Desde el lunes 9 de agosto el gobierno argentino enfrenta en el tribunal arbitral que el Banco Mundial tiene en París una demanda por 261 millones de dólares, presentada por una empresa accionista de Transportadora Gas del Norte que reclama ser indemnizada por las pérdidas que le ocasionó la pesificación. Esta demanda es importante porque su resultado influirá decisivamente sobre otros 32 pleitos de otras empresas con inversiones en la Argentina, cuyas demandas totalizan más de 16.000 millones de dólares.

Aunque como simples ciudadanos es muy poco lo que se puede hacer para influir sobre el caso, debemos preguntarnos qué nos convendría que sucediera con esta demanda. Como lo enseña Blas Pascal, la primera obligación moral es pensar claramente.

La respuesta más simple es que nos conviene que el gobierno gane el pleito, porque de lo contrario tendríamos que pagar más impuestos para que el gobierno pueda afrontar el pago de los 261 millones (¡ni pensar lo que estaríamos forzados a pagar si el gobierno tuviera que pagar 16.000 millones!) de dólares.

Pero, como sucede casi siempre, la respuesta más simple es también la más ingenua y la más errónea. Es la que resulta de pensar confusamente, mal y rápido para salir del paso.

¿Creemos acaso que el gobierno necesita una razón, o excusa, para sacarnos 261 millones de dólares más, por encima de los impuestos que ya nos cobra? Seamos realistas: si el gobierno pudiera, ya nos los hubiera cobrado bajo la forma de diferentes impuestos. El gobierno no está sujeto a la sensación de saciedad; siempre desea echar mano a un poquito más de recursos, y si no se atreve a hacerlo es porque alcanzó (o teme haber alcanzado) el máximo tolerado por la sociedad.

Supongamos que el gobierno descubriera que es factible extraerle a la sociedad 261 millones de dólares adicionales y que, ese mismo día, llegase la noticia desde París que el gobierno ganó el pleito y no debe pagar la demanda. ¿Creemos acaso que el gobierno pasaría por alto su descubrimiento y no aumentaría los impuestos en 261 millones de dólares? Lo que el gobierno pasaría por alto es que ganó el pleito y que no debe pagar la demanda, y aumentaría los impuestos sin dar más explicaciones… como hizo el Poder Ejecutivo, hace unas semanas, cuando aumentó el gasto público en más de 4.000 millones de pesos por encima de lo estipulado en la Ley de Presupuesto.

Pensemos claramente y no caigamos en la pereza de dar la respuesta más simple. Si el gobierno pierde el pleito y debe pagar, el monto de impuestos extraídos a la sociedad argentina seguirá siendo el mismo que si el gobierno hubiera ganado el pleito. Los impuestos son independientes del resultado de la demanda ya que, en cualquier caso, serán siempre iguales al máximo tolerable por la sociedad.

Pero, entonces, el propósito de pensar claramente nos lleva a preguntarnos cómo haría el gobierno para pagar los 261 millones, si perdiera el pleito. Habiendo establecido que los impuestos son independientes del resultado de pleito, no cabe otra conclusión que los 261 millones deberán provenir de una reducción del gasto público. El gasto público deberá, pues, ser 261 millones menos de lo que hubiera sido si el pleito se hubiera ganado.

Así pues, las consecuencias del pleito no serán mayores o menores impuestos para los contribuyentes argentinos, sino mayor o menor gasto público.

Entonces ahora sabemos cuáles son las alternativas entre las cuales debemos buscar la respuesta a la pregunta “¿qué nos conviene a los argentinos?”.

Alternativa A: Si se pierde el pleito, 261 millones de dólares serán destinados a cumplir un compromiso del gobierno hacia una empresa y a dar una señal clara de respeto a la seguridad jurídica para los inversores de cualquier nacionalidad. Consecuentemente, también habrá 261 millones menos para financiar la gran variedad de gasto público. Como es de bien intencionado suponer que un gobierno responsable no va a cortar los gastos prioritarios de seguridad, salud y/o educación, cabe suponer que se tendrán que reducir los otros gastos públicos; los destinados a financiar campañas electorales, planes sociales para argentinos residentes en países limítrofes y otros escándalos igualmente demagógicos.

Alternativa B: Por el contrario, si se gana el pleito, la comunidad internacional de inversores sabrá a qué riesgos se expone cuando considere invertir en Argentina, y habrá 261 millones más para que el gobierno disponga gastarlos de la manera que más le convenga a sus intereses electorales.

Que cada ciudadano encuentre su respuesta a la pregunta “¿qué nos conviene a los argentinos?”. © www.economiaparatodos.com.ar