Unos días atrás un ciudadano argentino fue asaltado por tres delincuentes en pleno centro de la Capital Federal. Después de ser golpeada salvajemente y robada, la víctima sacó un revolver de su bolsillo, mató a dos de los ladrones y al tercero lo dejó herido.

Para algunas personas, está mal que la víctima se defendiera con un revolver porque si todos nos armásemos y nos defendiéramos de los delincuentes entraríamos en la anarquía. En la ley del Far West. Para quienes están en desacuerdo con lo hecho por la víctima, debe ser el Estado el que detenga a los delincuentes y los sancione.

El problema de este razonamiento es que parte de una premisa falsa: que hoy el Estado argentino utiliza el monopolio de la fuerza para defender la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Dicho en otras palabras, hoy el habitante de la Argentina no se mueve dentro de un Estado de Derecho sino que se mueve en un país donde las reglas que rigen son las de la jungla. Cada uno tiene que defenderse como pueda porque el Estado ha resignado su función de defender la vida, la libertad y la propiedad de las personas.

Hoy el Estado no defiende la vida de las personas porque cualquiera de nosotros puede ser asesinado sin ninguna compasión por los delincuentes. La vida no vale nada en Argentina porque el Estado no actúa o actúa sin eficiencia. Los derechos de los delincuentes son más importantes que los de la gente decente que se gana la vida con su trabajo honesto.

La libertad de las personas está seriamente deteriorada porque cualquiera puede ser raptado por bandas de forajidos que dominan la calle, cuando no es violada la libertad a circular por las bandas de piqueteros que se apoderaron de la ciudad.

Pero la propiedad privada también está afectada profundamente, porque si no es el Estado el que la confisca a la gente con impuestos, aparecen los piqueteros que ya no se conforman con cortar rutas, calles y puentes, sino que, ahora, invaden la propiedad privada tomando empresas para extorsionar a su dueños. YPF, el Sheraton y McDonald’s son los últimos tres casos. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que una banda de piqueteros tome un barrio cerrado y argumente que hay cien casas que sobran porque sus dueños las usan sólo los fines de semana y, por lo tanto, ellos, bajo el argumento de un reclamo social justo, se apoderen de esas casas ante la pasividad del Estado?

En los ’70 los terroristas solían secuestrar a funcionarios de empresas privadas para exigir a cambio de su liberación camiones con alimentos que luego ellos repartían en los barrios pobres. El objetivo era ganarse la simpatía de la población mostrando su supuesta sensibilidad social. ¿Qué diferencia hay entre esos terroristas y estos piqueteros que también extorsionan a las empresas tomando edificios y exigiéndoles pagar por la liberación de la propiedad privada, frente a la total ausencia del Estado?

Aceptémoslo, Argentina ha dejado de tener un orden jurídico civilizado para que cada uno de nosotros pueda trabajar y prosperar en paz. Hoy, porque el Estado no sabe, no quiere o no puede, en la Argentina impera la ley de la selva. El más fuerte y el más salvaje decide sobre la vida del resto. Por eso la reacción del ciudadano asaltado en pleno centro no puede ser juzgada bajo los parámetros de una sociedad civilizada. Estamos en la selva y, a medida que vaya pasando el tiempo, cada uno de nosotros tendrá que acostumbrarse sobrevivir con su familia como pueda.

No se gaste llamando al Estado para que lo defienda. Sus funcionarios están ocupados organizando la transversalidad y viendo cómo copan políticamente la provincia de Buenos Aires, mientras se cuidan de que cualquier reestablecimiento del orden público no les afecte sus proyectos políticos.

¿Y los ciudadanos? Somos simples instrumentos para que los más ineptos, gracias a un sistema de votación trucho, se apoderen del Estado.

Eso sí, antes de actuar, piense que si usted se defiende de las bandas piqueteras y de los delincuentes, el Estado le va a caer a usted con todo el peso de la ley.
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