El proyecto de ley de mercado de capitales, lejos de generar una ampliación de los actores del mercado de capitales, va a generar el desinterés de las empresas que quieran cotizar públicamente

 A lo largo de la discusión dada en el Congreso sobre la reforma del mercado de capitales, hemos escuchado diversas voces (oficiales y algunas opositoras) mencionar el término “mercado” como un tabú, como si se tratara de algo que no debería siquiera ser pronunciado. Creo que frente al relato oficial, es necesario volver a la esencia del funcionamiento de toda economía. No se trata de la discusión “mercado versus Estado”, ya que el mercado es únicamente el mecanismo que funciona como formador de precios. En el mundo no hay economía, de ningún tipo, que pueda subsistir sin precios. Si no hubiese precios sería exactamente igual de justo pretender una silla de oro, en vez de una de madera. En fin, los mercados existen, por más que algunos se empeñen en negarlos. Lo que, en todo caso, debe ser discutido en las políticas públicas, es la regulación que se establecerá desde el Estado para los mercados.

Al regularse el funcionamiento del mercado de capitales, el Estado debería propender a establecer ciertas reglas básicas que sean sencillas y simples, que aseguren transparencia, y finalmente, que promuevan el crecimiento del mercado. El proyecto de ley oficialista apunta exactamente a lo contrario: establece trabas, discrecionalidad en sus medidas y escasa transparencia. Cuando hay trabas, discrecionalidad y menor transparencia, se crea el medio ideal para que los negocios sean realizados por aquellos con menos limitaciones morales. En cambio, en los mercados abiertos y transparentes, las reglas son iguales para todos y se mantienen en el tiempo.

Entiendo que definitivamente habría que trabajar en el establecimiento de reglas de largo plazo. No importa tanto ya si son muy buenas o no tan buenas. Para cualquier persona que va a invertir en un mercado, sea de capitales o de cualquier otro tipo de producto, lo importante es que esas reglas se mantengan en el tiempo, es decir, que esas son las condiciones de juego y que durante un largo plazo de tiempo no serán alteradas. Lo que destruye la economía y, al fin de cuentas ahuyenta los capitales, es la posibilidad de que las reglas puedan ser cambiadas de un día para el otro con total discrecionalidad.

Además de establecer las reglas, el Estado, al ejercer su rol regulador, debe buscar potenciar la actividad privada en vez de restringirla. El proyecto de ley aprobado en el Congreso, en vez de atraer nuevos capitales, provoca la huida de las empresas que no quieren estar sometidas a las arbitrariedades del Gobierno de turno. Entre las cuestiones particularmente graves dispuestas en esta ley, se encuentra la posibilidad de la Comisión Nacional de Valores de sancionar a empresas sin respetar el debido proceso o sin el adecuado derecho de defensa. Cualquier persona que actúe en el mundo real de los negocios sabe que una suspensión en la cotización de las acciones de una empresa prácticamente la haría quebrar, y le generaría una marca en su historial que nunca más podría levantar. Esto genera una discrecionalidad muy grande, y sospechosamente parece dirigido a alguna empresa de medios en particular.

En las bolsas y los mercados de capitales del mundo el poder de policía siempre está puesto en cabeza de órganos independientes, ajenos al poder político. El Gobierno Nacional propone exactamente lo contrario: le da al poder político todo el control, que hasta hoy funcionaba bien en manos de los propios privados.

Otro error grave es que se intenta quitar al fuero comercial de la resolución judicial de los diferendos que surjan en el mercado de capitales. Quitarle esta facultad al fuero comercial, que es donde históricamente se han resuelto estas cuestiones y enviarlo al fuero contencioso es un contrasentido. Los jueces comerciales son quienes tienen el conocimiento, los antecedentes y la doctrina para resolver los casos. Esta decisión del Gobierno va a generar una corriente jurisprudencial que seguramente se enfrentará a la actual del fuero comercial, y provocará el aumento del riesgo para las nuevas inversiones.

En síntesis, un proyecto que pretende tener como objetivo el aumento de la captación del ahorro público desconoce que la base del mercado de capitales es la confianza y que ésta se ve afectada con la sanción de normas intervencionistas, que corren injustificadamente el eje de lo privado hacia lo público. El proyecto de ley, lejos de generar una ampliación de los actores del mercado de capitales, va a generar el desinterés de las empresas que quieran cotizar públicamente y por otro lado, sus efectos reales serán los de sofocar a las pocas que queden en juego. En definitiva, es una ley que nos aleja de los mercados globales y de los mecanismos de inversión que funcionan en la región

* Diputado Nacional (Bloque PRO)