surgimiento de la “Nueva Argentina” ideada por Juan Domingo Perón, de un plumazo se tiró abajo el sistema basado en el cálculo actuarial. Mediante decretos 31.665/44 y 12.937/46 se dispuso la nacionalización de los seguros sociales a través de un pozo común y se crearon las Cajas de Empleados de Comercio, del Personal de la Industria, de Trabajadores Rurales, de  Profesionales y Trabajadores Independientes, de Empresarios y del Estado.

El proceso de estatización peronista sustituyó el sistema actuarial de las viejas Cajas Gremiales por el sistema de reparto, copiando un ingenioso procedimiento ideado después de la Segunda Guerra Mundial por el actuario alemán Wilfred Schreiber.  Como en Alemania estaban destruidas las empresas industriales, los locales comerciales hechos añicos, arrasados los archivos y desaparecida toda clase de documentación, no había manera de recuperar  datos del viejo sistema actuarial de jubilaciones. Entonces, a Wilfred  Schreiber se le ocurrió organizar –temporariamente- las jubilaciones como un pacto entre la generación joven de postguerra y los ancianos sobrevivientes. De manera que los primeros se hicieran cargo de la pensión de los segundos con la esperanza de recibir el mismo trato cuando hubieran envejecido. Contó para ello con la colaboración de un grupo de economistas y filósofos  comprometidos con la Economía Social de Mercado: Hans Achinger,  Joseph Höffner,  Hans Muthesius y Ludwig Neundörfer, el segundo de los cuales era arzobispo de Colonia,   (Neuordnung der sozialen Leistunge, Bonn 1946)

La idea alemana del reparto -básicamente transitoria-  fue plagiada por el primer gobierno peronista de 1946, aunque se respetó  la tradición de documentar los aportes individuales para que no cayeran en el pozo ciego de la gran piñata política.

De manera que los trabajadores recibían una libreta jubilatoria individual en la que el empleador pegaba todos los meses una estampilla con el importe  aportado. Cuando se completaban los casilleros, la libreta simplemente se presentaba en la caja pertinente  y el trabajador recibía el beneficio jubilatorio.

Mientras millones de cotizantes depositaban  sus aportes y los jubilados eran pocos, sobraba mucho  dinero. De allí el gobierno peronista comenzó a utilizarlo para los despilfarros del presupuesto. A partir de la crisis de 1952, Juan Perón  se encontró entre la espada y la pared. Echó mano de los fondos jubilatorios y los reemplazó por obligaciones previsionales a perpetuidad con tasas de interés más bajas que la inflación. El llamado “empapelamiento” de las cajas llegó a u$s 1.500 millones  de ese entonces

Quince años más tarde, en 1967, el gobierno de Juan Carlos Onganía hizo lo mismo desde el ministerio  de bienestar social de Roberto Petracca: entregó las obras sociales a los sindicatos, concentró a los jubilados en el Pami y volvió a meter la mano en las cajas jubilatorias contra entrega de nuevos títulos sin respaldo.

 

Idéntica decisión adoptó el gobierno de Agustín Lanusse en 1972 cuyo primer ministro de economía  Aldo Ferrer, luego despedido mediante la curiosa eliminación del ministerio de economía y su reemplazo por Juan A. Quílici como ministro de Hacienda.

 

En el año 2000 durante la desafortunada gestión presidencial de Fernando de la Rúa, el ministro   Domingo F. Cavallo  obligó a las AFJP a comprar títulos públicos para evitar el default.  Es decir que peronistas, radicales, progresistas de izquierda y  militares de derecha, todos metieron la mano en las arcas del sistema jubilatorio para financiar gastos corrientes.

Así comenzó el desfinanciamiento del sistema de reparto, cuya crisis se agravó con el tiempo. Los gobiernos democráticos y de facto comenzaron a repartir jubilaciones de privilegio y pensiones graciables a quienes nunca habían aportado nada. Incluso todavía subsiste un  selecto pero secreto núcleo de jueces, fiscales, políticos, ministros y legisladores que gozan del privilegio de percibir jubilaciones de hasta  $ 340.000 mensuales (casi u$s 20.000) mientras que la gran mayoría cobran la mínima de $ 7.246 (apenas u$s 400).

La relación entre cotizantes y beneficiarios se desmejoró aceleradamente. Pasó de 5 activos  cotizantes por jubilado en el primer gobierno de Perón,  a la aterradora e insostenible proporción de 1,3  pasivos (jubilados-pensionados-subsidiados) por cada activo del sector privado o público.

Por eso los fondos no alcanzan para pagar a quienes reclaman sus derechos. Dentro de este caos financiero, se dictaron leyes inaplicables, como las que disponían el beneficio del 82% a jubilados y del 75% a pensionados, vetadas por la señora Cristina Kirchner. También resultó abstracta e inaplicable la disposición constitucional del art. 14 bis que establecía  la movilidad de las jubilaciones o pensiones y las sentencias de la Corte no hicieron  sino desfigurar más aún el panorama. El sistema de reparto entró en quiebra a principios de la década del 90, con cuantiosas deudas acumuladas que no podían ser pagadas.

SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN.
La situación comenzó a solucionarse durante la convertibilidad, con el reconocimiento de las deudas previsionales, el pago de los compromisos a jubilados con fondos obtenidos en las privatizaciones de empresas públicas y la emisión de bonos previsionales.

Además, como el sistema de reparto era incorregible, se adoptó un sistema de capitalización y se encargó su gestión a diversas administradoras públicas y privadas, llamadas AFJP. Este sistema fue idéntico al adoptado en Chile y se basa en distinguir jurídicamente los fondos jubilatorios del patrimonio de las administradoras y en exigir la identificación de los aportes de los trabajadores mediante cuentas individuales de capitalización.

Nuestro sistema de capitalización arrancó con los mismos vicios del sistema de reparto: fue obligatorio para todo el mundo, creó un mercado cautivo de cotizantes, estableció desmesuradas comisiones y seguros de invalidez excesivamente elevados que llegaron al 32% de los capitales aportados por los activos, obligó a invertir en títulos del Estado hasta el 60 % de la cartera  y sólo admitió la elección entre compañías que operaban en un mismo y único sistema, prohibiendo establecer otro sistema diferente. Las indudables ventajas frente al quebrado sistema de reparto eran la aparición de cuentas individuales de previsión y la creación de fondos fiduciarios independientes del patrimonio de las administradoras.

Pero como siempre ocurre en Argentina, el sistema de capitalización fue concebido como un lucrativo negocio financiero para pocas manos: 26 entidades públicas, privadas y mixtas.

La caída de la convertibilidad, como consecuencia del excesivo aumento del gasto público y su financiamiento con emisión de deuda, hizo que el Estado se apoderase por la fuerza de los fondos disponibles en las AFJP a cambio de títulos públicos que fueron defaulteados. De esa forma se produjo una verdadera confiscación de los ahorros acumulados por los cotizantes, quienes se ilusionaban con jubilarse mediante la renta de las inversiones realizadas con sus ahorros.

Así y todo, el sistema de fondos fiduciarios independientes fue lo suficientemente sólido como para que pudiera exhibir un formidable capital con rendimientos de históricos del 13,9 % anual y del 7 % real por sobre la inflación.

DEMAGÓGICO RETORNO AL SISTEMA DE REPARTO
La enorme masa de fondos acumulados por las AFJP no hizo más que aumentar la codicia sin límites del gobierno de los Kirchner.

Primero, pensaron en obligar a las administradoras a invertir esos fondos en proyectos energéticos manejados por Julio De Vido, que no tenían rentabilidad alguna porque estaban vinculados con tarifas congeladas. Eso no fue técnicamente posible.

Al mismo tiempo, se largaron a repartir jubilaciones  sin aportes previos, a cualquiera que quisiese recibir una prebenda electoral:  de la noche a la mañana surgieron 1.432.037  nuevas jubilaciones y se otorgaron 1.355.000 pensiones de dudosa invalidez. Muchos beneficiarios, asistidos por inescrupulosos  bufetes de abogados, eran amas de casa que tenían un buen pasar y nunca habían trabajado.

Esta situación hizo que fuera necesario adoptar una solución política, planteando la libre opción de retornar al sistema de reparto, con el fin de captar aportes de nuevos cotizantes y, de este modo, disponer de dinero suficiente para cubrir las jubilaciones pródigamente regaladas.  La decisión tomada en febrero 2007 fue un fracaso político porque sólo 800.000 decidieron regresar al viejo sistema estatal de reparto y 9.504.770 quisieron  permanecer en una AFJP. Fue una verdadera derrota política que tuvo muy poca trascendencia. A todo esto, los fondos privados acumulados en cuentas individuales sumaban u$s 37.712 millones compuestos por depósitos en bancos locales por $ 94.345,1 millones más depósitos en dólares en el Deutsche Bank de New York, cuando un dólar valía $ 3,20.

Inescrupulosamente,  en octubre de 2007 Néstor y Cristina Kirchner decidieron quedarse con estos cuantiosos fondos por consejo del entonces ministro Amado Boudou y de Sergio Massa,  presidente de Anses. Volvieron  a repetir la misma escandalosa situación que, en 1953 permitió la despectiva respuesta del entonces ministro del Interior peronista Ángel Gabriel Borlenghi, en oportunidad de tratarse la iniciativa parlamentaria de jubilaciones para empresarios, profesionales, trabajadores independientes y amas de casa.

Cuando se les señaló que esas jubilaciones engendraban pasivos actuariales imposibles de ser cancelados en el futuro, con gran desparpajo dijo: “Nosotros establecemos los beneficios sociales… que la cuestión del cálculo actuarial la arreglen los que vengan dentro de 30 años”.

Tanto ayer como hoy no pueden dejar de relacionarse estos hechos con el recuerdo del famoso libro de  Pauwells y Bergier: “El retorno de los brujos”. Así se cumplió con la inexorable regla que nos ha impuesto una decadencia permanente en la economía argentina: el Estado elefantiásico, omnipotente, omnisciente e inepto es el causante de gran parte de nuestros males.

De este modo, el matrimonio presidencial de Néstor y Cristina Kirchner -sin consultas  ni acuerdo general de ministros y con la opinión contraria de los cotizantes-  resolvieron dictatorialmente estatizar  el sistema jubilatorio argentino y apoderarse de la cuantiosa reserva acumulada en Bancos locales, Caja de Valores y Entidades financieras del exterior.