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lunes 13 de septiembre de 2004

¿Contribuyentes o súbditos de la corona?

El Estado nacional y las provincias obligan a los ciudadanos a pagar sus impuestos sin prestarles a cambio los servicios públicos –educación, salud y seguridad– prometidos. Más aún, persiguen y castigan a los contribuyentes si éstos no cumplen con sus obligaciones en tiempo y forma. Sin embargo, jamás ponen el mismo énfasis y ahínco para controlar que el dinero recaudado realmente se destine a los fines previstos.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que en los próximos días va a lanzar un operativo en busca de evasores. El nombre del operativo es “Tormenta de Primavera” y contará con 620 inspectores equipados con tecnología de avanzada –según anuncian– para cazar evasores.

Al leer esta noticia uno no puede menos que sorprenderse, porque periódicamente hay operativos de estas características pero nunca se lee que el Estado establezca un operativo para ver qué hacen los funcionarios públicos con los fondos que aportan los contribuyentes.

Nunca he leído que una legión de inspectores entre en las reparticiones públicas por sorpresa y verifique si los empleados fueron a trabajar, si esa repartición no está sobredimensionada o si atienden como corresponde a los ciudadanos que van a hacer trámites.

En la Argentina, tanto el Estado nacional como los provinciales se sienten con derecho a cobrar hasta el último peso de impuestos, pero no tienen el mismo celo a la hora de controlar la dilapidación de los recursos de los contribuyentes, evitando el despilfarro y la corrupción.

Una vez más conviene recordarle a los entes recaudadores que la carga tributaria que debe afrontar el contribuyente proviene de tres niveles: 1) Nación, 2) provincias, y 3) municipios. El habitante de la Argentina tiene que destinar parte de su trabajo a financiar estos tres niveles de gobierno y, por cierto, el costo de mantener estas estructuras burócratas es fenomenal y equivale a seis meses de trabajo de la gente: la mitad del año trabajamos para el Estado y la otra mitad para nosotros.

Lo que un gobierno tras otro parecen no entender es que el sistema tributario es impagable por el nivel de carga que establece sobre los contribuyentes. Si bien algunos funcionarios reconocen la existencia de impuestos confiscatorios que deben afrontar los ciudadanos, siempre salen con la misma cantinela: “una vez que bajemos la evasión y todos paguen, entonces podremos bajar los impuestos”.

Grueso error de estrategia. Primero hay que hacer una profunda reforma del sistema tributario para hacerlo pagable y luego salir a controlar la evasión. Si el sistema tributario global es impagable, jamás se va a poder controlar la evasión. Es más, el mismo Estado, aplicando este sistema tributario, está creando las condiciones para incentivar la evasión, porque si la carga tributaria es muy alta, el premio por evadir también es alto.

Si el Estado quiere bajar la evasión impositiva, no sólo tiene que reformular el sistema tributario para hacerlo pagable, sino que, además, debe proveer de los bienes públicos para los que se pagan impuestos.

¿Acaso en la provincia de Buenos Aires hay tanta seguridad, salud y educación como para que el Estado se sienta moralmente limpio para exigir un estricto cumplimiento en el pago de los impuestos? Los gobernantes creen que es posible separar la obligación de pagar impuestos, de la obligación que tiene el Estado de proveer de bienes públicos a quienes pagan esos impuestos.

Sería bueno formularle a un funcionario público las siguientes preguntas: ¿Qué haría usted si viviera en un departamento y el administrador le cobrara las expensas pero el ascensor no funcionara, los pasillos estuvieran sucios y la escalera no tuviera luz? ¿Pagaría igualmente las expensas puntualmente todos los meses si, ante sus reclamos, el administrador siguiera sin arreglar el ascensor, sin poner luz en la escalera y sin hacer limpiar los pasillos?

En la Argentina, el contribuyente tiene que pagar dos veces por servicios como seguridad, salud o educación. La gente paga impuestos para tener seguridad, pero, como el Estado no le presta ese servicio, debe contratar empresas privadas para que lo custodien. Los ciudadanos también pagan impuestos para tener salud, pero tienen que contratar obras sociales privadas porque el Estado no cumple en ofrecer ese servicio. Por último, los habitantes pagan impuestos para tener educación, pero tienen que mandar a sus hijos a colegios privados porque la educación pública es deplorable.

La realidad es que los contribuyentes son obligados a pagar impuestos para, básicamente, sostener los aparatos políticos y los ñoquis que existen en el Estado.

Hemos vuelto a ser un virreinato en el cual la corona expolia a los súbditos para sostener sus cortes. Luego de casi 200 años de independencia, no hemos podido liberarnos de ese tipo de tiranía. Lo único que conseguimos fue cambiar de tiranos. © www.economiaparatodos.com.ar




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