Luce realmente fuera de toda lógica que en el medio de una convocatoria de acreedores el Poder Ejecutivo decida intervenir una empresa en la que se requiere poner dólares para que pague sus deudas

Luce realmente fuera de toda lógica que en el medio de una convocatoria de acreedores el Poder Ejecutivo decida intervenir una empresa. Es que en toda convocatoria el juez de la causa nombra un síndico que controla que se respete el plan presentado por los deudores para hacer frente al pago a los acreedores, oportunamente acordado. El síndico solo interviene si, por ejemplo, los accionistas de la empresa quieren vender algún activo importante que le quite solvencia e impida pagarle a los acreedores en el futuro en caso de ir a la quiebra. De manera que no hay riesgo para los acreedores que los accionistas de la empresa vendan activo estratégicos o vacíen la empresa para que los acreedores no puedan cobrar porque está el síndico nombrado por el juez controlando la situación, por lo tanto no tenía sentido intervenir la empresa.

Es más, para recurrir a la intervención el Poder Ejecutivo cita en el decreto de intervención 522/2020, del 9 de julio pasado, en la página 3, la ley a la que recurren para justificar la intervención. Dice el decreto mencionado: “asimismo se dispone la ocupación temporánea por SESENTA (60) DÍAS de la sociedad VICENTIN S.A.I.C. en los términos de los artículos 57, 59 y 60 de la Ley N° 21.499, la que se dispone administrativamente en razón de utilidad pública y con el objeto de asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus activos y de su patrimonio, y la protección de los puestos de trabajo en peligro, lo que se vuelve urgente en el marco de las emergencias dictadas por la Ley N° 27.541 y la situación de emergencia sanitaria inédita que vive el país, teniendo en cuenta el volumen de la empresa en cuestión, la soberanía alimentaria y la necesidad de evitar impactos de alta negatividad en la economía.”

Por empezar la ley 21.499 fue promulgada por Jorge Rafael Videla el 17 de enero de 1977, ley que estaba destinada a regular el procedimiento de la expropiación en los términos del artículo 17 de la Constitución Nacional. Pero lo curioso es que el art. 17 dice que la utilidad pública debe ser establecida por ley del Congreso, y en ese momento no había Congreso, con lo cual los militares estaban asimilando sus funciones legislativas a un congreso constitucional. O sea, el Ejecutivo se basa en una ley de un gobierno de facto que también establece la intervención para un gobierno de facto.

Forzado el marco legal para intervenir la empresa, tema que no es menor porque queda el precedente que por un simple decreto presidencial pasan a estar sujetas a intervención todas las empresas de Argrentina, dudo que haya interés en hundir inversiones en nuestro país, dada la fragilidad que tiene la propiedad privada.

Toda esta introducción viene a cuento porque recordemos que la prosperidad económica de los países está atada a la calidad institucional. A la seguridad jurídica que debe imperar. Sin esa seguridad jurídica, no habrá inversiones y se estará condenado a los habitantes a una creciente pobreza, desocupación, bajos salarios y ausencia de un futuro de prosperidad.

El argumento que el Estado quiere ayudar a los productores luce realmente insólito. Por empezar Vicentin está en convocatoria de acreedores y el Ejecutivo, que dice que va a salvar la empresa, también está en convocatoria de acreedores porque está negociando una deuda que no puede pagar. Igual que Vicentin y sin acuerdo, por ahora, con los acreedores. Debe ser un caso único en la historia que alguien que está en convocatoria de acreedores diga que sale en salvataje de otro que está en convocatoria de acreedores. Dicho más directamente, el gobierno no puede pagar su propia deuda y además su principal fuente de ingreso es la emisión monetaria, ¿y pretende pagar la deuda de Vicentin? ¿Con qué lo va a pagar si los recursos impositivos no le alcanzan ni para hacer frente a los gastos corrientes?

Tampoco es cierto que se esté resguardando la soberanía alimentaria. El 85% de la facturación de Vicentin está concentrada en la molienda de granos y en la producción de biodisel. Las empresas del grupo dedicadas a alimentos, como son sus frigoríficos y la producción de aceite, representan solo el 7% de la facturación de la empresa. Dudo que si desaparecen esas empresas la gente deje de comer por ese motivo.

Tampoco es comprable el argumento que el gobierno quiere ayudar a los productores de la zona. Que el gobierno diga que quiere ayudar a los productores agropecuarios resulta llamativo. El productor de soja recibe un dólar de $ 50 por cada dólar que produce en soja y paga sus insumos, si tiene suerte, a  $ 72. Tiene ingresos a un dólar de $50 y costos a un dólar de $ 72. En realidad, mientras el dólar verdadero tiene un precio de mercado de $ 126, el gobierno le da un dólar de $ 50 al productor. Una brecha cambiaria del 152%.

El argumento de pagarle un mejor precio al productor para ayudarlo tiene tan poco sustento que con solo mencionar que para ayudarlo solo bastaría con bajar las retenciones, queda rápidamente queda desbaratado el argumento. Pero además, el precio de la soja se rige por el mercado de Chicago. Es un commodity que no puede tener demasiados desvíos en el precio de mercado. Si al estatizar Vicentin el estado pagase más por la tonelada de soja que sus competidores, habría una pérdida que estaría financiando el contribuyente. Y, nuevamente, cabe recordar que hoy el Estado no tiene recursos para financiar sus propios gastos al punto que la emisión monetaria ya es la principal fuente de financiamiento del sector público.

El tema de la expropiación merece otro comentario. Para poder expropiar Vicentin, el Congreso tiene que declararla de utilidad pública y previamente indemnizada. Acá el Ejecutivo sentó de prepo a un interventor para que maneje la empresa sin indemnizar previamente a sus accionistas.

Pero dudo que alguien pueda sostener seriamente que una empresa de molienda de granos es de utilidad pública. Eso es para el caso, por ejemplo, de tener que ampliar una ruta y se necesita expropiar parte de un campo para poder ampliarla, no para que el estado se haga empresario y tome una empresa privada. Si la empresa fue mal manejada la comprará otro o irá a la quiebra, pero cargarle a los contribuyentes el costo de una empresa con problemas no tienen ninguna lógica y menos en un gobierno que ha perdido 194.000 puestos de trabajo desde que asumió de acuerdo a datos oficiales del ministerio de Trabajo, tomando los datos a marzo que solo tuvo 10 días de cuarentena.

En lo que hace al argumento de que el estado necesita una empresa que exporte para hacerse de dólares, es falso. Hoy todos los exportadores, sean de granos o de tornillos, tienen la obligación de entregarle al BCRA los dólares exportados por los cuales reciben un tipo de cambio que no es de mercado. Así que hoy, por la fuerza, el Estado se queda con los dólares de los exportadores. No hace falta que el estado expropie una empresa para quedarse con los dólares de exportación. Ya lo está haciendo, además de quedarse con la renta de los productores por vía impositiva.

Por último, el presidente afirmó que le preocupa que Vicentin caiga en manos capitales extranjeros. Es bueno recordarle al presidente que Argentina se construyó gracias al aluvión de extranjeros que vinieron a trabajar a la Argentina gracias a la seguridad jurídica que imperaba en esos años. Argentina creció con extranjeros que vinieron a trabajar, no a buscar planes sociales, y muchos de ellos crearon, con gran esfuerzo, grandes empresas que generaron miles de puestos de  trabajo. La etapa de oro y crecimiento de Argentina no se puede entender sin la seguridad jurídica que imperaba en ese momento, la libertad para producir y la corriente de inmigrantes que vinieron a trabajar. Y la decadencia Argentina no se puede entender sin recordar la inseguridad jurídica que impuso el populismo con las regulaciones, expropiaciones y la cultura de la dádiva.

En síntesis, no hay un solo argumento jurídico o económico que justifique la expropiación de Vicentin, solo sabemos que con esta nueva violación al derecho de propiedad, se está condenado a la Argentina a espantar a los inversores, a huir a los que tienen hoy hundidas inversiones en la Argentina y a crear las condiciones para que aumente la pobreza, la indigencia, la desocupación y siga la decadencia Argentina.

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