Durante el juicio que se le lleva a cabo a María Julia Alsogaray por supuesto enriquecimiento ilícito, varios ex funcionarios públicos confesaron que recibían sobresueldos sobre las remuneraciones establecidas que figuraban oficialmente. A mediados de los ’90, siendo ministro de Economía Domingo Cavallo, también se produjo un escándalo porque dijo que él necesitaba $10.000 para vivir. Los hipócritas de siempre recurrieron a la falsa crítica de decir que era una barbaridad que un funcionario público ganara semejante cifra cuando un jubilado no llegaba a percibir $200 mensuales.

La capacidad que tenemos los argentinos para mezclar las cosas y así desvirtuar los temas, nos lleva a la postura hipócrita de pretender que un funcionario público asuma múltiples responsabilidades ganando sueldos que, prácticamente, son decorativos.

En la vida, un profesional puede optar entre ganar menos y hacer lo que le gusta, o bien hacer algo que no le gusta tanto, pero tener un ingreso más alto. Por ejemplo, el caso típico es el de un joven profesional en economía que puede optar entre dedicarse a la investigación económica teórica ganando un sueldo muy bajo o, por el contrario, ir a trabajar a una empresa en el área financiera y tener un ingreso mayor. La opción de ese estudiante dependerá de cuánto ingreso tenga que sacrificar para hacer lo que le gusta. En determinado punto, si el sacrificio económico por hacer lo que más le gusta es muy alto, terminará optando por el área financiera.

Uno puede aceptar que con la función pública ocurra algo parecido. Puede admitirse que un profesional no gane como ministro o secretario tanto como podría ganar en el sector privado, pero que porque tiene vocación de trabajar en la cosa pública admita una pérdida económica, sacrificando parte de su ingreso. Lo que no puede pretenderse es que el diferencial de ingreso sea tan grande que nadie con la formación adecuada acepte ir a la función pública.

¿Cómo se ha “resuelto” este problema? Utilizando el método hipócrita de pagar sobresueldos que no son conocidos por la población porque sería políticamente incorrecto decir que un ministro o un secretario tiene que ganar un sueldo similar al que ganaría en la actividad privada.

No hay ningún motivo para pensar que la función pública tiene que estar mal remunerada. Pero, claro, tampoco hay ningún motivo para que legiones de empleados estatales innecesarios ganen sueldos altos o bajos. Si su función es improductiva, aunque gane un peso por mes, la sociedad estará dilapidando sus impuestos porque estará pagando por algo que no le genera bienestar.

Tampoco es válido argumentar que porque un jubilado gana $300, un ministro o un secretario también tiene que ganar monedas. Si los jubilados actuales perciben migajas después de años de aportes, es porque han caído en el nefasto sistema de reparto. El Estado ha estafado una y otra vez a los jubilados prometiéndoles que el Estado Benefactor los protegería en su vejez.

La hipocresía está en: 1) decir públicamente que un funcionario tiene que ganar poco porque los jubilados cobran una miseria y 2) pagar en negro sobresueldos para poder seguir argumentando públicamente el punto 1).

El problema de fondo es que el Estado debe ejercer menos funciones, tener menos empleados y pagarle bien a aquellas personas que desempeñan funciones necesarias en el sector público.

La parte de la corrupción se produce porque, como hipócritamente pretenden esconder sueldos más altos detrás de una ley secreta, se autoriza al Ejecutivo a manejar cientos de millones de pesos a su antojo sin rendir cuentas ante la sociedad. Esa arbitrariedad en el uso de los impuestos da lugar a que, con esos fondos reservados, puedan comprarse periodistas y financiarse operaciones de prensa, estructuras políticas partidarias y hasta golpes civiles para derrocar a un presidente.

Por otro lado, los pagos en negro a funcionarios públicos dan lugar a que las remuneraciones a los diferentes ministros y secretarios no sigan otra lógica que la del mandamás de turno, que decide a quién bendice y a quién no. No hay criterios preestablecidos claros sobre cómo se remunerará cada cargo.

El escándalo no está en que un funcionario público perciba un sueldo similar al del sector privado. El escándalo es que, por hipócritas y demagogos, oculten la verdad y, de paso, se produzca una orgía de corrupción detrás de una cortina de humo presentada como sensibilidad social hacia los más pobres. Y así se emiten decretos que fijan un tope máximo salarial para el presidente, sus ministros y secretarios, que están totalmente fuera de mercado.

Por último, no menos hipócrita es esta cultura que hemos creado en que ser pobre es una virtud. Esa mayúscula estupidez de afirmar que una persona que ocupa un cargo público tiene que irse a su casa al final de su mandato en la miseria más absoluta. Como si participar de la administración de un país tuviera que tener como contrapartida la obligación moral de inmolarse económicamente.

Así nos va por ser tan hipócritas. La incapacidad y la corrupción nos tienen dominados. © www.economiaparatodos.com.ar