La desocupación es la manifestación más visible de la grave situación laboral, aunque no la más importante. Los datos del INDEC muestran que las personas que tienen un puesto de trabajo de muy baja calidad son muchas más que las que directamente no lo encuentran. Según la EPH correspondiente al último trimestre de 2003:

– En el sector privado –excluyendo empleados públicos, beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar, trabajadores sin salarios y patrones– hay 10 millones de personas que tienen trabajo asalariado o como cuentapropista.

– Sólo el 61% tiene está ocupado y tiene una remuneración que le permite superar la línea de pobreza.

– El 27% está ocupado pero es pobre. Se trata de alrededor de 2,7 millones de personas.

– El 12% restante está subocupado y además es pobre. Se trata de 1,2 millones de personas.

Queda claro que los problemas laborales no se limitan a los trabajadores desocupados. Sin considerar eventuales bolsones de desempleo encubierto en el sector público, a los más de 2 millones de desempleados que no reciben el Plan Jefas y Jefes de Hogar se suman otras 4 millones de trabajadores del sector privado que sufren problemas severos de empleo y remuneraciones. De estos 6 millones de trabajadores, el 70% no llegó a cumplir con la educación media, lo que sugiere la fuerte discriminación que sufre la mano de obra de baja calificación. Apenas el 13% superó la educación media y el 17% restante tiene nivel secundario completo.

Son tan masivos los problemas de empleo que los cambios en décimas que anunciará el INDEC sobre la tasa de desempleo pierde relevancia. En realidad, mucho más importante es evaluar en qué medida se están generando reglas de juego que cambien los incentivos en relación a la generación de empleo. Más específicamente, cómo se está organizando la economía y el mercado de trabajo para generar buenos empleos, especialmente, aquellos que puedan ser ocupados por personas de baja calificación.

En este sentido, la seguridad jurídica en materia de regulaciones laborales constituye una pieza fundamental del problema. El reciente fallo de la Corte Suprema declarando inconstitucional un artículo de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, vinculado a la competencia de las jurisdicciones, agrega nuevas razones para justificar el pesimismo. Este fallo es uno de los tantos que con el cambio de los integrantes de la Corte Suprema han modificando pendularmente las reglas de juego laborales. Lo traumático es que con cada nuevo gobierno se imponente nuevos criterios, diametralmente distintos y opuestos.

Como ya lo vienen haciendo de manera muy generalizada, las empresas son incentivadas a contratar “en negro”. Esta es la manera más práctica de resguardarse de futuros cambios en las reglas de juego. La minoría, que por su nivel de exposición no puede operar con estas prácticas ilegales, terminan limitando al máximo nuevas contrataciones y pagando salarios muy por debajo de los que podría pagar de forma tal de conformar una “reserva” para financiar los sobrecostos que algunos de los tres poderes del Estado argentino seguramente le generará en el futuro.



Fuente: Instituto para el Desarrollo Social Argentino (www.idesa.org)